“Hay que revertir el mensaje de que podés robar y no pasa nada”

La modificación “es importante para dar un mensaje; hoy el mensaje es ‘podés robar que no te pasa nada, en cinco horas salís y quedás en libertad’. Si desde el Estado no se hace algo, desde la Justicia, gran ausente en este tema, no se hace nada, se va a seguir robando. Ese mensaje hay que revertirlo, vas a ir preso por dos o tres meses, lo verá cada juez, que tratará de obtener una rápida condena”, consideró el director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo al referirse al proyecto que apunta a frenar la "puerta giratoria"  para los delincuentes.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reiterancia delictiva, de modo de “darle otro elemento más a los jueces para que, al momento de la detención de una persona o de la investigación de un delito, evalúen si el sospechoso tiene delitos anteriores. No condenas, sino causas pendientes, y que estas sean un elemento más a tener en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, tomando en cuenta también la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”, explicó.

El funcionario dijo que la Policía y el ministerio de Seguridad han detectado muchas causas de personas sospechosas que tienen “una seguidilla de hechos delictivos en lo que va del año; son detenidas y a los dos o tres días la vuelven a detener por otro delito y así”.

Aclaró que la reiterancia no es lo mismo que la reincidencia, en tanto esta última le cabe a quien tiene condena. La reiterancia no afecta ninguna garantía constitucional, porque la prisión preventiva se impone “al solo efecto de garantizar que un sujeto no va a evadir la Justicia ni va a entorpecer la investigación”, abundó.

Otro punto que se propone modificar es el procedimiento cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito "in fraganti". El Ejecutivo aspira a que se derogue un artículo que refiere que cuando el sujeto es encontrado "con las manos en la masa" y tiene causas pendientes no se le aplica el procedimiento, además de incorporar un artículo que falta y ampliarlo a delitos de hasta 20 años de prisión de pena máxima. De este modo “cualquier persona encontrada en flagrancia puede tener un proceso abreviado si no hay mayor prueba que producir, y en 30 días tiene condena efectiva o en suspenso, pero condena al fin”, dijo. Y aclaró “cuando hay condena en suspenso, cuando se comete un nuevo hecho, a este le suben automáticamente las penas que ya tiene en suspenso”.

La otra modificación es la posibilidad de los desalojos en denuncias por usurpación. “Si bien en el Código anterior estaba y se había hecho un agregado, el artículo 242 bis, también es cierto que pocos jueces lo aplicaban. Pero en este Código nuevo ni siquiera estaba. Ahora le damos otra herramienta más a los jueces, para que ante una denuncia de usurpación, acreditando que se mintió sobre el derecho a la propiedad o a la tenencia del inmueble, rápidamente el magistrado puede ordenar el desalojo, sin perjuicio de que la causa siga. Pero permite que la persona que sufrió la usurpación recupere su propiedad”, resumió.

Al ser consultado por la prensa, Berruezo calificó como “bastante desafortunadas” las recientes apreciaciones que el procurador General, Luis Martínez, hizo después de que la ministra de Seguridad, Nancy Sosa informó estadísticas.  En los últimos seis meses de gestión, la Policía de la provincia concretó 1.087 arrestos y las autoridades judiciales solo formularon cargos a 117 personas. De ese total, “solo al 50 por ciento se le ha dictado (prisión) preventiva”, aseguró Sosa. (Con información de la ANSL).