El Tribunal de Impugnaciones confirmó las acusaciones a Ramírez, le prohibió salir del país y ordenó que entregue el pasaporte

Este miércoles, el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal se pronunció sobre las apelaciones que hicieron la defensa de Cintia Ramírez y la fiscalía de Estado sobre las medidas que dispuso el juez de Garantía, Marcos Flores Leyes sobre la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá.

La secretaria de Deportes hasta el 9 de diciembre, es investigada por negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.

El jueves pasado, el abogado de Ramírez, Ramiro Rubio fundamentó el recurso que pedía la nulidad de la formulación de cargos y también se opuso a la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de sus bienes.

El abogado de fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón insistió en la prisión preventiva bajo el fundamento de la libertad puede entorpecer la investigación y obstaculizar el proceso por una posible fuga de la imputada.

En relación a los requerimientos de la defensa de Ramírez, el Tribunal integrado por Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Laura Molino decidió confirmar la formulación de cargos y las medidas de coerción que habían sido propuestas por el fiscal Francisco Assat Alí e impuestas por Flores Leyes.

Tuvieron en cuenta que los requisitos para la nulidad de la acusación “se vislumbran inexistentes, no habiéndose expresado concretamente cuál sería el gravamen suficiente para hacer lugar al recurso intentado”.

Respecto a la morigeración de las medidas de coerción indicaron que ya están morigeradas porque en la formulación de cargos, Calderón Salomón había solicitado otra más gravosa como la preventiva.

Puntualmente sobre la inhibición advirtieron que es “acorde a los fines de garantizar el proceso y en su caso el eventual cumplimiento de condena atento los delitos que le han sido imputados”.

En otro pronunciamiento, el Tribunal de Impugnaciones rechazó la prisión de la ex funcionaria, pero ordenó que entregue su pasaporte y también le prohibió la salida del país.

Los jueces se opusieron a encarcelar a Ramírez bajo el argumento de que “la prisión preventiva es la medida coercitiva más gravosa de nuestro ordenamiento procesal y como tal debe ser la última ratio”.

Explicaron que existen otras medidas que “por sí solas o combinadas puedan dictarse a los fines de cautelar el proceso sin llegar a la restricción de la libertad ambulatoria”.

Consideraron también que la prohibición para salir del país, la inhibición de bienes y la firma del libro de imputados durante cuatro meses son “las que más se adecuan a la imputación realizada y a las evidencias colectadas, y resultan razonables y proporcionales a los fines de cautelar el proceso”.

Finalmente, aclararon que en el caso de “incumplimiento de alguna de ellas por parte de la imputada, el juez de Garantías a requerimiento de las partes podrá valorar la imposición de una medida más gravosa”.

Esta semana, la ex funcionaria volvió a ser denunciada por la fiscalía de Estado. Esta vez fue por incumplir una orden judicial porque salió de la provincia para asistir a una actividad que había sido suspendida el día anterior y se fue a un recital.

Además, solicitaron que “se fije fecha de audiencia a los fines de debatir sobre la necesidad imperiosa de ordenar una prisión preventiva”.