La denuncia por asociación ilícita a Freixes: exponen que defraudó con fondos públicos para enriquecerse

El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, presentó una denuncia en la Fiscalía N° 1 de Villa Mercedes contra el ex ministro y senador, Sergio Freixes; su esposa Viviana Moreira (ex asesora del Senado); sus dos hijos Diamela (hoy intendenta comisionada de Nueva Galia) y Francis (ex funcionario provincial); su secretaria Sofía Aguilera; Miguel García Montani; Marcos Ferreyra, Diego Lucero ( intendente de Fortuna) y el comisario general, Marcelo Balbo.

Fueron acusados de integrar una asociación ilícita que funcionó desde el 21 de abril de 2020 al 27 diciembre de 2023 y tenía por objetivo organizar un esquema de maniobras defraudatoria” sobre los fondos propios de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, con el fin de enriquecerse personalmente aprovechando la posición que tenían como funcionarios.

La organización era comandada por Freixes (padre) y su esposa quienes detentaron por un lado un poder especial para operaciones administrativas y bancarias otorgado por el ex ministro de Producción, Juan Lavandeira, y por el otro el manejo de la sociedad El Relincho SRL que utilizaron para cometer el presunto ilícito.

En la presentación, Endeiza hace un repaso histórico sobre la restitución de tierras fiscales a la comunidad Ranquel como una forma de plasmar un contexto sobre la denuncia.

Origen y funcionamiento de la “asociación ilícita”

El 21 de abril del año 2020, Lavandeira otorgó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias a Freixes padre para que en su nombre y representación, “intervenga en los asuntos agropecuarios del establecimiento San José – Municipalidad del Pueblo Ranquel”. Ese proceso administrativo estaba autorizado por el escribano auxiliar del Gobierno provincial, Mario Esteves (III).

El documento indicaba que para obligarse todos los instrumentos debían constar con la firma del ex funcionario albertista y acompañada indistintamente por Montaini y/o lonko Víctor Baigorria.

“Consideramos que este fue el inicio de la asociación ilícita, donde, a través de un poder especial otorgado por un funcionario sin facultades para hacerlo y en contra de una ley provincial pone en manos de Freixes al frente de los asuntos agropecuarios del establecimiento San Jose- Municipalidad del Pueblo Ranquel, una persona ajena a la comunidad se constituyó como administrador y que en los hechos pasara a administrar las cuentas municipales como las productivas”, señalaron en la presentación.

Ingresos monetarios

La municipalidad del Pueblo Ranquel, operaba con dos cuentas del Banco Supervielle una donde el Gobierno depositaba la coparticipación y Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y otra donde se administraban todos los fondos producto de la explotación agropecuaria y venta de ganado de las 66 mil hectáreas que tiene la comunidad.

En este sentido, el fiscal señaló que la suma de estos montos percibidos a partir de abril de 2020 hasta diciembre de 2023, en base a la información oficial que manejan desde Terrazas del Portezuelo, de organismos nacionales como AFIP y Senasa, de movimientos bancarios en cuentas propias de la comunidad en Banco Supervielle y por documentación aportada en fiscalía por parte de la ex administración a cargo de Freixes, ascienden en valores nominales históricos a los $669.696.011,61.

En cuanto a los ingresos provinciales, Endeiza detalló que se produjo un “notorio” aumento el año pasado en la recepción de fondos provenientes del Tratado de la Toma porque adicionalmente el pueblo recibió tres aportes; el primero de ellos fue realizado el día 20 de octubre por $2 millones, el segundo el 17 de noviembre por $5 millones y el último el 7 de diciembre por $50 millones. La totalidad de los desembolsos realizados en el período observado, ascienden a los $223.118.153,19.

En cuanto a los ingresos por arrendamientos, observó que fueron varias las personas jurídicas y físicas que ingresaron con animales al Establecimiento San José – Municipalidad del Pueblo Ranquel para llevar adelante el negocio, pero solamente dos firmas realizaron pagos a la comunidad mediante transferencias bancarias.

La totalidad de los ingresos recibidos ascendieron a los $93.957.046,08. Puntualmente la empresa Alfredo S. Mondino abonó por última vez el monto correspondiente a enero 2023. Posterior a eso se han devengado arrendamientos que no fueron pagados. Con la actualización de precios, y lo adeudado por esa firma llega a los $120.812.007,94.

A su vez, aclara que El Relincho SRL en la actualidad y desde el 6 de diciembre de 2020 tiene hacienda en el establecimiento San José, pero no se encuentran facturas emitidas por parte de la Municipalidad y tampoco depósitos en cuentas bancarias provenientes de tal sociedad comercial. Misma situación se presenta con Carlos Federico Bassi, Carlos Fernando Bassi y Carlos Daniel Bassi, "en mucho menor cuantía”.

La denuncia también aclara que la firma El Relincho SRL, del propio Freixes, desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta la fecha tiene hacienda en el Establecimiento San José, pero no se encuentran facturas emitidas por parte de la Municipalidad y tampoco depósitos en cuentas bancarias provenientes de tal sociedad comercial. La misma situación se presenta con Carlos Federico Bassi, Carlos Fernando Bassi y Carlos Daniel Bassi.

Otro de los ingresos era por la venta de hacienda que funcionaba casi de forma exclusiva con Mondino que actuó bajo dos compañías; Alfredo S. Mondino (persona física) y Alfredo S. Mondino Hacienda SRL con asiento de remates en la feria de Buena Esperanza.

En este sentido, la totalidad de las facturas realizadas por venta de semovientes fue de $343.620.812,34. Sin embargo, el fiscal afirmó que “no pueden comprobarse ingresos en cuenta por montos equivalentes”.

Acá es donde notó que hubo “varias irregularidades” como ventas de animales declaradas en Senasa sin factura correspondiente, como así también operaciones facturadas sin la salida correspondiente del stock declarado en el organismo nacional de sanidad.

“Se observa que en agosto 2020 se realiza la comercialización de 13 terneros que son enviados al establecimiento “Don Quique” de la cual no existe factura y tampoco el correspondiente ingreso de fondos en las cuentas por la operación. Con la misma modalidad se encuentra otra operatoria el 26 de junio 2021 que involucra la venta de 88 novillos con destino al establecimiento “Don Eberto”.

Asimismo, entre las ventas que se efectuaron y cobraron pero no fueron declaradas en Senasa, se encuentran 60 terneros en diciembre de 2020 y 28 en agosto de 2021 ambos negocios de forma directa con Héctor Rubén Canonero.

“No declarar una salida en Senasa significa una sobre valuación de stock. Estos últimos hechos evidencian extrema gravedad y dan cuenta de la extensión de los actos defraudatorios de la asociación ilícita denunciada”, apuntó el fiscal.

El denunciante hizo un análisis de ambas cuentas bancarias. En la primera, relacionada con la coparticipación, la cual indica que los egresos en ese periodo en que funcionó la asociación ilícita alcanzan los $164.747.778,43: “Puede observarse que más del 50% de los gastos se justifican con la modalidad de supuestos contratos por locaciones de servicios y además existen otros sin documentar por $30.044.426,09”.

En la otra cuenta, que tiene que ver con la parte agropecuaria de la comunidad Ranquel, los egresos llegan a $313.096.610,09: “De la documentación aportada por Freixes puede detectarse facturas y contratos de servicios que justifican erogaciones por $253.892.563,23, pero hay otros de las cuales no se cuenta con toda la información necesaria para validarlos por $59.204.046,86”.

Endeiza precisó que hubo salidas de dinero sin documentar por $89.248.472,95.

Otras maniobras defraudatorias

Otra de las maniobras desarrolladas por la asociación ilícita son las supuestas erogaciones en que incurrieron relacionados a la construcción y a la compra de materiales para obras de electricidad.

Durante toda la administración se observan gastos en estos conceptos por un monto aproximado a los $12 millones pero más del 90% de esos se hicieron durante el 2023.

“Se constató que en la comunidad no hubo, en los últimos tiempos, arreglos en el hospital, en la escuela ni en la administración. Los puestos rurales son cinco, sin contar los alquilados, de los cuales dos están derrumbados y otros dos inutilizables. Tampoco se pueden visualizar mejoras en las casas en las que habitan los habitantes originarios”, manifestó Endeiza.

Además, aseguró que no hay materiales acopiados que justifiquen esas compras y mencionó que el 19 de octubre del año pasado hubo una erogación por $2.550.000 para la adquisición de chapas, perfiles y hierro de construcción.

“La factura por tales bienes es de un proveedor situado en la Comunidad Menonita en proximidades de Nueva Galia. Solicitando se investigue la misma”, aportó el fiscal.

En la denuncia deja entrever que los recursos destinados al mantenimiento del supuesto parque automotor son “exageradamente cuantiosos”.

“Haciendo un exhaustivo análisis de la documentación aportada por uno de los jefes de la asociación ilícita, puede estimarse gastos que rondan aproximadamente los $40 millones, de los cuales aproximadamente, el 75% fueron realizados en 2023. Curiosamente cuando comienza el proceso de normalización el día 27 de diciembre de 2023, una de las principales problemáticas que debía afrontarse es que no había ningún vehículo en condiciones para recorrer las más de 60 mil hectáreas”, planteó.

Agregó también que se produjo una “abundancia” de reparaciones de vehículos entre los miembros de la asociación ilícita quienes autorizaron la adquisición de repuestos, mantenimiento y servicios técnicos de unidades cuya titularidad dominial está a favor del Gobierno. Por ejemplo, algunos fueron secuestrados en un operativo que realizó la Policía en Nueva Galia a fines del año pasado.

La función que se le adjudica a cada uno de los integrantes de la asociación ilícita

Sergio Freixes: era uno de uno de los jefes y organizadores, sin tener ninguna pertenencia al pueblo Ranquel, y fuera del marco normativo, administró a su “antojo” los fondos de la Municipalidad, disponiendo con el manejo de las cuentas bancarias con transferencias a los demás integrantes de la banda criminal, realizando contrataciones sin la debida rendición de cuentas, comercializando hacienda sin rendir cuentas de la misma, valiéndose de la sociedad de responsabilidad limitada El Relincho, creada por sus hijos y luego cedida a su esposa; mediante la cual se logró la transferencia de altas sumas de dinero sin justificación e incluso según los detalles registros bancarios.

Al mismo tiempo, era funcionario del Gobierno provincial. Su último cargo fue el de jefe de Programa Festivales Puntanos.

Viviana Moreira: en calidad de esposa y ser la persona de máxima confianza de Freixes, cumplió el rol de jefa de la asociación ilícita junto a su marido, en tanto uno disponía de los fondos públicos y la otra era socia de la principal prestadora de servicios y venta de cosas muebles de la Municipalidad del Pueblo Ranquel.

Sofía Aguilera: la fiscalía supone que era la secretaria en la Administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel (no existe documentación que avale tal designación), y percibió cuantiosos ingresos por tareas administrativas, como así también por viáticos, en el período del 21 de mayo de 2020 hasta el 27 de diciembre de 2023.

“La cercanía con la familia Freixes, la percepción de los fondos mencionados, su colaboración con las actividades defraudatorias realizadas a través de El Relincho SRL acreditan su pertenencia a la asociación ilícita”, expuso el fiscal.

También era funcionaria del Gabinete de Rodríguez Saá.

Arturo García Montani: realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia según los contratos provistos por la administración y percibió en por tales conceptos la suma de $4.981.754,17.

“La percepción de los fondos acredita su pertenencia a la asociación ilícita, su calidad de contador y co autorizado a operar las cuentas bancarias mencionadas con las irregularidades puesta de manifiesto como sobreprecios y doble imputación de gastos hacen que su aporte haya sido necesario para que la defraudación haya existido en la duración de tiempo y la extensión que evidencia la presente denuncia”, fundamentó.

Diego Lucero: fue socio a partir del 22 de julio de 2019 de El Relincho SRL y si bien no se presentan contratos de servicios ni facturas que justifiquen pagos a su favor como persona física, se encuentran en los detalles registros bancarios transferencia su CBU personales del Banco Supervielle desde el 4 de septiembre de 2020 al 29 de julio del 2022.

Marcelo Balbo: percibe en su CBU personal del Banco Supervielle transferencias por diversas tareas como servicios de fletes, logística, administración y por compra de inyectores.

Francis Freixes: socio fundador de El Relincho S.R.L. e hijo del administrador jefe de la Asociación Ilícita junto con Moreira. Recibió transferencias de la Municipalidad del Pueblo en Ranquel en varias oportunidades a sus CBU personales por la suma de $600.018,16.

En el último tiempo ocupaba el cargo de jefe del Área de Planificación de Eventos del Gobierno.

Marco Ferreyra: El mismo está como trabajador registrado de la Municipalidad del Pueblo Ranquel y además percibió transferencias por eventuales contratos de servicios a su CBU personal por la suma de $2.467.936,04.

Diamela Freixes: Siendo hija y mano derecha de los organizadores de asociación ilícita, ha recibido con pleno conocimiento, beneficio económico personal en la reparación de vehículos de su propiedad en Toyota Alianz San Luis, facturados a la Municipalidad del Pueblo Ranquel y abonados por esta misma. Entre otras conductas sujeto a investigación en la presente causa.

La denuncia