LEGISLATURA
El Gobierno formalizó el pedido de autorización para tomar un empréstito
El gobernador Claudio Poggi presentó hoy el proyecto en el Senado. El endeudamiento es para hacer frente el pago de salarios y planes sociales y garantizar el funcionamiento del Estado a raíz de la crítica situación en la que dejó la Provincia la administración de Alberto Rodríguez Saá.
La iniciativa legislativa impulsada por el nuevo Gobierno provincial ingresó minutos antes del mediodía en momentos que el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez se presentaba ante la Cámara de Senadores a justificar la necesidad de recurrir al endeudamiento.
El proyecto de 11 artículos, incluido el de forma, firmado por el gobernador Claudio Poggi y rubricado por Ordoñez otorga permiso al Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público y/o endeudamiento público “hasta la suma equivalente a seis veces el importe que en concepto de Coparticipación Federal le correspondiere percibir en un periodo mensual, para atender desequilibrios financieros”. Y se lo faculta a comprometer los fondos coparticipables en concepto de garantía.
El aval legislativo implica autorizar al Gobierno a optar por “la suscripción de contratos de préstamos, sindicados o no, de leasing, acuerdos en cuenta corriente, adelantos transitorios, contratos de caución tomadora en mercado de capitales, emisión de letras del tesoro, títulos públicos, bonos, o de cualquier otra operación de título público y/o endeudamiento público o la combinación de cualquiera de ellos y/o sus renovaciones”.
El ministro de Hacienda, Nestor Ordoñez está reunido con el presidente del bloque de Unión por San Luis, Juan Carlos García y legisladores de Cambia San Luis. (Foto El Chorrillero)
El nuevo Gobierno apela a esta herramienta en función de la “desastrosa situación” financiera en que encontró la Provincia tras ocho años de gestión de Alberto Rodríguez Saá. Denunció un déficit fiscal crónico y se proyecta para 2024 un rojo de $309 mil millones en caso de no tomar medidas urgentes.
En ese marco una de las primeras acciones que resolvió Poggi fue declarar a través del DNU N° 150 la emergencia en materia económica, financiera “entre otras áreas” para atender la crisis.
“El actual desfasaje mensual entre recursos y gastos se proyectará inevitablemente en los próximos meses en atención a los compromisos ya asumidos que fija un nivel gastos estructurales muy por encima de la capacidad de pago del Estado provincial”, se consigna en un párrafo de los fundamentos del texto al que tuvo acceso El Chorrillero.
La administración de Poggi tiene en cuenta que los recursos ordinarios de la Provincia, corrientes y de capital desde 2019 al 2022, inclusive, “fueron insuficientes para financiar el conjunto de las erogaciones de la administración central y descentralizada”, según las Cuentas de Inversión y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación.
De acuerdo a los datos oficiales, 2023 “correrá igual suerte puesto que cerrará con un déficit aún mayor”. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos al 30 de noviembre mostró un déficit de $ 87.963.974.433,75 que, sumado a los importes consignados en el Decreto Nº 11631-MHP-2023 del 5 de diciembre, se proyecta que finalizará en $ 125.120 millones a fin de año.
El nuevo Gobierno advirtió que “hasta ahora esa necesidad financiera se fue cubriendo con la liquidación de la moneda extranjera ordenada por Decreto Nº 7806-MHP-SF-2023 del 6 de setiembre de 2023 y con la venta de los títulos públicos recibidos o adquiridos en virtud del pago de la deuda judicial que el Estado Nacional mantenía con la Provincia” en el marco del convenio suscripto el 30 de diciembre de 2020”.
Además se anticipa que los recursos estimados para el próximo año se “resentirán sensiblemente por la caída de los recursos por ´intereses por depósitos´ y por ´intereses por títulos y valores´ con motivo de la pérdida del stock financiero que lo generaba y devengaba, como también, por la merma que registrarán las transferencias por Coparticipación Federal producto de la modificación introducida por la Ley 27.725 que redujo la recaudación de los impuestos coparticipables”.
“El contexto nacional no es alentador. La mayoría de los organismos y consultoras especializadas prevén una contracción de la actividad económica y alta inflación. La caída del consumo y del nivel de actividad repercutirá negativamente en las recaudaciones fiscales en términos reales”, señala el proyecto.
La gestión de Poggi entiende que “más allá del ordenamiento que se pueda realizar de las cuentas públicas -lo que supone un proceso con cierta extensión temporal-, considerando el contexto provincial y nacional que transitamos, se concluye sobre la necesidad de acceder a financiamiento externo que posibilite hacer frente al pago de salarios, planes sociales y demás obligaciones estatales, además del pago de los certificados de obras públicas y proyectos de inversión, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales a cargo de la Provincia”.
El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura las operaciones de crédito público que hubiere realizado, dentro de los treinta días de su requerimiento, y, en su caso, remitirá un informe mensual con detalle de su evolución, ordena la iniciativa.