El ministro Ordóñez informó a los senadores de la oposición y del oficialismo sobre la necesidad de adquirir el empréstito
El titular del ministerio de Hacienda presentó ante los legisladores una radiografía de las cuentas públicas que exhiben al cabo de la finalización de la gestión de Alberto Rodríguez Saá un déficit de $125 mil millones.
El Salón Azul del Palacio Legislativo fue el escenario hoy de la segunda exposición del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez de una exposición similar a la que hizo el último viernes antes los diputados. Esta vez fue ante los bloques de Unión por San Luis, Cambia San Luis y un unipersonal recientemente conformado. Ante ellos transparentó la necesidad de acudir al endeudamiento.
“El ministro lo que reconoce es que en esa proyección se ha puesto un objetivo de un recorte de gastos por parte del Ejecutivo en este plan de austeridad, para reducir a la mitad ese déficit. Pero hay gastos muy duros, que no se pueden tocar, por ejemplo, en materia educativa y necesariamente se tiene que recurrir a alguna otra herramienta”, señaló Adolfo Castro Luna (Cambia San Luis-Pedernera)
Tuvo en cuenta que este martes el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura el proyecto de ley para pedir un empréstito y que cada uno de los legisladores ya tiene la documentación respaldatoria en formato digital sobre los números en rojo y todo lo que se ha encontrado en las cuentas provinciales el 10 de diciembre.
El vicegobernador Ricardo Endeiza se reunió con el presidente de la bancada opositora Unión por San Luis, Juan Carlos García; Martín Olivero, Sergio Guardia y Castro Luna del oficialismo; y Diego García.
“Hay una limitación constitucional que habla del 25% de la renta de la provincia, o sea que se puede adquirir hasta $150 mil millones para después evaluar cuáles son las necesidades financieras de ir cubriéndolo, porque por ahí lo que nos comenta el ministro Ordóñez es que posiblemente hay líneas crediticias, por ejemplo con el Banco Nación que puede llegar a financiar sueldos durante un periodo corto”, agregó el legisador de Pedernera.
Por su parte, la directora General de Hacienda, Teresa Cappiello, se refirió a que “los tiempos son sumamente cortos, el tema del desdoblamiento de salarios en el mes de enero es irreversible, y contar con la autorización para endeudarnos en caso de que sea necesario, lo antes posible, sería realmente una tranquilidad”.
“Lo que se está haciendo, de acuerdo a las instrucciones del gobernador (Claudio Poggi) y a la emergencia es conocer con la mayor exactitud los ingresos, los recursos con que va a contar la Provincia y a partir del conocimiento de los gastos, poder reducir todos aquellos que se puedan o posterguen en el tiempo”, manifestó la funcionaria.
Capiello planteó que el informe situación se formuló en base a información de la gestión anterior y que si en cuyo caso hubiera un superávit de $16 mil millones como sostiene la oposición, aun así, los fondos son insuficientes para los gastos que tiene la Provincia.
“Años anteriores había un dinero, un recurso extraordinario como fue el cobro del juicio a la Nación que permitía afrontar gastos aunque los recursos ordinarios no fueran suficientes, pero ahora no hay nada para que se pueda acudir a estos desfasajes financieros y estructurales. Entonces creemos que realmente es muy difícil poder avanzar sin contar con esa posibilidad de acceder al crédito”, fundamentó.
Y argumentó que “tal cual lo prueban los artículos 90 y 91 de la Constitución, una ley puede autorizar endeudarse hasta un 25% de los recursos corrientes que ha tenido la Provincia durante los últimos seis años y la ley va más allá proponiendo otro límite que sugiere que no exceda los seis meses consecutivos de los recursos que provienen de la Ley de Coparticipación Federal”.
Cappiello dijo que hay diferentes líneas a las que puede acudir el Gobierno para financiar el déficit. Un ejemplo de eso sería hacer una adenda al contrato con el Banco Nación para que la entidad desembolse los recursos para el pago de los salarios de la administración pública. Así, “el impacto de los días sin cobrar del empleado público sería absorbido directamente por la Provincia a posteriori”.
En efecto, advirtió que “nunca se va a hacer algo irresponsable o que agrave la situación estructural o financiera. La prioridad es reducir el gasto a lo máximo que se pueda y tener la herramienta que nos permita endeudarnos para en el caso de que la situación sea crítica, poder tener soluciones rápidas para los escenarios que se presenten”.