Abogados de Villa Mercedes pidieron al Gobierno de Rodríguez Saá que deje sin efecto la licitación de la Ciudad Judicial
Sostuvieron que se trata de una “obra innecesaria y cuyos procedimientos administrativos no se ajustan a las exigencias constitucionales”, además de no contar con el consentimiento del próximo mandatario, Claudio Poggi. Señalaron que en “todo caso se destinen esos recursos a superar los problemas de la mora y del funcionamiento del servicio”.
Bajo el título “bregamos por una Justicia normal en San Luis”, abogados de Villa Mercedes se pronunciaron hoy públicamente sobre el trámite de llamado a licitación por $41 mil millones para edificar la fastuosa Ciudad Judicial en la ciudad de San Luis.
“Atentos a la iniciativa del gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, en orden a avanzar con la licitación pública para la construcción de una pretendida ‘Ciudad Judicial’ en la Primera Circunscripción Judicial por la exorbitante cifra que supera los 41 mil millones de pesos, entendemos que se trata de una obra innecesaria y cuyos procedimientos administrativos no se ajustan a las exigencias constitucionales de la Provincia de San Luis, toda vez que afectan ejercicios futuros de gobierno, sumado a ello, que no cuenta con el consentimiento del gobernador electo Claudio Poggi”, consideraron.
El documento fue firmado por Ricardo André Bazla, Guillermo Carrió, Claudio Sánchez Clavero, Gustavo Otegui, Patricia Alegre, Julio Fernández Triches, Mauro Teté, Jorge Morales Cóppola, Lucio Alejandro Pereira, César Landaburu, Lucas Nicolás Marinelli, Darío Oviedo Helgenberger, Federico Quiroga, Miguel Ángel Loyola, Lucas Zeballos, Roberto Javier Pereira, Federico Fonzar, Agustín Pelanda, Florencia Magalí Arias, Gustavo Correa, Florencia Rocio Rey, Graciela Camila Pochetti y Vanesa Pacheco Meineri.
Los profesionales señalaron que “las necesidades del Poder Judicial en toda la provincia, tienen distintas aristas, que nada tienen que ver, ni se solucionan con obras faraónicas, sino, que, por el contrario, tienen que ver con la falta de personal; con una infraestructura técnica deficiente; con un sistema electrónico que no funciona, conforme las exigencias de los profesionales y de los justiciables, entre otras situaciones críticas que nos han llevado a solicitar se declare la emergencia judicial”.
Y agregaron: “En consecuencia, destinar 41 mil millones de pesos a una obra pública que no es necesaria, significa cuanto menos, un despilfarro de recursos públicos desconociendo los problemas reales que tiene la prestación del servicio de justicia”.
“Razones por las cuales, con el respeto que las investiduras de gobierno merecen, los letrados firmantes, solicitamos al Gobierno de San Luis deje sin efecto este acto contrario al Artículo 92 de la Constitución de la Provincia y, en todo caso, destine esos recursos a un Poder Judicial que, hoy carece de medios para superar los problemas de la mora judicial y del funcionamiento del servicio de justicia, adelantando desde ya, que los funcionarios actuantes pueden quedar incursos en las figuras de responsabilidad personal y patrimonial, finaliza el texto.
A continuación el documento: