Citaron a indagatoria al ex ministro de Seguridad, Claudio Latini
Se completó el proceso de abordaje fiscal y ahora es acusado por los posibles delitos de “peculado en concurso real con daños” en la causa por el faltante de bienes del Estado.
La denuncia contra el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini dio un paso: el ex funcionario de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, fue citado por la Justicia a indagatoria.
La formulación de cargos fue fijada para el miércoles 24 de abril por la posible comisión del delito de “peculado en concurso real con daños” en el marco de la causa con expediente 385010/23.
La noticia fue confirmada a El Chorrillero por la fiscal Adjunta a cargo de la investigación, Alejandra Quiroga Nassivera. Quien resolverá los destinos del caso será el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada.
A comienzos de enero la actual titular de Seguridad, Nancy Sosa ratificó la denuncia penal a Latini y a Luciano Anastasi (también ex ministro) por el faltante de mobiliario, electrodomésticos y hasta transporte destinado a la Policía.
En su momento, Sosa precisó que fueron afectados bienes como sillones, una mesa ratona, una cafetera, microondas, televisores y monopatines entregados a la fuerza.
“He transmitido mi preocupación por el daño social que se causa cuando se produce un delito, sobre todo cuando se toma por propio lo que le pertenece a todos, no solo al Estado provincial, dado que son bienes que se compraron con los recursos de todas las personas”, puntualizó.
Además, indicó que en la anterior gestión se compraron 150 monopatines, de los cuales faltan tres. Solo de uno hay un acta de entrega. Del total de los 147 restantes, algunos están en poder de la Policía y otros, de la dirección de Prevención Ciudadana.
Otra denuncia
Por otra lado, corre una presentación vinculada a anticipos financieros de obras en dependencias policiales en diferentes municipios y que finalmente nunca se realizaron. Esta causa continúa en su etapa investigativa.
En ella están apuntados, además de Latini y Anastasi, quienes eran intendentes de La Toma, Ernesto Ali, de San Francisco, Jeremías Vivas y de Cortaderas, Mario Marcelino Gustavo Canali.
Según esa denuncia, en La Toma, por ejemplo, se encontraron con “una seguidilla de contratos firmados con la Municipalidad para refaccionar y reacondicionar el destacamento del cuartel de bomberos, el sector de Criminalística, Investigaciones y Canes y la Comisaría de la Mujer, más el comedor de la Unidad Regional”.
Se advirtió que si bien los anticipos financieros de estas obras fueron abonados de manera excesiva, superando ampliamente lo establecido en dichos contratos (30%), “la realidad demostró que jamás se concretaron siquiera parcialmente, quedando en estado de absoluta decrepitud y abandono edilicio”.
“Ninguno de los trabajos fue realizado, siquiera alcanza el 1% completado”, precisa la presentación.