Esta es la comisión que definirá si avanza la Ciudad Judicial y si pone en riesgo las finanzas de la Provincia
Son quienes deben dictaminar si adjudican la licitación a Semisa SA para llevar adelante una obra que está judicializada.
El ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá (h) designó a la Comisión Honoraria de Adjudicaciones, que tendrá en sus manos darle vía libre o no al Gobierno para que avance en el desembolso del anticipo financiero para la construcción de la fastuosa Ciudad Judicial.
La obra cuenta con un presupuesto de $41.321.324.726 y prevé un plazo de ejecución de 650 días corridos. Es decir, supera el tiempo que le queda a la gestión de Rodríguez Saá y compromete recursos del Gobierno entrante.
Por eso, junto a la obra de refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 por $28.650.000.000, están judicializadas.
Ya en la apertura de sobres, que se hizo el 2 de noviembre, mediante escribano público, el gobernador electo, Claudio Poggi notificó a funcionarios y la empresa oferente (Semisa SA) sobre los recursos judiciales vigentes.
Mediante la resolución N°1976, Rodríguez Saá (h) conformó una comisión de 12 integrantes. Son quienes ahora deben evaluar la propuesta presentada por la compañía.
La mayoría de los integrantes forman parte del programa Grandes Obras de Arquitectura, del mismo ministerio, como lo son Silvia Elizabeth Pisoni (jefa del subprograma Proyectos y Diseños), Miguel Ángel Abdelehad, Clarisa Leporati, Emiliano Martín Ayub, Darian Josue Daita y Fernando Yoel Poy.
En la designación también aparece el ingeniero Guillermo Furnari (programa Infraestructura Energética), Franco Videla (ministerio de Ciencia y Tecnología), Emilio Adolfo Groezinger y Julio Ballerino Gargiulo (ambos del programa Control de Certificación, Seguimiento y Sistematización).
Completa la nómina Rodolfo Francisco Fernández de la dirección provincial de Vialidad.
La resolución establece que una vez cargadas las propuestas, el programa Grandes Obras de Arquitectura “será el encargado de derivar las actuaciones para conocimiento de cada uno de los integrantes de la comisión para permitir su consulta y emisión del informe respectivo”. Y estos cuentan con un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.
El Gobierno tiene en sus planes girarle a la empresa el anticipo financiero del 30%, lo que serán aproximadamente más de $12 mil millones.
El 2 de octubre la jueza Eugenia Bona había dado lugar a la medida solicitada por el gobernador electo y resolvió “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública, en que el Poder Ejecutivo Provincial, Administración Central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, Agencias, y Sociedades de Estado sea parte, y cuya ejecución pudiera exceder el actual mandato gubernamental”.
Sin embargo, luego el Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto la medida y Rodríguez Saá avanzó con las contrataciones y licitaciones.
El gobernador electo Claudio Poggi promovió acciones judiciales a raíz de la pretensión de Rodríguez Saá de adjudicar el proyecto a Semisa y transferirle en anticipo financiero.
Sobre la judicialización será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que terminen definiendo.
Darian Josue Daita.
Clarisa Leporati.
Emilio Adolfo Groezinger.
Emiliano Martín Ayub.
Guillermo Furnari.
Franco Videla.
Ignacio Maqoq.
Miguel Ángel Abdelehad.
Julio Ballerino Gargiulo.
Fernando Yoel Poy.