OPINIÓN
Cambios en Ley de Movilidad: mejor, peor o más de lo mismo
Por Adrián Tróccoli (*)
Dentro de todos los cambios que intentó el nuevo Gobierno se incluyó la reforma de la movilidad jubilatoria.
La “Ley ómnibus” se cayó en el debate, ahora senadores radicales y varios proyectos en la Cámara de Diputados replican el capítulo acordado para modificar la Ley de Movilidad en un proyecto que se tratará en el Congreso durante las sesiones ordinarias.
El presidente de la Nación dijo que el proyecto enviado por el PEN estaba supeditado a que se establecieran los fondos necesarios, es decir, que vuelvan a instituir el Impuesto a las Ganancias.
Es otra manera de decir que Sergio Massa les sacó la plata a los jubilados.
La pregunta más importante es: ¿Estos proyectos sirven? Sí, claro, son mejores, pero insuficientes.
La idea es simple: los incrementos de los beneficios previsionales sigan a la inflación publicada por el Indec con la mayor rapidez posible.
La ley sancionada durante el gobierno de Macri tenía una demora desde que se producía la inflación hasta que se les pagaba a los jubilados de hasta 8 meses, imposible pensar en un atraso así: la inflación de los últimos 8 meses fue de 160%.
La ley actual, sancionada por impulso de Fernanda Raverta, es única en el mundo, compleja, difícil de explicar y con resultados nefastos.
Los cambios ahora propuestos tienen dos ventajas: las jubilaciones dejarán de caer, y recuperarán lo perdido durante el primer trimestre del año en el que se espera un incremento de los precios del orden del 60% que el magro aumento de 27,18% determinado para marzo no cubre.
La contracara es que al quedar enganchados a la inflación no recuperarán el valor perdido en estos 6 años.
La pérdida se puede medir de muchas maneras, la más sencilla es contra la inflación oficial, a diciembre una jubilación de $200.000 (que nunca cobró un bono de refuerzo) perdió el 53%, es decir que compraban menos de la mitad de las cosas que compraban en diciembre de 2017.
También es útil compararlo con la Canasta Básica Alimentaria (que publica el Indec), en 12/2017 una jubilación del doble del haber mínimo “compraba” 6,8 canastas, ese mismo haber actualizado a hoy sólo equivale a 2,2 canastas.
Y a todo esto le falta el efecto del “empalme” que se produjo con el cambio de Ley en 2017, una caída aún mayor.
La pregunta pendiente de respuesta es si el gobierno dará una solución que recupere el poder adquisitivo perdido estos años o si espera que cada jubilado concurra a la Justicia a reclamar y pagar a cuentagotas a medida que las sentencias queden firmes.
Por ahora la Corte Suprema también espera una respuesta política y acumula más de 30 mil expedientes que piden una reivindicación de sus derechos y poder vivir de su jubilación.
(*) abogado previsionalista