Sergio Freixes, familiares y colaboradores fueron denunciados por asociación ilícita y lavado de dinero

El fiscal de Estado, Víctor Endeiza presentó dos nuevas denuncias contra el ex ministro, Sergio Freixes. Esta vez, por asociación ilícita y lavado de dinero y una de las presentaciones llegó a la Justicia Federal. Al mismo tiempo, en el ámbito provincial la acusación alcanza a toda su familia y su círculo íntimo.

Las nuevas presentaciones judiciales tienen como origen las maniobras irregulares que Freixes y su clan llevó adelante durante años y que tuvieron como víctima a la comunidad del Pueblo Ranquel. Todo ocurrió durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Endeiza denunció en la Justicia de San Luis a Freixes; su esposa Viviana Moreira (ex asesora en el Senado); sus hijos Francis (funcionario del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá) y Diamela Freixes (intendenta comisionada de Nueva Galia); su secretaria Sofía Aguilera; Miguel García Montani; Marcos Daniel Ferreyra; Diego Ezequiel Lucero; y el ex comisario Marcelo Enrique Balbo.

Están sospechados de integrar una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde el 21 de abril de 2020 hasta el 27 diciembre de 2023, con la finalidad de “organizar un esquema de maniobras defraudatorias sobre los fondos propios de la Municipalidad del Pueblo Ranquel”, según el fiscal que se constituyó con el patrocinio del abogado Favio Avila.

El objetivo final era “enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la administración pública”.

Según expuso Endeiza, la asociación ilícita era comandada por el ex senador e intendente y su esposa. Ambos “detentaron por un lado un poder especial para operaciones administrativas y bancarias” otorgado por el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira.

Los acusados manejaban la sociedad El Relincho S.R.L. y la “utilizaron para la defraudación a la administración pública”. El dinero que dispusieron en su beneficio personal, estaba girado sobre dos cuentas en el Banco Supervielle.

El poder con que contaba Freixes, su familia y amigos fue otorgado por un ministro que no tenía facultades para hacerlo y violando las leyes N° V-0600-2007 y V-0677-2009. De esta manera “una persona ajena a la comunidad Ranquel, con un poder ilegítimo, se constituyó como administrador de los asuntos agropecuarios de la comunidad y que en los hechos pasara administrar las cuentas municipales como las productivas”.

Con un diagrama, el fiscal explicó el funcionamiento de la asociación ilícita con el rol que cumplía cada uno de los integrantes.

También tuvo en cuenta los ingresos que percibían, que fueron concentrados, en tres grandes grupos: los del Estado provincial, los de arrendamientos por contratos de  hacienda, y los de la venta de hacienda.

La investigación pudo determinar que entre abril de 2020 y diciembre de 2023 recibieron $669.696.011,61.

La fiscalía de Estado encuadró los hechos en los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el fuero Federal, la denuncia fue presentada al fiscal Cristian Rachid con el patrocinio de Santiago Calderón Salomón por lavado de dinero.

En la fundamentación, Endeiza hizo un repaso histórico sobre el Pueblo Ranquel, la restitución de sus tierras, la inscripción de la comunidad y la designación del lonko Víctor Baigorria.

Sumó a eso un hecho que ya fue denunciado en el ámbito provincial, como fue el autonombramiento como lonkos del ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h), de Freixes y de Aguilera.

Explicó que la investigación por este hecho derivó en nuevas irregularidades. La más grave fue el poder que otorgó Lavandeira en abril de 2020 para que Freixes intervenga en los asuntos agropecuarios de la Municipalidad del Pueblo Ranquel.

Concretamente sobre el lavado de dinero, advirtió que los recursos obtenidos por medio de la asociación ilícita fueron blanqueados para “otorgarle apariencia lícita”. El medio para concretar esto, habría sido El Relincho S.R.L., que era manejada por allegados al dirigente albertista.

“Se aportan elementos suficientes para sostener la existencia de uno o varios delitos precedentes cometidos por el denunciado y que cuanto menos parte de los bienes así obtenidos los ha aplicado a la operación productiva o comercial de otra empresa, perteneciente a sus familiares directos y allegados íntimos a fin de que los mismos adquirieran apariencia de licitud”, resumió Endeiza.

La fiscalía de Estado solicitó a la Justicia Federal que se libre oficio al Banco Central, a la AFIP, a la UIF, al Banco Suipervielle, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Senasa y a otras entidades para obtener información.