JUICIO ABREVIADO
Condenaron a tres años en suspenso para un culpable de abuso sexual y amenazas
Un tribunal decidió por unanimidad homologar el acuerdo alcanzado por las partes.
El fiscal de Cámara, Mario Zudaire, presentó ante el tribunal de juicio de la Tercera Circunscripción Judicial una propuesta de juicio abreviado con acuerdo de las partes, para que un hombre de 39 años sea condenado a 3 años de prisión en suspenso por resultar culpable de los delitos de amenazas y abuso sexual simple.
La audiencia se celebró este martes en la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial y luego de un cuarto intermedio el tribunal decidió por unanimidad homologar el acuerdo alcanzado por las partes. Previamente el imputado admitió los hechos y aceptó las pautas de conducta, informó la oficina de prensa judicial.
En el 2013 la madre de la niña denunció el abuso. En ese momento la víctima era menor de edad. El tribunal consideró que además se encuentran probadas las amenazas gracias al secuestro y las pericias realizadas a los celulares secuestrados. Este delito fue perpetrado por el imputado cuando tomó conocimiento de la denuncia realizada.
El juicio abreviado es una de las formas alternativas de culminar un proceso penal mediante el cual el acusado de un delito reconoce la existencia del hecho, su participación como autor, cómplice o instigador y acepta la calificación legal que le otorga a ese hecho el fiscal.
El presidente del tribunal, Gustavo Sanchiño, explicó que, a raíz que el objetivo de la pena es la resocialización, consideró conveniente que la sanción sea en suspenso ya que además el hombre cumple con las excepciones que prevé el Código Penal, es decir que no tiene antecedentes penales. El carácter “suspensivo” significa que el condenado no cumplirá la pena en un servicio penitenciario sino que deberá ejecutar pautas de conducta durante dos años, a saber: fijar residencia o mantener el domicilio actual e informar al tribunal de su modificación y no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes.
El tribunal a cargo del debate oral estuvo conformado por Gustavo Daniel Sanchiño, en la presidencia y Claudia Ucello de Melino y Sandra Elizabeth Piguillem, como vocales. El imputado fue representado por el defensor oficial, José Francisco Pérez.