El conductor de Uber multado denunció persecución de la Municipalidad: “El único fin es causar temor a cualquier persona que se le ocurra ejercer este trabajo”

El lunes 9 de octubre comenzó a funcionar la aplicación de Uber en San Luis. Desde ese momento, algunos ciudadanos se inscribieron para trabajar como conductores en la ciudad.

Claudio es uno de ellos. El martes tuvo sus primeros viajes y así lo hizo durante cinco días en un promedio de tres horas en la siesta. Su objetivo era tener un ingreso extra y sumar una experiencia nueva.

El sábado 14, a las 13:30, lo pararon en un control. En ese momento llevaba un pasajero (del cual sospecha que se trataba de un empleado municipal o era cómplice de quienes realizaban el operativo) que pidió una unidad para un recorrido de pocas cuadras desde avenida España y Colón hasta Chacabuco y Bolívar justo donde estaba el procedimiento del que participaban dos policías y un inspector municipal. El cliente pagó y se retiró.

En principio le exigieron la documentación del vehículo, que sí tenía, pero luego le pidieron la libreta sanitaria (documentación que deben llevar los transportes que prestan un servicio como los taxis, por ejemplo). Al no poseerla, le aplicaron una multa, le dijeron que fuera al juzgado de Faltas a realizar el descargo y le retuvieron el vehículo.

“No tengo evidencias directas, pero fue completamente armado para buscar un auto de Uber. El único fin de esto es amenazar y prohibir que uno puedo trabajar de esto, es decir, causar temor a cualquier persona que se le ocurra ejercerlo porque si lo hace, le van a sacar el auto y aplicarle una multa desproporcional”, manifestó Claudio en declaraciones a El Chorrillero.

A los pocos minutos, el hombre pasó por el mismo lugar sin su vehículo y comprobó que el control ya no estaba: “Era exclusivamente para detenerme, no era un operativo de rutina, fue malintencionado”.

Claudio explicó que en la sanción, el juez de Faltas, Alejandro Ferrari, se basó en tres artículos de la ordenanza Nº II-0123-2015-(2555/94).

-/ Artículo 90: El que prestase el servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades sin estar habilitado por la autoridad municipal será sancionado con multa de 160 Unidades Monetarias Municipales (UMM) o arresto. El juez deberá así mismo disponer el secuestro.

-/ Artículo 7: El que infringiere las normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado con multa de 40 a 9mil UMM arresto y/o clausura.

-/ El que careciere de libro de inspección y/o tarjeta de habilitación, o cualquier documentación comercial exigible, como así también cuando omitiera su presentación en el momento del control de la documentación citada, será sancionado con multa de 40 a 9 mil UMM arresto y/o clausura.

“Como el juez no me puede poner una multa de 2500 pesos, porque tiene una orden de colocar una más fuerte para atemorizar a la gente, me sacó de la galera dos artículos que no tienen nada que ver con el transporte sino con el comercio”, planteó.

El hombre realizó el descargo en el juzgado este martes para recuperar su vehículo. En sus fundamentos se basó en un fallo del 13 de noviembre de 2020 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba a favor de Uber el cual ordena que se deje sin efecto el bloqueo de la aplicación y que la Municipalidad reglamente la actividad a “fin de no seguir afectando derechos constitucionales”.

“La aplicación necesita una legislación especial porque no es un servicio público, es privado. Mientras tanto el Municipio no me obligue a solicitar un permiso, lo puedo hacer igual porque la actividad es lícita. De lo contrario, conlleva a que se me vulnere el derecho de ejercer el trabajo legal y a eso se suma que mi auto no deja de ser un vehículo particular”, argumentó.

Desde el juzgado se lo intimó a pagar dentro de los cinco días hábiles la multa total o realizar un plan de pago. A pesar de eso, el miércoles le entregaron su auto.

El próximo 24 de octubre, Claudio realizará la apelación al fallo de Ferrari. Recibió el asesoramiento legal de un abogado que contrató Uber.

“Son los municipios los que imponen estas trabas para mantener la recaudación porque saben que con Uber no lo pueden hacer y buscan la manera de prohibirlo a pesar de que no esté regulado”, cerró.