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Los concejales de Alberto Rodríguez Saá y Sergio Tamayo agravan la crisis de la Municipalidad de San Luis

El intendente se fue dejando un déficit de $2 mil millones y ahora su bloque no quiso acompañar el pedido de un préstamo que requiere la nueva gestión para pagar sueldos y la prestación normal de los servicios.

Rodríguez Saá junto a Tamayo.
Actualizada: 22/12/2023 18:21
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El proyecto para autorizar a la Municipalidad a tomar deuda por hasta $20.000 millones no logró hoy los votos suficientes en el Concejo Deliberante por lo que el intendente Gastón Hissa no contará con estos fondos para cabalgar el desastre que heredó del ahijado político de Alberto Rodríguez Saá.

Si bien la ordenanza tratada en la sesión extraordinaria contó con el voto de ocho concejales, no fueron suficientes. Se necesitaban de una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, es decir, 10 ediles.

La razón hay que encontrarla en que el bloque Unión por San Luis, que responde a los intereses de Rodríguez Saá y de Sergio Tamayo, no bajó a sesionar.

Previo al debate, se reunieron con funcionarios municipales quienes expusieron los pormenores del proyecto y cuáles son las principales razones para salir a buscar dinero. Asistieron la secretaria y el subsecretario de Hacienda, Infraestructura y Planeamiento, Fabiana Malamud y Andrés García.

Más allá de esto, Juan Divizia, Gastón Témoli, Julieta Ponce, Andrés Russo, Agustina Gatto y Alejandro Cordido, no bajaron al recinto y se desentendieron del caos que dejó el ahijado político de Rodríguez Saá.

Días atrás el intendente Gastón Hissa trazó un duro diagnóstico de cómo encontró las arcas de la comuna. En un mensaje dirigido a los vecinos, dijo que la gestión anterior dejó la Intendencia “más que fundida, devastada".

Fue allí que detalló que heredó un déficit financiero de $2 mil millones en diciembre. Además, precisó que al 11 de ese mismo mes encontraron en las cuentas bancarias $147 millones, pero las obligaciones a ese día alcanzaban los $188 millones.

En ese mismo diagnóstico denunció que el Parque Automotor fue transformado en un "desarmadero" y que, de los 240 vehículos oficiales, sólo funcionan 40. También señaló el “total abandono” de las plantas potabilizadoras Puente Blanco, Aguada I y Aguada II.

Todo ello motivó al pedido de endeudamiento por $20 mil millones equivalente a "10 meses de déficit para afrontar esta grave situación" y la dura denuncia penal contra Tamayo y otros ocho funcionarios por malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El concejal Mario Silvestri (Cambia San Luis), defendió la solicitud la posición del Gobierno municipal en el recinto con los números que dejó la administración rodriguezaísta hasta el 10 de diciembre.

“Es evidente que el municipio carece de fuentes de generación genuinas y ordinarias de ingresos para hacerle frente al déficit heredado y que se debe atender de forma urgente en tiempo y forma pero, además, para la realización de obras imprescindibles y la prestación de servicios básicos”, sostuvo.

Hizo hincapié en las medidas de “austeridad y transparencia” que tomó la nueva administración municipal como la reducción de funcionarios de 246 a 79, entre otras. Aun así, reconoció que “se torna imposible afrontar los gastos sin un financiamiento adicional”.

El contexto nacional y el impacto que tendrán las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Javier Milei fue otro fundamento para argumentar el préstamo.

“La caída de consumo y el nivel de actividad va a repercutir en la recaudación fiscal en términos reales”, agregó.

Concluida la sesión, la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, mantuvo un contacto con la prensa y fustigó la postura del bloque opositor.

“Una vez más demuestran que no están a la altura de las circunstancias, si el municipio hoy está en la situación en la que está y se solicita poder endeudarse, es porque son ellos, la gente de su gestión, quienes dejaron la Municipalidad desguazada, desmantelada y con un déficit terrible”, dijo.

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