Una banda narco manejada desde la Penitenciaría: el rol de la corrupción, un fenómeno que crece y el aumento del consumo
Rafael Dante Churquina y los otros nueve miembros fueron procesados por transporte y comercialización de estupefacientes y lavado de activos de origen ilícito. A los funcionarios de la cárcel los acusaron de incumplimiento de sus deberes y por haber recibido dádivas.
El Juzgado Federal de San Luis procesó a 10 de los 12 integrantes de la banda narco que lideraba desde el Servicio Penitenciario provincial y que fue desbaratada el 31 de agosto. Los dos implicados restantes, oriundos de Jujuy, siguen prófugos.
La investigación que llevó adelante el fiscal Federal, Cristian Rachid determinó que la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior lavado de activos de origen ilícito era dirigida por Rafael Churquina, un interno condenado por abuso sexual.
El procesamiento, que había sido requerido por Rachid y el procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, y alcanza a los miembros de la organización como responsables de los delitos de "transporte y comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, lavado de activos de origen ilícito y cohecho agravado".
También fueron detenidos y procesados dos funcionarios del Servicio Penitenciario por "el transporte de estupefacientes agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas", por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por el cobro de dádivas. Se trata de Mario Ojeda y Jorge Orozco.
“Hemos detectado operaciones con automóviles que Churquina llevaba a cabo con estos oficiales penitenciarios, ya sea dando el automóvil o recibiéndolo a cambio de dinero”, explicó el fiscal a El Chorrillero. Sumo a eso “pagos tanto en dólares como en pesos”.
Rachid destacó que en la investigación pudieron establecer claramente los roles que cumplieron los agentes para facilitar las maniobras del líder narco y las barreras que se rompieron para esto.
“Los servicios penitenciarios tienen por lo general días establecidos para recibir visitas. Esos días no contaban para Churquina. Y cuando secuestramos los registros, la gran mayoría de las visitas que le hacían los miembros de la asociación no quedaban registradas”, explicó.
De la misma forma, puntualizó en que estas bandas tienen dos formas de expandirse. Una por medio de la violencia, como ocurre en Rosario, Santa Fe. La otra es a través de la corrupción, como sucedió en San Luis.
En este punto, afirmó que quedó “muy acreditado cómo la corrupción penitenciaria se monta en estos casos de organizaciones criminales con alto poder de acción”.
El inicio de la causa
El 31 de agosto la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con más de cinco kilos de cocaína y que tenía como destino final la ciudad de Villa Mercedes. Marcelo Leyes era el encargado de trasladar ese cargamento a la provincia.
El procedimiento desencadenó una serie de allanamientos donde aprehendieron a otras tres personas, además de incautar estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.
Siguió a eso un allanamiento de la celda del acusado donde tenía montada "una oficina". Encontraron estupefacientes, teléfonos celulares, una notebook, pendrives, cuadernos y carpetas con documentación, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión.
Dentro del expediente, una persona declaró como imputado colaborador en los términos de la ley 27.304. Esto permitió conocer el funcionamiento de la organización, determinar quiénes eran las personas utilizadas como testaferros, las empresas y los lugares que se utilizaban para el lavado de dinero y sus modalidades.
“Detectamos los negocios a través de los cuales se introducía en el mercado formal”, expuso Rachid, entre ellos enumeró la venta de electrodomésticos, motos cero kilómetros e incluso “había un local montado en Villa Mercedes”. Las comercializaciones eran a crédito por lo general.
Además, la banda “montaba kioscos, autoservicios con el formato 24 horas que atendían a través de testaferros y ahí se inyectaba y se retiraba dinero, tanto para inyectar en el mercado formal como para reinvertir en la compra de droga”.
Los demás implicados son Daniel Becher (financista), Efraín Cortez, Lorena Ramallo, Lucrecia Valdés, Javier Martiraña y Milagros Selene Inzirilo.
El avance de la droga y el narcotráfico en San Luis
El fiscal Federal reconoció que una de las hipótesis en las que trabajaron fue la comercialización dentro del penal.
“Llegamos a obtener indicios. Claramente y lamentablemente en el Servicio Penitenciario circula droga. Tenemos periódicamente procedimientos donde a personas presas se les incauta droga, incluso visitantes llevan droga escondida, por ejemplo, en viandas o en distintas partes del cuerpo”, transmitió.
Por otro lado, se refirió al narcotráfico en la provincia: “No es inteligente y tampoco es muy honesto en términos de combatirlo concentrarse solamente en los que venden al menudeo. Es imprescindible ascender lo más que se pueda en la cadena hacia los proveedores de la sustancia, jugadores o a los medianos como son esta banda que hemos desarticulado en San Luis y por supuesto al mismo tiempo también atender al narcomenudeo”.
“Ha habido un incremento del consumo. Esto es un mercado ilícito pero un mercado, en fin. Hay más demanda y por lo tanto hay grandes bandas criminales dispuestas a abastecer esa demanda y el fenómeno va incrementando año a año y es muy importante y complejo abordarlo”, advirtió.
En línea con lo anterior, afirmó que la provincia “tiene grandes jugadores o jugadores intermedios en lo que es el tráfico de droga, que desde San Luis manejan la distribución y no quiere decir que toda esa droga vaya a ser consumida en San Luis, sino que es una provincia donde se introduce, se acopia y se redistribuye hacia las vecinas”.
Video: Víctor Albornoz
Edición: Juan Ledesma