Juicio político a Ruta: el abogado de Codapri afirmó que Néstor Nóbile estuvo presente en la audiencia del acta extraprocesal que avaló el retiro de $66 millones
Juan Cruz Domínguez declaró como testigo ante el Jury de Enjuiciamiento en el que se define el futuro del juez provincial.
Este martes se desarrolló la segunda audiencia del juicio político al juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustín Ruta.
En este caso, comparecieron 10 testigos en total (seis a la mañana y cuatro a la tarde) que declararon sobre la causa en la que se investiga la autorización de la transferencia de fondos a mediados de 2021 por $66 millones a la empresa Codapri SA en el marco de una demanda que la firma tiene con el Banco Macro. Se giró alrededor de la mitad de ese dinero y la otra parte está bloqueada por un recurso que presentó la representante legal de la entidad, Claudia Rocha.
Lo que buscaron la procuración y el Jurado durante la jornada, fue dilucidar definitivamente lo que pasó el 10 de diciembre de 2020 donde, desde la defensa de Ruta, aseguran que se desarrolló una audiencia entre el magistrado y los abogados de ambas partes y se elaboró un acta extraprocesal, firmada sólo por el secretario del juzgado, Marcos Figueroa, la cual avaló el movimiento de dinero.
La abogada de la entidad bancaria, Claudia Rocha niega que su socio Néstor Nóbile (fallecido en mayo de 2021) haya estado presente y otorgado el consentimiento. También lo hicieron este lunes en sus declaraciones la viuda del abogado, Adriana Cecilia Leuco y el hijo de ambos, Tadeo.
El abogado de Codapri SA, Juan Cruz Domínguez, explicó que ese día concurrió alrededor de las 9 a Tribunales para reunirse con el juez y solicitar el desembolso de los fondos que, hasta ese momento, estaban embargados. Luego, dijo que a los pocos minutos se presentó Nóbile en el juzgado (era también abogado del Banco Macro).
"La audiencia se extendió por unos 15 minutos aproximadamente. Una vez que terminamos de dialogar, vino el secretario a entregarnos el acta que la presenté el 1° de septiembre (de 2021) en el expediente judicial", declaró.
"Fui a hablar con el doctor Ruta y me lo encontré a Nóbile. Estuvo conmigo. No voy a especular nunca con la vida de una persona para sacar ventaja, es muy triste para mi esa situación. La vida y la pandemia se llevó gente muy querida para mí", expresó ante la consulta de un integrante del Jury sobre si su colega participó.
Agregó que no pidió turno para ser atendido, requisito que se solicitaba en el Poder Judicial en base a las normas sanitarias que regían por la pandemia del Covid 19, porque como era abogado un policía le permitió entrar por un costado, le tomó la temperatura y sólo le consultó a dónde se dirigía.
Domínguez señaló que en la causa, Codapri SA puso como garantía un terreno ubicado en el norte de la ciudad de San Luis destinado a explotarse como loteo "cuya valuación en su momento era el doble del monto embargado".
Lo que le llamó la atención al procurador Luis Martínez, quien impulsa la acusación contra Ruta, es que la propiedad está a nombre de los socios dueños de la empresa y no de la compañía.
"Eso valía para el juzgado, de hecho no se opuso. Ellos eran quienes debían velar por si estaban bien las cosas por consentimiento verbal de los propietarios", respondió Domínguez.
Ante la pregunta sobre un plazo fijo que se constituyó con la mitad de los fondos que se transfirieron, aseguró que "nunca fue a nombre de Codapri SA, sino que se hizo a nombre de la cuenta bancaria judicial que tiene la empresa (en Supervielle) que se abrió al momento de iniciar la causa".
"Creo que existe mucho temor por resolver esta investigación que implica consumo porque mi cliente aunque es persona jurídica está amparada por el artículo 1° de la ley 25240 (Defensa al Consumidor) por un servicio que el banco no prestó", indicó.
El abogado Eduardo Juriol fue otro de los que compareció ante el Jurado.
En gran parte de su declaración afirmó que "no recordaba" lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2020: "Mi memoria funciona como la de todos los que estamos presentes porque generalmente uno recuerda cosas que atañen a acontecimientos. Usted (por el procurador) me pregunta sobre un día muy ordinario. Quiero decir que desde hace mucho tiempo con el doctor Domínguez nos juntábamos en el bar de la esquina muy temprano y varias veces he ido a Tribunales con él".
Tanto las preguntas de Martínez y del jurado estuvieron enfocadas en si el letrado participó de la audiencia de ese día o no a raíz de que el acta extraprocesal indica que estuvo presente.
"En la causa no tengo ninguna participación, no entré a la reunión. El acta dice que el doctor Domínguez se presentó acompañado conmigo, pero quizás me vio entrar el secretario e indujo algo. Está dentro de las posibilidades que eso sea así", detalló.
El responsable del área informática del Poder Judicial, Mario Brédicce, declaró como encargado de crear dos sistemas para la atención en pandemia; el de turnos y el de trazabilidad.
En su testimonio, dijo que primero detectó el 10 de diciembre dos solicitudes para asistir entre las 13:15 y 13:45 a los juzgados Civil, Comercial y Ambiental N° 1 y 3 por parte de Rocha. Ninguno para el que tiene a cargo Ruta. Así descartó que Nóbile y Domínguez utilizaron ese procedimiento para asistir a Tribunales.
A su vez, contó que mediante la trazabilidad se determinó un ingreso de Juriol a las 13:30 sin turno previo. No supo informar a qué oficina se dirigía.
Carlos Sosa, que se desempeña en mesa de entrada del juzgado de Ruta, aseguró que los abogados de ambas partes se reunieron, aunque no supo precisar el día y horario en que se desarrolló. También aportó que Juriol acompañó a Domínguez pero no ingresó. Sin embargo, no "recordó" si Figueroa estuvo en toda la audiencia o en una parte.
Otro testigo fue el abogado perito, Héctor Cirkin que realizó una auditoría al expediente judicial por pedido del Banco Macro y concedida por el juzgado.
"Noté algunas deficiencias porque para que se considere que una sentencia está confirmada en los términos que dispone el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación debería haber tenido un embargo previo y vi que el letrado apoderado de la parte actora había ofrecido documentación avalando una especie de contracautela de unos inmuebles que no estaban a nombre de la actora sino *de* uno de los socios, razón por la cual no tenía facultades para ofrecer bienes y garantías de terceros", precisó.
También evaluó el acta extraprocesal: "Según el magistrado había ordenado al secretario para que deje constancia como si fuese un acta notarial de alguna conversación que habían tenido los letrados de cada parte, y eso es una situación totalmente arbitraria".
Cirkin, además, explicó que "estaba mal dictado el embargo" a raíz de que "no se cumplieron con los recaudos, por lo tanto ahí no hubo garantías y no surge de ningún lado que el juez haya querido modificar una medida cautelar que mal dictó y no esperó a ver si estaba cumplida, es decir, no estaba autorizado para liberar los fondos".
David Fuentes, ingeniero en telecomunicaciones, habló sobre que actuó en un oficio, por pedido de Martínez, para determinar la autenticidad del acta extraprocesal (como documento adjunto en el expediente), la autoría y la fecha de creación.
"Me fijé en las propiedades del archivo dentro de las mismas operaciones que da el sistema y no poseía ninguna información relevante. No decía cuándo fue creado, sólo indicaba una hora. Tampoco se pudo determinar si se corresponde a un documento auténtico y qué autor lo hizo, sólo que este archivo se construyó con un programa ABBY Fine Reader 7 para convertirlo en PDF".
Por otra parte, realizó el peritaje en una de las computadoras pertenecientes al juzgado de Ruta. El requerimiento era hacerlo en todas pero el secretario sólo le indicó cuál era en la que redactó el documento. Sin embargo, Fuentes afirmó que "nunca tuve acceso a ese expediente".
El empleado del área de informática, Pablo Palmero, comentó que hizo un inventario sobre todos los dispositivos electrónicos con el que cuenta el juzgado.
Los otros que asistieron en la audiencia fueron los empleados judiciales Melisa Estrada, Ramona Coronel y Ezequiel Tarcuini a quienes se les preguntó por el procedimiento de trazabilidad y cómo era la atención en diciembre de 2020.
Este miércoles están previstos nuevos testimonios sobre este caso y también sobre la otra acusación que pesa sobre Ruta respecto de la difamación a la fiscal Virginia Palacios. Al igual que hoy se realizarán en dos tramos durante la mañana y tarde.