Pidieron a la Comisión Reguladora que suspenda la audiencia pública por la revisión tarifaria

La diputada María Eugenia Gallardo presentó un proyecto de declaración solicitando la suspensión de la audiencia pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica para el próximo 25 de octubre en donde pidieron que se realice una revisión tarifaria integral que prevé un impacto del 32% y 34% de aumento en la tarifa.

El estudio que pidió Edesal se debe realizar cada cinco años, sin embargo, no se pidió en los últimos años ya que el último proceso se llevó a cabo en el 2012.

“Nosotros hemos estudiado el tema, hemos buscado las razones por las cuales después de seis años que debería haberse realizado este estudio, lo quieren hacer ahora. Hay que tener en cuenta que lo que está pidiendo Edesal es un estudio de costos que implica hacer un análisis exhaustivo respecto de la demanda de la provincia y la evaluación del consumo de los sanluiseños para poder llegar a un sistema tarifario justo para la empresa y justo para los consumidores. La verdad que resulta muy extraño, esto debería haberse realizado en el 2017 porque en el 2012 se hizo la última”, explicó la legisladora en declaraciones al programa “La Mañana de Dimensión”.

Gallardo mencionó tres puntos principales que fundamentan la decisión de pedir la suspensión: “Primero hay una falta de transparencia en la convocatoria que se hace en lo posible lo más secreto que pueda casi que no se difunde. Además, la Comisión no permite a los usuarios acceso a la información entonces hay una falta de transparencia”.

“En San Luis no es de fácil acceso la información que manejan entonces nuestra crítica es sobre todo a la actuación de la comisión que parece estar más de lado de la empresa a la que tiene que controlar que del lado de los usuarios que tiene que defender”, consideró la legisladora durante la entrevista con Nino Romero.

Tuvo en cuenta que faltan estudios técnicos básicos para saber realmente cómo consumen los sanluiseños para de esta manera poder determinar una justa prestación del servicio.

“Esos estudios se hacen en el transcurso de un año en donde se estudia cómo consume San Luis en sus distintos niveles de consumidores, es decir como consume la industria, el campo, el turismo, con esto estoy remarcando que hay consumos estacionales, por ejemplo, el turismo no consume los mismos en enero que en mayo, entonces tiene que haber un análisis exhaustivo de cada tipo de consumidor”, subrayó.

Dijo que la última revisión tarifaria se contrató a la Universidad Nacional de San Juan: “Tiene una trayectoria, antecedentes de análisis de este tipo, lo ha hecho en otras provincias, nos da una tranquilidad y en este caso la comisión ha contratado a un centro de estudio que deja mucho que desear respecto de cómo consumimos los sanluiseños entonces se van a determinar costos para cada categoría y sabemos que, en definitiva, ni la comisión, ni Edesal sabe cómo consume los sanluiseños”.

En cuanto al tercer punto expuso que “nos hemos dado cuenta la irracional solicitud que hace Edesal respecto de los costos a actualizar. Estos son 57 veces mayores tomando como punto de partida que en el 2012 el índice del precio al consumidor del 2012 a la fecha creció 24 veces y ellos están pidiendo un incremento de 57 veces mayor”.

“Lo que nosotros estamos pidiendo a la Comisión es que suspenda por dos meses más esta convocatoria y que permita al próximo Gobierno hacer este análisis, y ponerse de acuerdo con Edesal para tener una mirada lógica de lo que queremos para San Luis de acá cuatro años”.

“La tarifa condiciona la estrategia de crecimiento de un próximo Gobierno porque tal como están dadas las condiciones hoy, se relaciona con un modelo económico de atraso diseñado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, basado en la destrucción del empleo, la perdida de industrias, la falta de competitividad, con los peajes de energía eléctrica más altos del país, lo que motivó hasta reclamos judiciales que a pesar del tiempo transcurrido no se han resuelto”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que en los últimos años Edesal se endeudó con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y la Comisión Reguladora no le exigió a la compañía el pago: “Es decir el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá no dice nada y por ello, ahora se suscribe un acuerdo entre Edesal y Cammesa que es avalado por la Cpree en el que se garantiza el valor agregado de Distribución (VAD) para el pago de la deuda”.