Crimen del tatuador: “Producto de dos incompetencias, hoy el menor solo se encuentra con medidas tutelares que no son penales”

Este viernes se cumplen 15 días del brutal ataque que se llevó la vida de Cristian “El Zabeca” Esquivel, un reconocido tatuador en San Luis. En la madrugada del 22 de febrero fue apuñalado siete veces. Tenía lesiones cortopunzantes en el tórax, en la zona axilar, en el hombro y en la espalda. Una de ellas llegó a una profundidad de 17 centímetros.

Exactamente una semana después, la Policía detuvo a dos hermanos de apellido Becerra sindicados como los principales sospechosos del hecho. Omar de 22 años y L.E. de 17. Ambos fueron aprehendidos en un allanamiento en el barrio La Vecindad.

Si bien los fiscales Francisco Assat Alí y Juan Pablo Díaz Estopiñán lograron elaborar su teoría del caso y llegar a los presuntos atacantes, hoy la familia de Esquivel ve cómo la justicia se aleja, mientras determinan qué juez es competente para resolver sobre el menor.

Fue alrededor de las 3:45 de ese jueves cuando herido, Esquivel caminó unos 50 metros hasta llegar a la estación de servicio ubicada en Héroes de Malvinas y Riobamba. Fue allí donde lo auxiliaron playeros, quienes llamaron a emergencias. Fue a ellos a quienes les manifestó que habían intentado asaltarlo. “Papá vení a buscarme, estoy en la esquina”, fue el último llamado que hizo el tatuador.

A eso se sumaron cámaras de seguridad públicas y privadas, una de ellas incluso contaba con audio, y eso pudo registrar insultos y hasta gritos de dolor del hombre de 49 años.

El sábado, en la audiencia de formulación de cargos, los hermanos Becerra fueron imputados por homicidio criminis causa, un delito que prevé una pena de prisión perpetua. Para el mayor, el ministerio Público Fiscal, solicitó una preventiva de 120 días, mientras que para el menor una domiciliaria por tres meses.

Sin embargo, a partir de un planteo del defensor de Niñez, Sebastián Privitera, Flores Leyes se declaró incompetente respecto a la medida y ordenó la liberación de L.E. Fue entonces que la decisión llegó hasta la jueza Penal Juvenil, Daniela Benenati, quien tampoco quiso intervenir en la medida.

“Nosotros inmediatamente concurrimos al jugado de Penal Juvenil, pedimos una audiencia para tratar esas medidas cautelares y la jueza también se declaró incompetente ante lo cual hemos efectuado una revocatoria con apelación en subsidio”, contó Assat Alí. Con esto buscan que se revoque “ese decreto de la jueza en donde no nos da la audiencia a los fines de poder tratar esta medida cautelar”.

Ahora debe pronunciarse el Tribunal de Impugnaciones, aunque no hay una fecha concreta para que lo haga. Así, tampoco tienen la garantía de que ante la aceptación de una prisión domiciliaria, puedan dar con el paradero del adolescente.

“Lamentablemente, producto de esas dos incompetencias, hoy en día el menor solo se encuentra con medidas tutelares que no son penales”, cuestionó el fiscal en diálogo con El Chorrillero.

Este miércoles, el hermano mayor quiso declarar ante el juez y responsabilizó a L.E. sobre los hechos.

"Esa noche en la casa de mi mamá, mi hermano me pidió que lo acompañe a comprar, le pregunté qué y me dijo media piedra de faso. Le dije que no, pero me insistía. Dijo que era a unas cuadras y le dije que bueno. Contó la plata delante mío, eran unos $8 mil o $9 mil. Salimos caminando de la casa de mi mamá y llegamos hasta el lugar donde sabía limpiar vidrios siempre (por L.E.)", relató.

Agregó que cuando arribaron a la intersección de Héroes de Malvinas y Riobamba “se hicieron una seña con el señor este (por Esquivel), se fueron hacia el oscuro y yo me fui más adelante”. Segundos más tarde “se pusieron a discutir, a empujarse, a agarrarse. Luego vi que mi hermano sacó algo, supuse que era un cuchillo y pegó una, dos y tres veces, no me acuerdo bien. En ese momento salí corriendo y detrás, mi hermano”.

Assat Alí indicó que interpretan la declaración “como una confirmación de nuestra hipótesis en primer lugar” porque “ellos en la declaración se han situado en el lugar del hecho y en el momento del hecho y también respecto de las acciones que nosotros imputamos”.

“Si bien han intentado, como una estrategia defensiva, descargar las responsabilidades respecto de la persona menor de edad, a nosotros no nos conmueve en nada en nuestra plataforma fáctica, en el sentido de que al delito nosotros lo tenemos consumado de la forma en que nosotros lo habíamos planteado”, explicó.

En este contexto y ante el peligro de fuga del adolescente, el fiscal planteó que “naturalmente en este tipo de delitos siempre hay un riesgo porque estamos hablando de delitos de una pena máxima que es la prisión perpetua”.

“Es por eso que nosotros estamos recurriendo la medida de la jueza y también buscando que el Tribunal de Impugnaciones tenga una resolución rápida, teniendo en cuenta el peligro en la demora que podría ocasionar un entorpecimiento de la investigación”, cerró.