En la primera jornada del juicio político al juez Ruta se ventiló la causa Codapri-Banco Macro

En una maratónica jornada que se extendió por casi nueve horas en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, culminó la primera audiencia del Jury de Enjuiciamiento contra el juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustín Ruta.

El proceso comenzó alrededor de las 9:30. En primer lugar, se leyó la acusación del procurador General de la provincia, Luis Martínez, al magistrado que estuvo acompañado por sus abogados Carlos Acevedo y Susana Placidi.

Una de las causas por las cuales se inició el juicio político es por la transferencia de fondos embargados que ordenó Ruta a mediados de 2021 por $66 millones a la empresa Codapri SA en el marco de una demanda que la firma tiene con el Banco Macro. Sólo se traspasó alrededor de la mitad del monto y la otra parte quedó bloqueada por pedido de la defensa de la entidad.

El caso se originó en 2010 a partir de una presentación por daños y perjuicios por $399.448,90. En 2014, el magistrado falló a favor de la firma por una suma de $14.153.764,88. Sin embargo, esa decisión fue apelada y en junio de 2017 la Cámara de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia. El expediente pasó al Superior Tribunal de Justicia e hizo lugar a la medida del juez.

En la audiencia se acusó a Ruta por mal desempeño en el cargo, ineptitud, negligencia, desconocimiento del derecho, incumplimiento de sus funciones, parcialidad e irregularidades graves en el proceso.

“Ha tenido una mala conducta, funcional a una empresa. Por lo tanto, no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo”, planteó el procurador.

La querella también señaló que para avalar el procedimiento, el magistrado se basó en un acta extraprocesal que fue firmada sólo por el secretario del juzgado, Marcos Figueroa. Se sostiene que ese documento se redactó el 10 de diciembre de 2020, luego de una audiencia privada en el despacho de Ruta en la que supuestamente intervinieron el abogado de Codapri, Juan Cruz Domínguez, el abogado Eduardo Juriol y el asesor letrado de Macro, Néstor Nóbile (fallecido en mayo de 2021), socio de Claudia Rocha que inició la demanda contra el magistrado.

Lo que llama la atención de la parte acusatoria es que eso fue agregado a la causa recién el 1º de septiembre de 2021 y aseguran que el representante de la entidad bancaria no participó de esa reunión.

Martínez consideró que Ruta fue “parcial” porque avanzó con el acta “sabiendo que era ilegal” e incumplió con los artículos 258 y 499 del Código Procesal Civil y Comercial.

“Estamos en una conducta reñida por la ilegalidad por parte de ambos funcionarios (juez y secretario) a raíz de que trucharon un acta para sacar dinero de un banco. Queda en evidencia el desconocimiento del derecho por parte del magistrado”, expuso.

La defensa pidió la nulidad de la acusación y cargó contra el procurador al decir que hace dos años está en funciones en el cargo y no tiene antecedentes previos en la Justicia.

Además, indicaron que Martínez “partió de una novela imaginaria sobre hechos que no forman parte de la causa” y “mediaron motivos extrajurídicos para conformar el proceso”.

“Un juez no debe ser destituido por las resoluciones de sus sentencias”, expusieron.

Asimismo, apuntaron a que la denuncia fue realizada por el procurador y no por la otra representante legal del Banco Macro, Claudia Rocha.

El jury estuvo integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston (presidente), los jueces Fernando Pascuet y Javier Ayala; los abogados Alfonso Vergés, Valeria Imberti y Gimena Ramírez Couto; y los diputados provinciales, Marisa Patafio, Verónica Garro y Gustavo Morales.

Previo a los testimonios, Ruta aprovechó el momento para declarar.

“La transferencia de fondos ha sido correctamente proveída y dispuesta debidamente contracautelada con una caución real que es una garantía más que suficiente, es decir, no hay agravios ni perjuicio alguno. Correspondía hacerse no sólo en la fecha que se efectivizó sino antes en oportunidad de esta reunión en ambas partes en mi público despacho (que se hizo el 10 de diciembre de 2020). Esto es consecuencia lógica, directa y necesaria de dos actos anteriores firmes y consentidos. Esas providencias no fueron cuestionadas tan solo impugnadas”, declaró.

Por otro lado, habló sobre la actuación del secretario: “Puede dar fe como fedatarios públicos de hechos celebrados ante su presencia y así lo dispone el Superior Tribunal de Justicia en los acuerdos 91 y 257 diciendo que labra actas, puede dejar constancia de circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas, días, fechas, etc”.

Fue muy duro Ruta con el procurador a quien le adjudicó “atolondramiento procesal, simple” y “pura ignorancia o una pésima calidad láctea”.

Testimonios

La primera en comparecer ante el jury fue Rocha. En su declaración aseguró que las razones que la llevaron a presentarse ante la procuración fue la aparición del 1º de septiembre de 2021 del acta extraprocesal.

“Puse en conocimiento al Banco Macro y decidimos hacer una denuncia de un expediente que es una vergüenza donde hay un juez que tomó decisiones e introdujo un documento pretendiendo hacer aparecer la figura del doctor Nóbile donde supuestamente decía que no iba a apelar lo que el juez dispusiera”, explicó.

Aclaró que Nóbile (que falleció en mayo de 2021) no asistió nunca a una reunión en diciembre de 2020 con Ruta ni los letrados que representan a Codapri.

“Esa acta es falsa en su contenido. Ese día que supuestamente la redactaron era su cumpleaños y estuve con él por la tarde y no me comentó nada al respecto. La mecánica que teníamos de trabajo (era su socio) era de total confianza”, expuso.

También declararon la viuda de Nóbile, Adriana Cecilia Leuco y el hijo de ambos, Tadeo. Los dos pidieron el esclarecimiento de la causa y se les consultó por los movimientos del letrado ese día.

El último en comparecer fue el gerente de Legalidad del Banco Macro, Ernesto López.

“Desde el momento uno, cuando tuvimos la sentencia de primera instancia (2014) la dirección nuestra fue llevar esto hasta las últimas consecuencias, jamás les dijimos que dieran marcha atrás. Tanto Claudia como Néstor lo sabían y así actuaron”, informó.

López afirmó que la única finalidad del fallo de Ruta fue “perjudicar” a Macro.

En otro pasaje, afirmó que durante el proceso “vimos atrocidades en este expediente porque Codapri nunca fue cliente del banco, no tuvimos nunca ningún vínculo contractual ni comercial con la firma. En 2010 nos demandó y luego de una pericia impresentable, el juez sacó una sentencia que es un disparate jurídico donde decía que una empresa que declaraba ante AFIP utilidades por 7 mil pesos el banco le había ocasionado un perjuicio de más de 14 millones de pesos en 2014, con lo cual sabíamos que era una maniobra donde había una finalidad de perjudicar a Macro”.

“Al acta extraprocesal la subieron nueve meses después al expediente y no lo hizo el tribunal, sino el abogado Domínguez. La sensación que tuvimos en ese momento es como que entraron cuatro encapuchados a la sucursal y se llevaron dinero”, mencionó.

Y agregó: “Tenemos dependencias bancarias en varias provincias, hace 25 años que trabajo en la parte legal de la entidad y jamás vi semejante absurdo jurídico”.

Segunda causa

A Ruta también se lo investiga por la viralización de imágenes, en marzo de este año, por WhatsApp y luego en la página de Facebook “La Voz de San Luis” donde se daba cuenta que la fiscal de Juicio, Virginia Palacios se encontraba bajo los efectos de drogas dentro de su vehículo en el estacionamiento de Tribunales con las luces de posición encendidas y que luego fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

El informe de la procuración comunicó al Jurado que el teléfono del cual se habían hecho los posteos era un Samsung J7 que correspondía al magistrado. Esto fue una conclusión de los peritajes y de la triangulación de antenas que indicaban que ese dispositivo estuvo activo en una zona cercana al domicilio del juez en el barrio Los Quebrachos de la capital puntana.

A su vez, las cámaras de seguridad del estacionamiento captaron a Ruta en el estacionamiento.

También se concluyó que el funcionario judicial “manipuló” a un efectivo de la Comisaría 1º (invocando su figura de juez) para que le tomara declaración. Allí expuso que había perdido el celular con la finalidad de evitar ser peritado o analizado. Después lo cambió por un Iphone 13 PRO, pero mantuvo el mismo número.

El magistrado está acusado en este caso de comisión de actos inmorales o indecorosos, delitos comunes, fraude procesal y abuso de autoridad.

Desde la querella pidieron, en ambas causas, la destitución en la función y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

Este martes continuará el juicio con la segunda audiencia en donde se prevé la asistencia de testigos por la difamación a Palacios.