El impacto de la corrupción en el déficit: “Se generó una matriz administrativa perversa que se aprovechó del Gobierno en beneficio propio”
El gobernador Claudio Poggi disparó munición gruesa contra la administración de Alberto Rodríguez Saá a la que responsabilizó de que la Provincia está ahora fundida.
"En los últimos ocho años se generó una matriz administrativa perversa, que se aprovechó del Gobierno en beneficio propio, generando nichos de corrupción que contribuyeron a desfinanciar la provincia”, así resumió Claudio Poggi el accionar del Gobierno de Rodríguez Saá y adelantó que de “este tema brindaremos más información la semana que viene y por supuesto con las pruebas en la mano nos iremos presentando en la Justicia".
Esta noche el gobernador dirigió un mensaje por los medios oficiales para comunicar lo que encontró en las primeras horas de gestión.
En ese contexto, informó sobre el impacto que tuvo la corrupción del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá en las arcas con un déficit en el 2023 de $125 mil millones.
Por ese motivo, anunció medidas extraordinarias y nunca antes vistas en los últimos cuarenta años con el objetivo de combatir las cuentas en rojo.
Afirmó que se eliminará "todo tipo de gasto superfluo" y "se terminan los viajes en aviones privados, los gastos reservados, cerramos los entes que se crearon extrapresupuestarios de nulo control administrativo, nichos de corrupción y salvoconductos de dilapidación de fondos públicos".
Por otro lado, afirmó que revisarán todos los contratos con prestadores de servicios del Estado como en salud, educación, seguridad, en toda la administración pública y de sus organismos descentralizados: "Hemos recibido información, que tenemos que constatar, de que se detectaron proveedores que estarían muy vinculados a los funcionarios de la gestión saliente".
En otro pasaje, Poggi aseguró que no existen registros del Parque Automotor, el estado de los vehículos ni su localización: "Aparentemente se estaba realizando un uso indebido, un aprovechamiento de los vehículos oficiales por parte de los funcionarios, familiares y de terceros. Incluso haciéndose pagar la nafta de sus autos personales con el cupo de combustible de la repartición pública".
En ese sentido, anticipó que llevarán adelante un "censo automotor" y "recuperar los vehículos y maquinarias que fueron usados por particulares y transferidos a instituciones en los últimos días".
Otro de los puntos en los que hizo hincapié el gobernador fueron los rodados "innecesariamente" alquilados a proveedores que "estarían muy vinculados a funcionarios de la gestión saliente".
En otra línea, dijo que suspenderán las obras públicas millonarias por las cuales se pagaron anticipos financieros a las empresas adjudicadas en los últimos días de mandato de Rodríguez Saá y "no pusieron ni medio ladrillo".
Además, suspenderá la pauta publicitaria por cuatro meses, es decir, hasta el 31 de marzo. "Se va a establecer a partir de allí un registro y un criterio distributivo que garantice transparencia y equidad. Somos conscientes que en los medios de comunicación también hay puestos de trabajo pero vamos a reducirla a valores razonables", indicó y reveló que este año, el Gobierno destinó $4380 millones en ese concepto y particularmente al grupo Payné, que pertenece al ex gobernador, transfirió el pasado 29 de noviembre un pago de $126 millones.
Asimismo, revisarán todas las contrataciones del personal de la administración pública en el 2023, analizarán todos los cambios de situación de revista y anularán todas las rubricaciones que se hicieron en los últimos meses: "No vamos a tener ñoquis aprovechados del Estado ni ex funcionarios escondidos en reparticiones públicas".
"Con el tema de recursos humanos no sabemos dónde estamos parados con la cantidad ni la ubicación de los trabajadores, sobre todo, por la multiplicación de entes descentralizados y extrapresupuestarios. Para eso vamos a hacer un censo presencial de empleados públicos el próximo jueves 21 y viernes 22 de diciembre de forma presencial en los mismos lugares de trabajo. Lo mismo con los beneficiarios de planes sociales pero será entre Navidad y Año Nuevo", expuso.
"No tengan dudas que la pésima administración y los nichos de corrupción contribuyeron a este descalabro financiero inédito en los últimos 40 años en San Luis y serán llevados todos a la Justicia", cerró.