Ahora piden que la ex secretaria de Deportes sea llamada a indagatoria por la contratación del cierre y la nivelación de dos canchas por más de $88 millones

A mediados de enero, el secretario de Deportes, Gabriel Rivero, presentó una denuncia penal contra su antecesora, Cintia Ramírez porque siete días antes de irse del Gobierno, giró $88 millones a una empresa por fuera del marco legal.

Entre el 1° y 6 de diciembre, Ramírez y el entonces secretario de la Gobernación, Miguel Berardo contrataron de forma directa las dos obras con la empresa MyD Construcciones SRL. Sin embargo, la nueva gestión hizo una recorrida por el predio donde iban a estar ubicadas, en la Universidad de La Punta, y verificaron que sólo se concretó el movimiento de suelo.

“Esta causa se elevó de la Unidad de Abordaje a Fiscalía N°2, así que como ya hemos complementado con toda la evidencia, estamos en condiciones de solicitar la formulación de cargos”, contó este martes el abogado de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.

Ramírez ordenó el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por movimiento de suelos y otros $12.250.000 por el cierre olímpico.

En declaraciones a los medios, explicó que la maniobra ilegal consistió en convenir “costosas construcciones de canchas y las cuales se han pagado, lo cual llama la atención y según las distintas inspecciones que se hicieron en el lugar, no han avanzado”.

Dijo que esto además trajo luz a “ciertas relaciones entre Ramírez y otras personas más, con las cuales tenía una relación cotidiana y parecía que entre ellos tenían este tipo de artimañas para poder llevar a cabo estas construcciones”.

Advirtió que estás contrataciones se hacían “obviando ciertas reglamentaciones como que no había licitaciones, no había una competencia ideal con otras empresas, lo cual hace aún más sospechoso el delito”.

Ramírez, que está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, es defendida por Marcos Juárez y Ramiro Rubio.

"A través del Ente Deportes estaban autorizados a realizar contrataciones directas. Cuando superaban los $5 millones debían ir con la firma conjunta del secretario General de la Gobernación, Miguel Berardo. Todo se hizo acorde a derecho. La contratación pasó por ahí. Se hizo un doble control de todo y se contrató el servicio", aseguró Rubio.

Sobre el pago por adelantado, dijo que obedeció a que "era diciembre y fue algo que pidieron las empresas".

En relación a la formulación de cargos, el abogado mencionó que para llegar a esa instancia solicitaron que envíen el expediente digital porque "ahí consta todo el procedimiento".

"En la documentación en papel que enviaron desde la secretaría de Deportes, el decreto donde se fundamenta la construcción de la cancha está incompleto. Ahí va a constar si se cumplió con la ley o no", insistió.

El fiscal Ricardo Barbeito confirmó que recibió una causa sobre Ramírez, pero dijo que no ha podido avanzar todavía a raíz de la cantidad de trabajo que tiene.

En paralelo, la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá es investigada por giros de dinero al San Luis Fútbol Club y la compra del colectivo para la institución. En esta causa ya fue imputada por corrupción.