Agentes penitenciarios presentaron una denuncia penal por los ascensos
La presentación les adjudica a Alberto Rodríguez Saá, Claudio Latini y Segundo Giménes una serie de delitos en la promoción de efectivos. También están incluidos otros funcionarios.
Unos 29 agentes y trabajadores del Servicio Penitenciario de San Luis (SPP) formularon una denuncia penal en contra del gobernador Alberto Rodríguez Saá y el cuerpo de asesores que intervino en la promulgación del decreto N° 4286—MS-2023; el ministro de Seguridad, Claudio Latini; el director del SPP, Segundo Giménes, su asesor legal, Javier Schechtel, y funcionarios tanto del organismo como de la cartera que integraron las juntas clasificadoras para las designaciones.
La presentación judicial consigna que hubo “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y asociación ilícita” a lo largo de los últimos años.
Da cuenta de la “ilegalidad” de los actos administrativos que se llevaron adelante dado que, según la denuncia, se ocultó información vital como el grado de muchos de los promovidos. También precisa que hubo “incumplimiento de la Constitución Provincial”.
De acuerdo al texto de la denuncia, el proceso por fuera de la ley “fue de forma deliberada” y que la “propuesta incluyó a numerosos efectivos penitenciarios que serían beneficiarios con ascensos extraordinarios que, por la cantidad de grados que recibirían, superaban con creces el máximo previsto por la normativa”.
A su vez se infiere que las medidas se otorgaron a través de “presuntos méritos y capacidades ponderadas en un marco extra jurídico y subjetivo”, es decir, arbitrariamente.
Es la Ley provincial N° X-1072-2022 (orgánica y administrativa Servicio Penitenciario) la que consideran que se incumple.
Otro punto que argumenta la presentación, que cuenta con el patrocinio del abogado Alejandro Miranda, es que los ascensos “se hacen exclusivamente por la voluntad personal del gobernador desconociendo incluso las leyes locales de materia penitenciaria”.
Alejandro Miranda.
En una entrevista en el programa la Mañana de Dimensión de radio Dimensión, Miranda subrayó este último ítem y precisó que el incumplimiento fue de “manera intencionada” y que la conducción del SPP es encabezada por “aquellos que no son los más aptos profesionalmente, ni moralmente, ni éticamente”.
A todo ello se remarca que la Junta de Clasificación no analizó los legajos de los agentes beneficiados para determinar “fehacientemente” su aptitud para el cargo con algunos de ellos que afrontan procesos judiciales, sanciones disciplinarias e incluso en situación de disponibilidad desde hace años.
“Por sus antecedentes debieron ser inhabilitados y, por el contrario, algunos fueron beneficiados con ascensos extraordinarios”, agregan los denunciantes.
El principal ejemplo utilizado pertenece al propio Giménez que pasó de ocupar un lugar en el cuadro de suboficiales y agentes a puestos de conducción “sin cumplir ninguno de los requisitos que exigían las normas”: “Hizo una carrera penitenciaria excepcional que ninguno podría haber hecho porque incluso no tiene un título universitario a fin de la profesión, cosa que él no tiene”.
“La disposición sorteó ilegalmente varios grados de la escala jerárquica”, dice la denuncia.
Por otro lado, se relata que la denuncia es la última herramienta a la que acuden debido a que el Gobierno fue advertido previamente. Hubo dos audiencias con Latini en el que se le dio detalle de las irregularidades. Más allá del “compromiso” para “revisar cada caso”, los ascensos fueron otorgados “por fuera de la ley”.
“Se han organizado para asegurarse el éxito de una política gubernamental que, desde hace años, ha desnaturalizado la misión de la institución penitenciaria castigando la profesionalidad, la idoneidad, la honestidad, la vocación de servicio y todo principio ético o moral con la exclusión de todo empleado que represente estos valores del conocimiento jerárquico y funcional”, subraya la presentación.
“Es ilegal porque intencionalmente se implementó en el SPP este sistema de jerarquizar al personal que no cumple con los requisitos y, a su vez, establecer como operatividad interna como institución la voluntad del Gobierno por encima de la misión natural que tiene esa institución”, sostuvo Miranda.
Es así que este grupo penitenciario exige una serie de medidas para que los diferentes órganos gubernamentales expliquen cuales son las razones por la que encuadran los decretos “violando todas las normas” para otorgar los beneficios.
Por último, solicitan que los procesos “se encuadren dentro de la institucionalidad” y que se otorgue el “reconocimiento jerárquico” a quienes correspondan.
“Nunca nos dieron los ascensos que nos correspondían”
Gabriel Correa es un ex agente penitenciario que junto a otros siete compañeros comenzaron a dar cuenta de las irregularidades durante el 2021 antes de retirarse del SPP.
“En los años que trabajamos nunca nos dieron los ascensos que nos correspondían como tendría que haber sido, en el tiempo que estuvimos trabajando, no se nos calificó y no se realizó un seguimiento para ver la aptitud para los ascensos correspondientes, que por el tiempo transcurrido nos correspondía”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.
En este sentido, avisó que los cargos eran otorgados “a dedo y según la cara”: “Realizamos los pedidos formales en tiempo y forma. El director Giménez y el asesor legal, Javier Schechel, nos dieron la negativa. Luego nuestras solicitudes fueron denunciadas ante el Juzgado de Garantías Nº 1 y 3 de la por ‘abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato’, sin resoluciones al día de la fecha”.
“La Justicia vulneró todos nuestros derechos. Desde el 2021 al 2023 aproximadamente fueron idas y venidas de nuestros expedientes diciéndonos que no sabían qué hacer con nuestros casos, ya que éramos los primeros en reclamar”, agregó.
La denuncia