La empleada que denunció a un funcionario de la UPrO renunció y fue a la Justicia
La universidad desplazó a Marcos Sosa del Gobierno después que El Chorrillero diera a conocer el grave hecho.
La Universidad Provincial de Oficios en Villa Mercedes fue escenario de un hecho grave de violencia contra las mujeres. Un funcionario está involucrado en un comportamiento repudiable: la manipulación de fotos de compañeras y usar la inteligencia artificial para mostrarlas desnudas.
Fue apartado del cargo después que El Chorrillero publicara la información que la institución quería mantener el hecho en silencio. De hecho, no hizo hasta el momento ninguna comunicación oficial de las medidas que tomó.
Melina Urquiza cumplía funciones en el ámbito de la secretaría General. El sábado por la tarde después que la institución difundiera un comunicado (que nada decía sobre el caso ni de los implicados) decidió presentar su renuncia. “Estoy más tranquila”, le contó este martes por la tarde a este medio.
La UPrO no informó formalmente que Marcos Sosa (jefe del Programa Sistemas) fue separado de su cargo, sino que la noticia se conoció a través de El Diario de la República.
El rector, Joaquín Surroca nunca llamó a la víctima, que obtuvo por alejarse porque las condiciones de trabajo no son las que está dispuesta a soportar. Tampoco le ofrecieron alternativas para que se sintiera contenida, cómoda en su ámbito laboral o protegida.
Sosa le envió por equivocación por WhatsApp la foto que ella tiene de perfil, con la leyenda de una aplicación que escanea las imágenes de mujeres para desnudarlas. Eso desató la denuncia policial que hizo Urquiza. Cuando le pidió explicaciones, el funcionario se limitó a decir que era “una broma para el grupo”, posiblemente del que forman parte otros hombres de la institución o del área donde él es el jefe.
Desde el primer momento la joven supo que quedarse callada no era lo normal y que no iba a proteger a nadie. Alrededor se sabe que pasarse fotos de compañeras “es algo cotidiano” entre los teléfonos de los empleados, que no es nada nuevo.
En la mañana del martes se presentó en Tribunales y realizó la denuncia en fiscalía por violencia de género y violencia digital: “Hay que llamar las cosas como son”. Para esto se basó en la “Ley Olimpia” que fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 23 de octubre, y que contempla los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado. Además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros: protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital.
Lo hizo con el convencimiento de ayudar a otras víctimas y alentar para que “se animen a denunciar”, que sepan que pueden hacerlo “porque eso es delito”.
En agosto de este año algunas mujeres salieron a exponer por las redes que había grupos y canales en Telegam donde se compartían imágenes de mujeres desnudas, de aquí y también de San Luis. Nunca fue investigado, aunque las víctimas difundieron nombres y apellidos (fueron escrachados). Tampoco se conoce con exactitud qué destino tiene ese contenido: si solo se comparten entre los teléfonos de los hombres, se vende o se sube a algún sitio en particular relacionado al mundo de la pornografía.
Ahora será tarea de la Justicia averiguarlo, porque hay una denuncia formal. “Dije todo en la fiscalía. Deseo que investiguen y lleguen a las últimas consecuencias”, pidió.