Cuatro años de la muerte de Florencia Morales: “La Justicia debe hacerse eco y darle la celeridad que necesita”

Era domingo, un pueblo tranquilo como Santa Rosa del Conlara, un virus que asechaba al mundo y las calles estaban prácticamente desiertas. Fue esa mañana donde Florencia Magalí Morales salió de su vivienda para comprar comida, pero antes de hacerlo fue hasta la Comisaría 25 donde tenía un conocido que debía entregarle una tarjeta. Ese fue el último lugar que la vio con vida.

El 5 de abril de 2020, regía en el país en aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19. Pero en San Luis también existía la restricción para salir de los hogares de acuerdo a la terminación de DNI, un día eran los pares y al siguiente los impares. La mujer de 39 años no estaba habilitada para hacerlo en esa jornada y ese fue el motivo para detenerla.

Horas más tarde, llegó un llamado a Mendoza, donde estaba su familia para alertarlos que se había suicidado en una celda de la dependencia policial. Sin entender lo que había sucedido, emprendieron viaje a San Luis y tuvieron que hacer el reconocimiento del cuerpo. Fue en ese momento donde desconfiaron de la versión oficial, Magalí no tenía motivos para quitarse la vida. Y una de sus hermanas, Celeste, fue quien alertó por marcas en el cuerpo.

Desde la mañana siguiente comenzaron las dudas sobre la información que había dado la Policía. Y tras la insistencia de sus allegados, se abrió una investigación.

Con el paso del tiempo surgieron más interrogantes. La autopsia había sido realizada de manera incompleta. Debieron hacer una segunda, pero por los meses que trascurrieron hubo puntos a los que no pudieron llegar. Sí se estableció que a Morales le faltaban dos músculos y una arteria del cuello.

La caratula de la causa fue mutando hasta llegar a “tortura seguida de muerte”, un delito que prevé una pena máxima de prisión perpetua.

Por el hecho, están investigados quien era jefe de la Comisaría, Reinaldo Clavero, el jefe de la guardia, Marcos Ontiveros, y dos efectivos que estaban de guardia Eugenia Arguello y Victoria Torres. En 2022, todos fueron dados de baja por cesantía.

“La familia está bastante consternada, falta una madre, una hija, una abuela y eso es un dolor muy grande y una herida que hasta que no haya una condena de cumplimiento efectivo y ejemplar, ella no va a descansar en paz, ni ellos tener ese sentido de justicia”, expuso el abogado que los representa, Federico Putelli.

Tras el paso del tiempo, el letrado consideró que “lógicamente queda esa sensación de cierta impunidad, de que hubo algún tipo de encubrimiento para que nunca saliera a la luz lo que pasó con Magalí”.

Hoy la causa espera por una formulación de cargos y la indagatoria a los acusados. Mientras tanto, todos permanecen en libertad.

“Desde el procesamiento hubo un pedido de prisión preventiva para el jefe de Comisaría y la Guardia (Clavero y Ontiveros) que duró básicamente siete días porque fueron excarcelados”, rememoró Putelli.

En este contexto, dijo que la familia busca que “lo más pronto posible tengamos un debate oral y público”, aunque reconoció que es difícil que eso suceda en lo que resta de 2024.

Putelli planteó que el caso de Morales traspasó las barreras provinciales y hasta hubo un pronunciamiento de la ONU. Incluso, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino como querellante. Por eso, insistió en que “la Justicia debe hacerse eco y darle la celeridad que necesita”.

Este viernes habrá una concentración en el centro de San Luis y luego marcharán hasta el Poder Judicial. Familiares de “Maga” llegarán desde Mendoza para acompañar el reclamo por justicia.

“Hemos presentado pruebas desde el aspecto científico respecto a las posibilidades de un suicidio dentro de ese calabozo y bajo ningún aspecto cabría esa posibilidad. Hoy con esta carátula ya tenemos inicialmente bastantes elementos para poder demostrar que no se suicidó y fue un femicidio”, sentenció Putelli.