Castro Luna: “Buscan quedarse con el 5% de los pagos adelantados de las obras que en el caso de la ciudad judicial serían unos $2 mil millones”

“La jueza (Eugenia) Bona actuó con mucha cautela al emitir este fallo ya que previene que dejen la Provincia más endeudada, más quebrada”, valoró el senador provincial de Unidos por San Luis, Adolfo Castro Luna.

“La licitación de la ciudad judicial de 41 mil millones de pesos que se estaba por hacer previo al fallo, este Gobierno no podrá ejecutarla y pagarla porque se va el 10 de diciembre. Entonces nos permite inferir que buscan hacer un pagadiós y buscan quedarse con el 5% de la obra que son más de dos mil millones de pesos”, consideró el legislador en declaraciones al programa Algo queda de Radio Rivadavia San Luis.

El acto de firma del llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio para el Pode Judicial la había programado el ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, a cargo de Alberto Roríguez Saá (h), para el lunes 2 de octubre, pero fue “reprogramado” a raíz de una cautelar de la jueza María Eugenia Bona.

¿Qué dice el fallo de la jueza Eugenia Bona? En resumidas palabras, decretó una medida de no innovar para impedir que Rodríguez Saá lleve adelante llamados a licitación, adjudicaciones y/o contrataciones que vayan más allá de su mandato.

De esta manera, hizo lugar a una acción de amparo que presentó el gobernador electo Claudio Poggi donde solicitó una medida cautelar por la inconstitucionalidad de los actos que estaba llevando adelante el Ejecutivo.

“La magistrada hace un claro hincapié en el artículo 92 de la Constitución provincial para evitar comprometer los fondos. Marca un antes y un después en San Luis”, agregó Castro Luna.

En este sentido, el legislador también se refirió al “malestar” que provocó la determinación en los funcionarios. Dijo que “llama la atención” la “defenestración” tanto del fallo como de la jueza.

“Medios oficialistas titulan como una ‘medida de Poggi’ y Poggi no es gobernador. Lo único que manifiesta es su preocupación frente a estas maniobras del Ejecutivo, una cuestión de preservar los bienes que no son los funcionarios de Rodríguez Saá sino de todos los sanluiseños”, aseveró.

Así, señaló que se tratan de “manotazos de ahogados” que pretenden “agitar la paz social” tal como ocurrió con el episodio del miércoles 13 de septiembre en la Legislatura cuando el Gobierno buscaba aprobar la ley para contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión como empleados públicos.

“Si realmente las cosas están tan bien pudo el ministro (Eloy Horcajo) responder los informes que se presentaron tanto en Diputados como Senadores. Nosotros tenemos pedidos de informes para conocer sobre las obras paralizadas en el departamento Pedernera y Junín”, completó.

Y finalizó: “Tampoco podemos salir a decir livianamente que se escatima o perjudica las oportunidades laborales porque nunca las hubo”.