El fiscal de Estado informó sobre las causas judiciales a funcionarios del anterior Gobierno
Víctor Endeiza se refirió a las denuncias presentadas tras detectarse irregularidades en la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
“El panorama es que en cada dependencia del Estado se están encontrando diversas irregularidades”, dijo el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, durante la conferencia de prensa que ofreció al término de una reunión de gabinete.
Según explicó, el gobernador Claudio Poggi está al tanto de estas situaciones, que en muchos casos ameritan realizar denuncias penales, a través de los informes proporcionados por los ministros y secretarios, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones en distintos organismos gubernamentales. Destacó que las denuncias provienen tanto de la Fiscalía de Estado como de las propias áreas de gobierno.
En colaboración con los ministerios de Desarrollo Productivo y Seguridad, Endeiza informó sobre denuncias específicas, como el mal uso de vehículos oficiales, con un consumo excesivo de combustible, pertenecientes a la cartera que dirigía Marcelo Amitrano. En dicha causa se llevaron a cabo allanamientos para recuperar vehículos en distintas localidades, evidenciando la gravedad de las prácticas irregulares.
El fiscal también abordó el caso de la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien según la investigación creó un ente por decreto ejecutivo para transferir fondos de su cartera a diversos destinos, incluido un club que presidía ella misma. Se revelaron alrededor de 300 pagos irregulares y la Fiscalía está trabajando en la recopilación de pruebas para demostrar malversación de fondos públicos y posibles delitos como defraudación al Estado, peculado y negociación incompatible con la función pública.
Endeiza expresó su deseo de recuperar los fondos malversados. “Nosotros quisiéramos que todo este dinero que le falta hoy a la provincia de algún modo pueda ser recuperado. En algunos casos tenemos fe de que vuelvan al Estado bienes o dinero que hoy tienen de manera indebida algunos exfuncionarios”, comentó, y añadió: “No sé quién puede terminar preso, tendrá que ver con el delito que definitivamente se pueda probar y, en un juicio penal, el juez determinará el castigo”.
El abogado reconoció que el proceso llevará tiempo debido a la complejidad de las investigaciones y la necesidad de reconstruir los registros que han desaparecido. Y subrayó la importancia de la paciencia en este proceso judicial que busca la rendición de cuentas y la justicia en cada caso.