ESCÁNDALO
Rovella Carranza, Serving y Semisa: las tres empresas se presentaron a licitaciones que están violando el marco constitucional y legal vigente
Son oferentes de obras por $70 mil millones que quedaron adentro de un proceso legal que resolverá la Corte Suprema. El Gobierno de Rodríguez Saá avanza para transferirles a las que resulten adjudicatarias el anticipo financiero de $21 mil millones.
Tres empresas se subieron al plan de Alberto Rodríguez Saá de comprometer los recursos económicos del futuro Gobierno de Claudio Poggi que pidió expresamente que no se hagan obras cuya ejecución irá más allá del 10 de diciembre y afectará futuros presupuestos.
Rovella Carranza SA y Serving SRL participaron el martes 31 de octubre de la licitación N° 17/2023 de refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 por $28.650.000.000.
Semisa se presentó a la licitación N°09/2023 de la nueva Ciudad Judicial por $41.321.324.726.
Estos dos proyectos por casi $70 mil millones cayeron bajo el fallo de la jueza Eugenia Bona que frenó las adjudicaciones y contrataciones de obra pública que excedan el mandato de Rodríguez Saá.
A 33 días de irse, el gobernador alcanzaría únicamente a pagar el anticipo financiero de unos $21 mil millones sin que se inicie la construcción de las obras.
A pesar de la existencia de un proceso legal y de que fueron notificadas formalmente del mismo en el momento de la apertura de las ofertas, las empresas siguen atadas a la gestión saliente.
Las constructoras están en conocimiento de las acciones judiciales en curso donde el gobernador electo, Claudio Poggi reclama que esas obras violan el marco constitucional y legal vigente.
Rovella Carranza, Serving SRL y Semisa se involucraron en un proceso que puede desembocar en la paralización de los proyectos y la devolución de los fondos públicos.
En ningún caso podrán alegar desconocimiento porque fueron notificadas en un acto oficial por un escribano público. Corren el riesgo sabiendo que la nueva administración les dio aviso que actuará para rescindir.
“Por supuesto que con la ley, con la Constitución de la mano, esas obras faraónicas las deberé anular y denunciar el vaciamiento del Estado, un saqueo del Estado provincial”, afirmó Poggi la semana pasada en declaraciones a Cadena 3.