El juez Flores Leyes rechazó detener a la ex secretaria de Deportes por desobedecer una orden judicial e ir a un recital en Rosario
La fiscalía de Estado había solicitado la prisión preventiva mientras dure la investigación por cuatro delitos. El fiscal Francisco Assat Alí adhirió al requerimiento.
Este miércoles se realizó una nueva audiencia en el marco de la investigación a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. La ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá está acusada de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
El abogado de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón volvió a pedir la prisión preventiva de Ramírez, esta vez bajo el argumento de que incumplió con una orden judicial.
En el marco de la causa, el juez de Garantía Marcos Flores Leyes había impuesto como medidas de coerción la imposibilidad de salir de la provincia (salvo por cuestiones de trabajo o salud), la firma del libro de acusados y la inhibición general de bienes.
Sin embargo, la semana pasada se supo que la ex funcionaria había sido autorizada por la Justicia a trasladarse a Santa Fe en su condición de vicepresidente del Federal A a una actividad en clubes de fútbol. Pero esto había sido suspendido un día antes, ella viajó de todas maneras y asistió a un recital en Rosario. Por esto, volvió a ser denunciada.
En este contexto, el jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado expuso ante Flores Leyes los fundamentos para insistir en la detención de Ramírez por el plazo que dure la investigación.
Tuvo en cuenta la resolución del Tribunal de Impugnaciones donde podía volver a solicitar la medida de coerción más gravosa ante el incumplimiento de alguna de las que regían. Y detalló las pruebas incorporadas sobre el traslado de la ex funcionaria a Santa Fe.
“No debería haber viajado por la suspensión, tendría que haber pedido un nuevo permiso para la siguiente semana. Pero aprovechó para tomarse unos días en Santa Fe e ir a un recital”, sostuvo la querella.
En el mismo sentido, advirtió que Ramírez “traicionó el voto de confianza que se le había dado”. Sumó a eso, los principios de correlación, idoneidad y necesidad.
En su alocución, el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí coincidió en la necesidad de “una medida más gravosa” y que la más adecuada es la prisión preventiva.
Expuso que Ramírez viajó y no participó de un evento laboral y cuestionó “¿cómo va a poder justificar que esté en un recital cuando nunca se le autorizó?”. “Si vemos vulnerada la confianza en este sentido, ¿qué podemos esperar en el futuro?”, preguntó.
Advirtió además que la ex secretaria de Deportes, podría pedir un permiso para alguna actividad similar y después no poder dar con su paradero.
Como segunda posibilidad, el representante del ministerio Público Fiscal mencionó la prisión domiciliaria.
Con la ausencia de Ramírez, los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, expusieron sus argumentos para oponerse y rechazar a la detención. El primero afirmó que “la medida de coerción no impide lo que haga después de cumplir con su trabajo” y que no tiene prohibido asistir a un recital.
Al mismo tiempo, aseguró que la ex funcionaria “se fue cuando tenía que irse (de San Luis) y volvió cuando estaba programado”. Añadió la falta de pruebas sobre si estaba notificada de la suspensión de los eventos deportivos.
A su vez, aclaró que ella “responde a AFA y no a un club” en el sentido de que por cancelar esas actividades ella deba hacer lo mismo con su viaje.
“Ella puede hacer su vida mientras acate las reglas impuestas. Ha cumplido con la ley y no hay restricciones para otras cosas”, aseveró.
Rubio indicó que Ramírez tuvo reuniones para acordar otras actividades a las que deberá acudir y subrayó que “lo que hizo después es propio de su vida privada”.
Reiteró que “ha cumplido con todas las medidas” y que desde un primer momento está a disposición de la Justicia.
En su resolución, Flores Leyes reconoció una “falta de decoro” en el accionar de Ramírez, pero dijo que esto “no representa riesgo procesal de lo previsto en nuestro Código Procesal Penal y que fuera materia de análisis al momento de dictar la medida de coerción”.
“Más aún, cuando la denuncia de incumplimiento no ha arribado si quiera a una formulación de cargos. A partir de eso se debatirá el incumplimiento o no de dicha medida”, agregó y ordenó que “se mantenga el status quo de la situación de las medidas cautelares” hacia la ex funcionaria de Deportes.