Entidades farmacéuticas advierten que el DNU pone en riesgo la salud y el funcionamiento de las farmacias
El Ceprofar rechazó las medidas impuestas por el Gobierno referidas a la eliminación de la financiación pública al sector y la venta libre de medicamentos en cualquier comercio.
El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) rechazó las medidas referidas al funcionamiento de las farmacias y el rol de los profesionales, implementadas por el DNU 70/2023.
Entre las disposiciones del rubro salud para la desregulación de la economía anunciadas anoche por el presidente Javier Milei, se retirará la intervención estatal en la producción, distribución y comercialización de medicamentos y vacunas, se desfinanciará la producción pública a bajo costo y se autorizará la comercialización – de los medicamentos de venta libre – en cualquier tipo de comercio. Además, se eliminará la obligatoriedad de que haya un profesional idóneo presente en las farmacias.
El artículo 313 del DNU sustituye el primer y segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 17.565, que reglamenta la actividad farmacéutica. En este sentido, se elimina la exigencia de que "los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas". También deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que "la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia".
A través de un comunicado, el Ceprofar detalló los motivos del cuestionamiento y remarcó que la venta de medicamentos fuera de las farmacias genera riesgo sanitario y el aumento de los precios.
Por otro lado, manifestaron que la ausencia de profesionales farmacéuticos que realicen y controlen las transacciones, privará a la comunidad de su función esencial en el asesoramiento y seguimiento de los tratamientos de los pacientes, al tiempo que fomenta la automedicación.
El decreto elimina también el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. En este sentido, la medida resulta perjudicial porque este programa era una forma de intervenir en el mercado que permitía abaratar los precios de medicamentos clave en el tratamiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, diabetes y anticonceptivos.
Asimismo, al habilitar a las droguerías a entregar medicamentos al público, la venta directa desde los laboratorios causaría distorsiones en la distribución y coartaría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos.
Por último, la entidad que nuclea a los profesionales farmacéuticos anticipó que realizarán las presentaciones legales necesarias para “respaldar la orientación sanitaria de las normativas que se refieran a nuestra área profesional, resguardándola de intereses mercantiles”.
El rubro salud ocupa 61 de los 366 artículos que tiene el decreto dividido en 16 áreas temáticas. El Gobierno justifica los cambios legales en este sector al argumentar “que frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones, lo que en definitiva redundará en un beneficio directo para la población en general”. (NA)