CORRUPCIÓN
Denunciaron a la ex secretaria de Deportes por malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración
La presentación penal fue impulsada por el fiscal de Estado, Víctor Endeiza. Sospechan que la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá usó recursos públicos para beneficio personal, desvió fondos y hasta participó en la presentación de facturas “infladas”.
El domingo se concretó la segunda denuncia penal hacia ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá. Esta vez, fue contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, que simultáneamente era presidenta del Ente Deporte San Luis y de la asociación San Luis Fútbol Club.
La información recolectada en los primeros días del nuevo Gobierno arrojó que incurrió en al menos cuatro delitos.
La fiscalía de Estado, a cargo de Víctor Endeiza, hizo la presentación penal en la fiscalía de Instrucción N°1. Ramírez sería responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio de la administración.
La acusación enumeró diversos hechos que surgieron a partir del nombramiento de Ramírez como secretaria de Deportes, la posterior creación del Ente descentralizado y el club de fútbol.
A partir de estos tres roles que cumplía, “disponía de los bienes públicos como si fueran propios a favor del club”. El último hecho y el más trascendente fue a días de que termine la gestión anterior, cuando adquirió un ómnibus para el club por $290 millones, incluso excediendo los valores del mercado.
La fiscalía de Estado determinó que en 2022 la entonces funcionaria de Rodríguez Saá “desencadenó una serie de acciones que desviaron fondos públicos destinados a la administración deportiva en beneficio propio y de su entidad deportiva privada inexistente en ese momento, pero creada a los pocos meses”.
Entre los fundamentos, Endeiza rememoró que en abril de 2022 mediante el decreto N° 2791-SGG-SD-2022 se creó el Ente Deporte que según su estructura “debía actuar en concordancia con las facultades conferidas a la secretaría”. Sin embargo, “lejos de cumplir con sus objetivos institucionales, se convirtió en una herramienta para canalizar recursos públicos hacia el club de fútbol presidido por la ex secretaria”.
La comisión del delito se originó cuando Ramírez, en su calidad de secretaria de Deportes, gestionó aportes económicos no reembolsables al Ente. Por medio de este último se hacían las transferencias al San Luis Fútbol Club.
El Gobierno de Claudio Poggi detectó que desde la creación del Ente Deporte y bajo este ‘modus operandi’, Ramírez hizo 276 transferencias y pagos por una suma total de $166.612.164,13 destinadas a gastos del San Luis Fútbol Club. Muchas de ellas se concretaron incluso antes de que se conformara como una asociación civil.
El dinero fue dirigido a diversos conceptos como transporte, viandas, operaciones, vestimenta, cortinas, termotanques, lavarropas, heladeras, televisores, regalos empresariales, salarios y becas.
“Esta burda trama de transferencias ‘encubiertas’ revela una clara intencionalidad de desviar fondos públicos hacia el beneficio personal y patrimonial de su club de fútbol”, denunció el fiscal. Añadió que “este proceder, en apariencia lícito en su presentación formal, encubría una artimaña ilícita destinada a privilegiar intereses particulares en detrimento de los recursos estatales”.
La acusación de Endeiza se detuvo en un accionar llamativo del 6 de diciembre, cuando Ramírez presentó una nota de excusación en el expediente de pago para la adquisición del ómnibus porque “su participación en la negociación resultaba incompatible con su cargo”. Pese a eso, dos días después “se pagó igual desde su unidad ejecutora y se llevaron el dinero de igual modo por transferencia bancaria”.
En el mismo punto, advirtió que “el expediente administrativo, desde su creación hasta la emisión del decreto N° 11596- SGG-2023 que concede el subsidio a la asociación San Luis Fútbol Club fue tramitado en un solo día, levantando interrogantes sobre la regularidad y transparencia del proceso”.
Otro punto que marcó una grave anomalía fue el monto que gastó el Estado para adquirir el ómnibus porque el total consignado en la proforma por el vehículo usado del año 2018 “supera ostensiblemente el valor de mercado” de un colectivo de características similares.
Por ejemplo, la guía oficial de precios de Acara establece el precio de un 0km en 165 mil dólares, “lo que a noviembre de 2023, conforme dólar informal serían $170.000.000, muy por debajo de la factura presentada por Ramírez para pedir el subsidio”.
“Según otras publicaciones de Mercado Libre que se adjuntan, el precio del Okm asciende, no obstante, nunca como lo pretendido en el pedido”, sumó la fiscalía de Estado.
A partir de eso, llegó a la hipótesis de que “Ramírez, en su calidad de presidenta del club, haya participado en la presentación de una factura proforma con información inexacta o inflada ante el Gobierno provincial”. Esto porque “se evidencia un marcado sobreprecio en la cantidad estipulada en la factura, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y justificación de la erogación gubernamental”.
En la denuncia, que recayó sobre el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí, Endeiza adjuntó pruebas documentales y solicitó una serie de medidas informativas y testimoniales.