La Justicia Federal tomó intervención en el caso de la violenta manifestación de ATE que entró por la fuerza a la Municipalidad
La administración de Gastón Hissa recurrió al fuero nacional luego de que la dirigencia sindical ingresara por la fuerza al edificio.
Luego del violento episodio registrado que tuvo como protagonista a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Municipalidad de San Luis le solicitó a la Justicia que desaloje a los gremialistas que acampan dentro del edificio ubicado en la esquina de San Martín y Belgrano.
La presentación concretada por el abogado y apoderado de la comuna, Cristóbal Ibáñez, explica que se “obstaculiza la labor municipal, afectando gravemente la función pública, perjudicando de manera directa la prestación de los servicios públicos esenciales”.
También piden la medida con el objetivo de “resguardar el patrimonio municipal, garantizar los servicios básicos esenciales y el resguardo y seguridad de las personas que se encuentran trabajando en el municipio”.
Lo cierto es que el 30 de enero un grupo de dirigentes encabezados por el secretario general de ATE, Fernando Gatica ingresaron por la fuerza al Palacio municipal y permanecen en el interior del municipio para rechazar las bajas del personal nombrado en “forma irregular” por el ex intendente Sergio Tamayo.
La denuncia presentada este martes en la Justicia Federal nombra a otros dirigentes sindicales como Florencio Mendoza y Walter Damián Barroso como autores de los hechos violentos junto a otras 30 personas.
En este sentido se enumera cómo fue el ingreso y puntualiza las amenazas e insultos efectuados contra Hissa y el personal “que desarrollaba sus actividades con normalidad, no adhiriéndose a la protesta violenta de los gremialistas”.
“La conducta violenta de quienes ingresaron se mantuvo dentro de la Municipalidad, quienes continuaron con las amenazas y cantos ofensivos arrojando piedras al despacho municipal”, precisa.
Y agrega: “Esta violencia ejercida no tiene fin, ya que dichas personas siguen amedrentando, violentando bienes públicos y la totalidad de bienes que se encuentran en el establecimiento”.
Previo a esta presentación, Hissa intimó a ATE a que pague los daños que ascienden a los $6.822.44,68 “bajo apercibimiento de iniciar acciones legales correspondientes”.
La denuncia