Martilleros de San Luis sobre los cambios que hizo el oficialismo: “El argentino no podrá acceder a viviendas en alquiler”

En el debate convocado por el oficialismo para este martes, se debatirá sobre las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Alquileres y se definirá el futuro de la normativa que tiene en vilo a más de nueve millones de inquilinos.

“El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina, que nuclea a casi 40 mil matriculados de todo el país, institución de la cual el Colegio de Martilleros de San Luis forma parte, ha estado en reuniones con distintos legisladores (diputados y senadores) del oficialismo y de la oposición planteando la problemática de los alquileres en todo el país”, informó la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, Marina Rizzotto en comunicación con El Chorrillero.

Explicó que “propusimos modificaciones sustanciales a la nefasta ley, pero no nos han escuchado. Proponemos volver a los dos años de duración del contrato con ajustes semestrales pero los senadores volvieron el proyecto de modificación a diputados donde sigue vigente el plazo a tres años entre otros puntos”.

En la misma línea, Cofesi emitió un comunicado solicitando que los contratos tengan un plazo mínimo legal de 24 meses, con actualizaciones según las partes acuerden voluntariamente y con incentivos fiscales.

“Los Corredores Inmobiliarios de todo el país hemos sido testigos de la irresponsabilidad de nuestros legisladores con un dictamen de mayoría en el Senado de la Nación que lo único que conseguirá de ser aprobado en Diputados es agravar la ya caótica situación de los inquilinos e inquilinas de todo el país, pero esto parece no importar”, manifestaron en el escrito.

De esta manera expusieron que “la situación no da para más” y explicaron cómo afectará a la comunidad: “Estudiantes que no podrán empezar su ciclo de estudios porque no consiguen vivienda para mudarse a las ciudades universitarias, jóvenes que se ven imposibilitados de iniciar una nueva vida, familias enteras que no tienen donde mudarse y la política argentina mirando hacia otro lado, buscando culpables, cuando la única responsable de esta situación es la nefasta Ley 27.551 votada por unanimidad por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020 sumada la inflación descontrolada, la segunda más alta del mundo”.

En tanto, destacaron que “para que una ley sea justa debe proporcionar claridad, estabilidad, protegiendo derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad. La actual normativa trajo incertidumbre, inestabilidad, una informalidad dañina y rompió el equilibrio natural que tenía el mercado de alquileres hasta ese entonces”.

Resaltaron que con “mucha ingenuidad o mucha viveza, quizás, algunos senadores y diputados quieren hacerles creer a los argentinos que los responsables de proporcionar una vivienda digna, son los propietarios y no se hacen responsables del desastre que causaron”.

Tuvieron en cuenta que la vacancia de viviendas en alquileres en Argentina es técnicamente del 0%: “De ser sancionada la ley en los términos planteados por el Senado de la Nación, los argentinos nos tendremos que olvidar por varios años de poder acceder a una vivienda en alquiler”.

“Insistimos que el único camino para salir de la actual situación, es volver a traer reglas de juego claras, razonables y equitativas para ambas partes, tanto para locadores como para locatarios”, recalcaron.

Por último, solicitaron que “necesitamos y exigimos con urgencia reglas de juego que permitan volver a la normalidad del mercado locativo”.

Hace poco más de una semana, el proyecto que aterrizó en Senadores proveniente de Diputados recibió cambios como, por ejemplo, la imposición de un plazo de tres años y se añadió que "los contratos de locación con destino" a vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

Los legisladores deberán resolver si avalan la decisión oficial de casi no tocar el marco o, por el contrario, se avanza con el intento de los partidos opositores de acortar los contratos.

También se modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".

Por último, el proyecto incorporó en el artículo 9, que "los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".