Debate sobre la baja de la edad de imputabilidad: la necesidad de una reforma, adolescentes con otra conciencia y el rol del Estado

El 9 de marzo, un trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich fue asesinado a quemarropa en Rosario. 20 días más tarde, detuvieron al presunto autor del homicidio, un adolescente de 15 años. Ese hecho volvió a desatar un debate que lleva mucho tiempo en la Argentina y que revive cada vez que suceden episodios similares: la edad de imputabilidad.

San Luis también tiene sus antecedentes. El más reciente se remonta a septiembre de 2022, cuando Diego Gatica fue interceptado por una patota en el Corredor Vial, que para robarle lo golpearon de forma salvaje hasta llevarlo a la muerte. Al menos seis jóvenes participaron del ataque, pero tres de ellos no eran punibles porque tenían 14 y 15 años.

Por el crimen de Bussanich, el Gobierno de Javier Milei anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el fin de bajar la edad de imputabilidad. Una de las opciones es reducirla a 14 años. En línea con esto, el 1° de abril, el gobernador Claudio Poggi expresó su acuerdo con la iniciativa.

“Si bien es una legislación nacional y no provincial, quiero dejar sentada mi postura en los delitos extremos, graves, (matar, violar), cometidos por menores. Tiene que haber ejemplaridad”, fundamentó el primer mandatario.

En este escenario y con una discusión que se mantiene latente, El Chorrillero consultó a diferentes voces para conocer opiniones, posiciones, realidades en el tema y también datos de San Luis. De esta manera, jueces, fiscales, abogados, legisladores, víctimas y también la ciudadanía, se pronunciaron sobre la edad de imputabilidad.

Si bien la mayoría cree que es un tema que debe abordarse, y desde hace tiempo, consideran que no se reduce a modificar un artículo o solamente cambiar la edad en que los adolescentes serán punibles. Los distintos testimonios sostienen que la solución va más allá y el debate debe involucrar diversos actores.

Del mismo modo, aparecen los derechos de los niños y adolescentes consagrados a través de convenciones internacionales, que hacen ver la importancia de una reforma integral donde no se vulneren las garantías de los menores.

Otra pieza clave al hablar de reducir la edad de imputabilidad es el papel que cumple el Estado para la contención de los más chicos, en una realidad donde el contexto social tiene un papel fundamental.

En el ámbito de la Justicia de San Luis surgieron diversas opiniones, pero también coincidentes en diversos aspectos.

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí planteó que “el Régimen Penal Juvenil en Argentina ha quedado totalmente desfasado” y por eso se hace necesaria “una reforma integral y dentro de eso debe estar la baja de la imputabilidad”. Entendió que fijarla en 14 años es lo más apropiado.

El principal argumento de Assat Alí fue que en Argentina hay “un conflicto muy grave”, donde nuestra legislación otorga facultades amplias a un juez especializado para disponer de un menor de 16 años, donde le permite alojarlo en un establecimiento o institución. Advirtió que esto “va en contra de la convención porque no le garantiza a esta persona imputada los derechos a defenderse, a comprobar el delito”.

“Se hace necesario bajar la edad de imputabilidad, no por una cuestión de castigo, sino para garantizar las garantías básicas para los imputados”, sostuvo. A su vez, alertó por un crecimiento en los homicidios en San Luis que tienen la participación de adolescentes punibles.

La jueza Penal, Juvenil y Contravencional, Daniela Benenatti opinó que “con una política aislada no se soluciona el problema de fondo” y por eso cree que más allá de fijar otra edad “es importante trabajar en forma interdisciplinaria y temprana”.

Precisó “solamente el 1% de toda la población nacional de adolescentes que tuvo conflicto con la ley penal eran menores de 16 años”. Y mencionó que “la mayoría de los chicos que delinquen o que tiene conflicto con la ley penal es a raíz de las adicciones”.

Por su lado, la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera se pronunció en contra de la iniciativa del Gobierno: “Bajar la edad de imputabilidad es esconder debajo de la alfombra lo que está pasando (…) Antes hay que garantizar los derechos de esos chicos”.

“Estoy totalmente de acuerdo y claro que tiene que ser producto de un análisis serio, sesudo, respecto de qué delitos serían imputables a los menores de 16 y qué delitos no”, sostuvo el fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez.

Entre sus fundamentos, hizo alusión a que “no es lo mismo una persona de 15 años, cuando se sancionó el Código Penal allá por el 1921 que una persona de 15 años en 2024 con la evolución tecnológica y de las comunicaciones”. También estimó que la edad más apropiada son los 12 años.

El juez de Juicio, José Luis Flores manifestó que “no es cierto que los niños no cometen delitos, pero tampoco que todos los delitos los cometen los niños”. A su vez, afirmó que “la discusión es válida y se debe dar con los criterios incluso de la evolución social”.

Flores transmitió preocupación porque “hay niños que están empezando a verse involucrados en hechos delictivos con cierta indiferencia que alarma”.

La voz de una víctima también cobra relevancia en el debate. La madre de Gatica, Carina Ledesma reconoce que un cambio en la normativa no repercutirá en la causa de su hijo. Pero le alcanza con que “no haya más Carinas llorando por Diego”.

Desde un primer momento pidió una reforma sobre la imputabilidad y ver que el debate se reavivó le genera expectativas. “Siento que va a sanar un poco este dolor”, expresó a pocos días de que comience el juicio contra los tres jóvenes que si eran imputables en septiembre de 2022.

Quien también dio su parecer fue la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso, quien subrayó que en San Luis hay muy pocas causas por año donde estén involucrados menores.

“No veo que por bajar la edad de inimputabilidad haya menos delitos o se pueda combatir la inseguridad, entiendo que son varios factores los que tienen que ver con esto (…) Hay que ver fundamentalmente que se puede hacer como sociedad para trabajar con estos chicos que por algún motivo, con 14 o 15 años, ya se encuentran vinculados con el delito”, especificó.

Respecto a las demandas de las víctimas Monte Riso consideró: “La Justicia tampoco te va a devolver lo que pasó y que un chico esté preso no es una respuesta tampoco para las víctimas”.

El procurador General, Luis Martínez opinó que “si la discusión es simplemente bajar la edad de imputabilidad, es un error” y apuntó al Estado porque “se come todo ese tiempo del crecimiento del niño y con una simpleza absoluta dice ‘encarcelemos niños’”.

Agregó que existe una “deuda social” con los más chicos, aunque aclaró que en su función pública cumplirá “las normas tal cual sean legisladas”.

En el ámbito de los abogados, Francisco Guiñazú puntualizó que “hoy un chico de 13 o 14 años conoce perfectamente si está cometiendo un delito o no”. Añadió que la edad de imputabilidad es “un gran debate que nos debemos los argentinos”, que “debe ir unido a un Régimen Penal Juvenil para contener a estos chicos que hayan cometido delitos y no vuelvan a reincidir”.

Marcos Juárez advirtió que “los chicos están muy avezados en la materia criminal sabiendo que hoy entran por una puerta y salen por la otra” y planteó que “en delitos graves corresponde bajar la edad de imputabilidad”.

“Creo que los 14 es la edad en la que se debe poder someter a proceso a un menor. Por supuesto que no es lo único que se tiene que tener en cuenta al legislar, sino también la situación concreta. Es decir, ¿para qué queremos legislar? ¿cuál es el motivo y cuál es el objetivo que tenemos? ¿implica algún delito en particular? Si va a haber penas privativas de libertad, ¿dónde se van a llevar acá o adelante? Porque de lo contrario, lo único que vamos a conseguir es tener un sistema sumamente represivo, pero que no va a cambiar”, reflexionó el abogado penalista, Héctor Zavala.

En lo legislativo, el abogado y senador provincial, Martín Olivero expresó su conformidad con bajar la edad. “A diferencia del proyecto que va a presentar el Gobierno nacional, lo haría para delitos graves”, comentó. Y planteó que “debe haber una correlación, para que efectivamente este proceso se lleve adelante de forma exitosa”.

En consonancia, el diputado provincial Carlos “Charly” Pereira sostuvo que está a favor de la reforma “en la inteligencia de que esto debería producir y lograr un efecto disuasivo en los menores de edad”.

“Cuando se habla de criminalizar la pobreza me parece un recurso de slogan porque no todos los pobres delinquen. Es más, tenemos muchos ejemplos donde llevan a instancias de sus dispositivos familiares una vida dentro de la ley y de desarrollo personal a pesar de las carencias que tienen de orden personal”, expuso.

El Chorrillero también buscó conocer la opinión de la ciudadanía. En una encuesta, donde participaron 1261 lectores, el 94% se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad.

Así, son múltiples las opiniones y los argumentos de cada una en un tema que preocupa al país. Si bien el proyecto aún no fue presentado, se espera un largo debate para determinar la responsabilidad penal de los adolescentes en la Argentina.