Cintia Ramírez, la funcionaria consentida de Rodríguez Saá que violó las restricciones en pandemia logró el archivo de la causa
La Justicia consideró que la ex funcionaria tuvo una “conducta atípica”, pero “justificada por tratarse del cumplimiento fiel de un deber asignado en ejercicio legítimo de sus funciones”. El operativo terminó en un papelón al ordenarse "desde arriba" a los efectivos policiales que frenaran el procedimiento y se retiraran del barrio privado donde estaban reunidos.
Dos semanas antes de que finalice el Gobierno anterior, la Justicia en San Luis ordenó archivar una causa contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Era investigada por una reunión social que hubo en mayo de 2020 en su casa, mientras regía en todo el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En ese entonces, la Policía había sido alertada porque en la vivienda de la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá había varios vehículos y música. En el lugar, estaban Agustín Alessio Gómez (pareja de Ramírez), Miguel Sánchez, Juan Carlos Cerizola y Josué Moyano. Todos funcionarios de la gestión saliente.
Mientras los efectivos llevaban adelante la labor, como era habitual en ese contexto sanitario, recibieron llamados para frenar con el operativo. Los efectivos del operativo estaban en la puerta del barrio privado esperando la orden para entrar, cuando les dieron la orden de dejar sin efecto el procedimiento y retirarse.
En la resolución del 24 de noviembre, la Justicia tuvo en cuenta la actuación de la Comisaría Nº 34, las pruebas incorporadas y un escrito presentado por la fiscalía de Estado, firmado por la apoderada Velia Guil, que desistió de “cualquier tipo de acción”, es decir no quiso avanzar con la causa, contra la funcionaria.
En su intervención, la directora de la sala penal de la fiscalía dijo que la reunión social se enmarcó en “funcionarios comprometidos que la acompañaban (a Ramírez) en las tareas propias de su labor, al momento en que fuera objeto de una denuncia anónima”.
Guil aseguró que Ramírez y sus funcionarios se trasladaron a la propiedad luego de tareas en al Ave Fénix porque había bajas temperaturas, poca luz y “cansancio”.
Desde la fiscalía de Estado, indicaron que el encuentro “se realizó por cuestiones estrictamente laborales y que tienen que ver con el cumplimiento de responsabilidades propias de la emergencia”.
En paralelo, era el mismo organismo que impulsaba denuncias y hasta sanciones a sanluiseños enmarcados en la violación del artículo 205. Incluso fue el mismo ex gobernador quien escrachó en el canal oficial a Gilberto Bongiovani, un vecino de Tilisarao y a una empleada de Carrefour, entre otros.
La Justicia consideró que “se trataba de personas en su totalidad exceptuadas conforme los decretos vigentes de ciertas restricciones”.
Por lo mismo, afirmaron que “la conducta investigada resulta atípica y a su vez justificada por tratarse del cumplimiento fiel de un deber asignado en ejercicio legítimo de sus funciones”.
“Todos se encontraban en cumplimiento del deber asignado justamente para paliar y contrarrestar los efectos lesivos de la pandemia”, cerró la resolución de archivo.
Ramírez encabezó hasta el 10 de diciembre en áreas donde se han detectado maniobras que configurarían hechos de corrupción.
El nuevo Gobierno denunció movimientos de fondos públicos por cientos de millones de pesos por parte de la ex funcionaria que en forma simultánea estuvo al frente de dos organismos (la secretaría y el Ente Deporte) y un club manejado discrecionalmente.
Rodríguez Saá antes de dejar el Gobierno ordenó a Eugenia Catalfamo darle lugar en la Universidad de La Punta para que siguiera comandando San Luis Fútbol Club. También instruyó que a Alessio lo nombraran en un cargo. Al ser intervenida la casa de estudios, ambos fueron removidos de las funciones.