El Gobierno promueve la eliminación de la feria judicial

El gobernador Claudio Poggi firmó y envió el viernes a la Legislatura un proyecto de ley de eliminación de la feria judicial, que es un régimen de 45 días que interrumpe el servicio.

La iniciativa introduce cambios en la actual legislación para hacer las adaptaciones del sistema a un nuevo funcionamiento.

“El derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización de la Justicia por un mes y medio. El lapso prolongado de suspensión de los plazos procesales conspira contra la eficiencia del servicio”, argumento el gobernador en el discurso de apertura del año legislativo al formular la propuesta.

Ante la Asamblea Legislativa dejó en claro que la eliminación de la feria “nada tiene que ver, ni afecta, el derecho al descanso de los agentes judiciales”.

“A esta altura de los tiempos, con el expediente digital, las comunicaciones electrónicas, más que una necesidad, la feria judicial aparece como un privilegio del Estado”, dijo.

A continuación los fundamentos de la propuesta:

“La administración de justicia constituye una de las funciones primordiales del Estado, siendo un servicio público esencial que debe proporcionarse de manera continua e ininterrumpida a la comunidad. La importancia del servicio de justicia como tal radica en su papel fundamental en la salvaguarda de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, así como en el mantenimiento del orden y la aplicación equitativa de la ley en la sociedad. En todo Estado de Derecho y democrático, el acceso a la justicia es un pilar fundamental que garantiza la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales y colectivos.

El servicio de justicia abarca no solo la resolución de conflictos y la aplicación de sanciones, sino también la prevención y la mediación de disputas, la protección de los más vulnerables, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz social. Es un componente esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, ya que contribuye a la estabilidad, cohesión y progreso social.

Asimismo, el acceso a la justicia es un mecanismo vital para la resolución de controversias y la protección de los derechos en todos los ámbitos de la vida, desde asuntos civiles y familiares hasta disputas comerciales y laborales. Sin un sistema de justicia eficaz y accesible, los ciudadanos estarían desprotegidos frente a abusos, injusticias y violaciones de sus derechos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis establece períodos de receso judicial durante el mes de enero y un período adicional de doce días corridos a mediados del año judicial. Durante estos lapsos, llamados “feria judicial”, los plazos procesales no corren y se limita la atención de solo ciertos asuntos.

La existencia de tales períodos, aunados a la paralización de la actividad judicial en días sábados, domingos y festivos, impone interrupciones adicionales al funcionamiento del sistema judicial, lo que conduce a una acumulación significativa de casos pendientes, sobrecargando el sistema judicial y retrasando la resolución de conflictos.

Los extensos períodos de receso, afectan negativamente el acceso a la justicia de los ciudadanos y socava la eficiencia del sistema judicial al generar interrupciones prolongadas en la atención de los asuntos legales.

Eliminar la “feria judicial” permitiría una distribución más equitativa y eficiente de los recursos judiciales a lo largo del año, incrementando la capacidad para atender a los litigantes de manera oportuna.

Garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de justicia es de vital importancia para asegurar el funcionamiento adecuado de la sociedad y el Estado de Derecho. La eliminación de los períodos prolongados de receso judicial y la garantía de la disponibilidad de servicios judiciales durante todo el año resultan fundamentales para mantener la integridad y eficacia del sistema de justicia, así como para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

La persistencia de la feria judicial se muestra anacrónica en el contexto actual, revelando un resabio de un sistema judicial antiguo que no se ajusta a las demandas de la sociedad moderna. Este período de receso, donde la justicia suspende sus funciones por ciertos lapsos del año, contradice la necesidad de un servicio judicial accesible y constante para todos los ciudadanos.

Es esencial reconocer que el Poder Judicial debe presentar una imagen constante y accesible ante el ciudadano en todo momento. No puede permitirse el lujo de hacer retroceder a los individuos con la frase "el mes que viene" cuando buscan asesoramiento o resolución de sus problemas legales. La justicia debe estar disponible cuando se la necesita, sin excepciones temporales que limiten su acceso.

No obstante, es importante destacar que eliminar la feria judicial no implica cercenar los períodos de descanso de los agentes judiciales. Más bien, implica una reorganización del sistema para garantizar la continuidad del servicio sin comprometer el derecho al descanso y la calidad de vida de quienes trabajan en el ámbito judicial.

Los operadores judiciales deberán adaptarse a esta nueva dinámica, organizándose para atender durante todo el año, de manera similar a otros servicios esenciales del Estado que operan de forma ininterrumpida. Este ajuste no solo garantizará un acceso más equitativo a la justicia, sino que también reflejará una modernización necesaria del sistema judicial, alineándolo con las expectativas y necesidades de la sociedad contemporánea.

Es menester contemplar la posibilidad de modificar esta práctica a fin de conciliar el derecho al merecido descanso de magistrados y empleados con el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta a sus problemas.

En comparación internacional, San Luis y la Argentina ostentan uno de los períodos de suspensión de actividad más extensos, con cuarenta y cinco (45) días al año, incluyendo todo enero y dos semanas en julio. Contrariamente, varios países de América han eliminado la figura de la feria judicial o han reducido drásticamente los plazos de receso judicial, implementando sistemas que aseguran la continuidad en la atención de los asuntos judiciales durante todo el año.

A nivel regional, Paraguay suspende la actividad únicamente durante enero. Chile eliminó la feria judicial en 2014, permitiendo a los jueces programar su descanso en cualquier mes del año. En Colombia, el receso tiene una duración de veinte días, comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero.

En Bolivia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó en 2023 que durante diciembre no se ingresarán en vacación judicial, manteniendo el trabajo ininterrumpido del 1 al 31 del mencionado mes. Asimismo, el Ministerio Público decidió proseguir con su labor sin vacaciones colectivas, asegurando la prestación de servicios a la población.

En Perú, en diciembre de 2023 se redujo el período de receso judicial de dos meses a solo febrero (28 días), mientras que Venezuela tiene un receso judicial del 15 de agosto al 15 de septiembre.

En Ecuador, la vacancia judicial comprende desde el 23 de diciembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024. El receso judicial de México se extiende solo 14 días en agosto y desde el 20 de diciembre al 6 de enero.

En Estados Unidos, los tribunales solo cierran durante los feriados nacionales, sin vacaciones estipuladas en períodos determinados. Los magistrados y agentes deben programar sus descansos escalonadamente.

En cumplimiento del mandato de justicia continua y efectiva, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, resulta imperativo reformular esta práctica.

En la actualidad, el período de cuarenta y cinco (45) días de paralización de la actividad judicial, carece de justificación.

La imperiosa necesidad de contar con un sistema judicial más eficiente que garantice el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, sin interrupciones prolongadas por períodos de receso judicial y días festivos, es evidente.

En la era digital, donde la comunicación y los procesos pueden realizarse de manera remota y en línea, la necesidad de períodos prolongados de receso judicial es francamente cuestionable, pareciendo solo un privilegio de un sector del Estado.

Eliminar estos períodos permitiría una mayor flexibilidad en la prestación de servicios judiciales, facilitando la implementación de tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial.

Incluso la estabilidad económica y profesional de algunos abogados litigantes, quienes enfrentan dificultades para cobrar sus honorarios durante el período de receso judicial, lo que repercute no solo en su sustento económico, sino también en el ejercicio mismo de su profesión.

El Poder Judicial cuenta con la capacidad y los recursos para continuar funcionando de manera efectiva durante todo el año, asegurando así la atención oportuna de los asuntos judiciales. Además, los mecanismos de subrogación o suplencia permiten a los jueces tomar períodos de descanso sin interrumpir la administración de justicia.

Esta medida busca promover un sistema judicial más eficiente y accesible para todos los ciudadanos, alineado con las mejores prácticas internacionales y con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho en la provincia.

Por ello, con el fin de propugnar una mejora del servicio de justicia, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis para eliminar los períodos de receso judicial y garantizar la continuidad en la atención de los asuntos judiciales durante todo el año”.