Denunciaron que funcionarios de Tamayo favorecían a empresas que no cumplían con los requisitos
La empresa AZAI SRL formalizó la acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no descartan que las contrataciones hayan sido amañadas. La presentación permanece todavía en una fiscalía.
AZAI SRL demandó a ex funcionarios de Sergio Tamayo que habrían direccionado la licitación pública N 33-SSP-2022. La empresa presentó la oferta más económica para el servicio de desmalezado y limpieza, pero se les otorgó parte de la licitación a ITAR Puntano y Colorado SAS que no habían reunido la totalidad de la documentación y son desconocidas en el rubro.
Estas dos firmas resultaron adjudicatarias de servicios a un precio superior al que cotizó la denunciante.
Una comisión de funcionarios tramitó el expediente n° 1-10200042-2022 que versaba sobre la contratación de servicio de desmalezado, limpieza, remoción de micro basurales, escombros, tierra y mantenimiento integral de la ciudad de San Luis dividida en cinco zonas y la posterior contratación de desmalezado, limpieza y mantenimiento integral para la zona 6.
El 29 de diciembre del 2022 fue la apertura de sobres y en enero del 2023 se realizó la adjudicación.
En el dictamen, la comisión reconoció que AZAI SRL formuló una propuesta con un valor inferior a las otras, pero le adjudicaron únicamente la zona dos.
La empresa manifestó que prestó servicios en distintos sectores durante varios años y lo cumplieron de manera satisfactoria. De hecho, ocurrió en la gestión de Sergio Tamayo.
El abogado de AZAI SRL, Federico Magis, comentó a El Chorrillero que las otras empresas adjudicadas no tendrían trayectoria y que habrían sido creadas en el 2020.
El 7 de diciembre del 2023 radicaron la denuncia y cinco días después fue ratificada con la presentación de toda la documentación. El 29 se ordenaron dos oficios. Uno a la Municipalidad de San Luis para que envíe los expedientes de la licitación N° 33 y otro al Registro Público de Comercio para que informe sobre Colorado S.A.S. e ITAR Puntano.
En cuanto a las irregularidades, el abogado señaló que Colorado S.A.S no declaró ser propietario de bienes de uso (maquinarias ni herramientas) lo que se relaciona a no poseer antecedentes en el rubro licitado. Esta sociedad presentó contratos de comodato para cumplimentar con el requerimiento de bienes de uso. No adjuntó ninguna presentación de titularidad de bienes ni fotos de maquinarias o vehículos en donde consten sus patentes.
Los contratos, con fecha el 18 de enero del 2023, no fueron sellados en la dirección provincial de Rentas violando el Código Tributario y la correspondiente Ley Impositiva Anual en sus artículos 217,218, 219, 220 y concordantes, apuntó el abogado.
Por su parte, ITAR Puntano SRL figura en la constancia de inscripción en AFIP como principal actividad el “servicio de transporte automotor de cargas” que no coincide con el objeto de la licitación. No posee antecedentes en el rubro.
Los ex funcionarios denunciados integraron la comisión de evaluación y preadjudicación para la licitación que quedó conformada por Hugo Alejandro Acosta (presidente), Mariana Auriol (informe económico financiero), Víctor Areyuna (informe técnico) y Nicolás Carpio (a cargo interinamente de la Secretaría Legal y Técnica). Si bien la abogada Romina Velázquez (informe legal) formaba parte de este comité, no firmó la preadjudicación y en su lugar lo hizo Carpio.
En la gestión de Tamayo, Acosta fue secretario de Servicios Públicos, Carpio se desempeñó como secretario de Hacienda, Velásquez se desenvolvía en Asesoría Letrada dentro de la secretaría Legal y Técnica y Areyuna fue director de Higiene urbana y Espacios Verdes.
Se pidió que sean investigados por la presunta comisión de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no descartan otras figuras penales.