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Las cosas por su nombre: los legisladores de Alberto Rodríguez Saá mantienen de rehenes a los estatales

Se escondieron e impidieron resolver el pago de salarios.

Fotos aldo marchiaro
Josefina Aldana marcha junto al denunciado ex ministro, Cristian Niño y el diputado Federico Berardo.
Actualizada: 25/01/2024 11:33
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En una misma jornada el intendente Gastón Hissa informó la regularización del pago de sueldos y el gobernador Claudio Poggi comunicó que mantiene el desdoblamiento.

Lo de Hissa no fue magia y lo de Poggi no es un capricho.

A pesar del voto en contra del bloque de Rodríguez Saá y Tamayo, el Concejo Deliberante autorizó a gestionar un anticipo del agente financiero, el Banco Supervielle, para hacer frente de una vez al compromiso de enero. El intendente dijo también que podrá hacerlo por la aplicación de acciones de saneamiento.

El Gobierno repetirá el pago en dos cuotas porque los ahora legisladores opositores, que cobran el sueldo completo en tiempo y forma, se desaparecen cuando son llamados al recinto a asumir la responsabilidad.

“Pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina”, confirmó ayer la agencia oficial de noticias y dio a conocer que a raíz de las medidas de reducción del gasto superfluo se “acortaron los plazos de diferimiento”.

Al final ambos anuncios se convirtieron en las noticias del día por encima de la marcha en contra de Milei en la que se coló un grupo de ex funcionarios ultra albertistas y se robaron el protagonismo.

Gremialistas temerosos que no se atrevieron a levantar la voz durante el segundo ciclo del ex gobernador y estuvieron mudos durante el kirchnerato se mostraron desafiantes, pero terminaron siendo funcionales y actores de reparto de una elite que se paseaba oronda como si no debiera rendirle cuentas al pueblo del saqueo de las arcas públicas.

Estos funcionarios del Gobierno que dejó en bancarrota a la Provincia se movieron amigablemente entre los jerarcas sindicales cuya pasividad tenía olor a complicidad.

Zulema Rodríguez Saá y Josefina Aldana, referencias de albertismo de paladar negro, saludaban y posaban con los dedos en “V”.

¿No deberían dar explicaciones?

Las escoltaban Claudia Pinelli y Federico Berardo. Ambos son miembros del núcleo duro de diputados que no están dispuestos bajo ninguna circunstancia a facilitar una solución porque apuestan al naufragio del Gobierno y han asimilado el odio de su jefe a Poggi.

En el lote de legisladores que forma parte del plan desestabilizador están los senadores Mariana Cruz, Alejandro Torres, Hugo Olguín, Sergio “Pitín” Moreira y Carlos García; y los diputados Silvia Sosa Araujo, Fernanda Spinuzza, Enzo Mirábile, Gloria Petrino, Marina Garro, María del Carmen Gostelli y Marcelo Páez Logioia.

Estos dirigentes se victimizaron en los últimos días cuando el gobernador los mencionó como responsables del desdoblamiento.

No fueron nombrados para quedar expuestos al escarnio público.

El plan desestabilizador en venganza por la derrota del 11-J no se puede callar.

La corrupción hay que denunciarla.

Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre.

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