Avanza la causa contra el ex ministro Cristian Niño por contrataciones que violaron la Ley de Presupuesto
Una fiscal pidió al Gobierno que remita todas las actuaciones que originaron la denuncia penal contra el funcionario de la gestión anterior. La documentación ya fue remitida a la Justicia.
La demanda penal contra el ex ministro, Cristian Niño dio un paso. Hoy se conoció que la fiscal adjunta, Roxana Alcaraz libró un oficio al ministerio de Salud para que remita a la Justicia los decretos y documentación de contratación de 800 agentes dispuestas durante 2023 por fuera de la Ley de Presupuesto.
El exfuncionario de Alberto Rodríguez Saá fue denunciado el 22 de enero por violación de los deberes de funcionario público a raíz del nombramiento de personal en el área de Salud sin tener en cuenta las limitaciones legales que le impedían hacerlo.
Al asumir el 13 de febrero de 2023, Cristian Niño, la cartera sanitaria contaba con una dotación de 4909 empleados. En los diez meses de gestión incorporó 800 empleados que ingresaron en varios casos inmediatamente antes de las elecciones generales, pero la mayoría de ellos, 678, fueron tomados después de la derrota electoral del partido oficialista.
“En un primer momento, se lo utilizó como estrategia de campaña electoral con el fin de sumar adeptos bajo una modalidad desesperada y en perjuicio de la sociedad y después, una vez perdiendo las elecciones, se hizo con la intención de perjudicar la economía del Estado para los nuevos gobernantes, sin comprender que indirectamente a quien estaba perjudicando no es ni más ni menos que al pueblo de San Luis que hoy sufre las consecuencias”, valoró la Fiscalía de Estado.
A su vez se entendió que “esta contratación masiva no sólo constituye un intento flagrante de imponer al Gobierno entrante una carga financiera insostenible, sino que también está diseñada para crear obstáculos económicos y administrativos, afectando su capacidad para ejercer sus funciones constitucionales de manera efectiva”.
En la presentación sostuvo que el nombramiento de esta cantidad adicional de empleados se hizo en “franca violación del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, que prohíbe al Poder Ejecutivo Provincial aumentar el número total de cargos”.
Fuentes gubernamentales confirmaron a El Chorrillero que la ministra Claudia Spagnuolo remitió toda la documentación requerida a la fiscal Roxana Alcaraz que actuó subrogando al titular de la fiscalía N°2, Ricardo Barbeito.