Piden una investigación penal por el anticipo de $500 millones que cobró Serving SRL por la frustrada obra del Vulpiani
La presentación se formalizó ayer. También se requirió que el fiscal de Estado informe qué medidas promovió.
El martes 21 de noviembre El Chorrillero publicó que la empresa Serving SRL cobró $500 millones de anticipo financiero por la obra del Parque Vulpiani en Juana Koslay, la cual nunca se hizo, y no los devolvió. Del caso también se hicieron eco otros medios.
Eso motivó que el reconocido abogado, Rafael Berruezo promoviera una investigación penal. La presentación ingresó este domingo en la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial.
El penalista solicitó que se determine si la conducta de la empresa “constituye un ilícito y en su caso cuál”.
Alberto Rodríguez Saá escoltado por Jorge "Timy" García Quiroga y Lucas Caymes que intervinieron en las licitaciones de Serving SRL.
El 12 de abril el gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó el contrato de inicio del parque en el predio de 12 hectáreas. La inversión en ese momento era de $1.820.823.419,69.
El proyecto no se pudo llevar adelante porque ambientalistas de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani iniciaron una protesta, que se extendió por semanas, a raíz de que se oponían a la construcción porque aseguraban que implicaría la destrucción del ecosistema.
En declaraciones a El Diario de la República el 8 de agosto, el jefe de Programa Obras de Arquitectura del ministerio de Obra Pública e Infraestructura, Lucas Caymes justificaba el proyecto en medio del conflicto manifestando que el Gobierno recuperó los terrenos con “el objetivo de hacer un espacio que sea disfrutable para todas las familias, con el menor impacto ambiental posible”.
Al día siguiente la Justicia dictó un fallo que prohibió la obra.
La presentación de Berruezo incluye un pedido al fiscal de Estado, Roald Cattaneo. Se requiere que informe si inició “actuaciones administrativas y/o penales contra la empresa Serving SRL, en relación a la devolución del dinero cobrado y que no habría devuelto la empresa por la frustrada obra”.
Tuvo en cuenta el artículo 237 de la Constitución provincial establece que el fiscal de Estado es el encargado de defender los intereses de la Provincia: “Interviene en el contralor de legitimidad del acto administrativo; es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso y en toda controversia judicial en que puedan resultar afectados los intereses provinciales; y acciona ante quien corresponda, para que se declare la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución”.
“Por la gravedad de los hechos narrados, solicito urgente investigación sin demora por estar claramente afectado el erario público de San Luis”, cerró el abogado.
Serving SRL es una de las empresas que se presentó a la licitación de la refuncionalización del acceso sur sobre la Ruta Nº1. A la obra se le fijó un presupuesto de $28.650.000.000 y afectará recursos del próximo Gobierno. La otra es Rovella Carranza S.A.
Esta licitación la gestiona el director de Vialidad de Vialidad Provincia, Jorge “Timy” García Quiroga.
Colaboró Daniel Miranda