Diputados dio media sanción al proyecto que deroga la liberación anticipada de delincuentes condenados
La ley que ahora se busca dejar sin efecto fue impulsada por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y aprobada por sus legisladores.
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad de los presentes el proyecto que deroga la Ley N° I-1044-2020 que permite a personas condenadas desarrollar proyectos productivos y/o económicos en parajes de la provincia de San Luis.
La iniciativa tuvo el aval de Cambia San Luis y los bloques dialoguistas. También se sumaron diputados albertistas que en 2020 votaron el texto que concedió el beneficio.
Carlos “Charly” Pereira (Cambia San Luis) expuso que desde la sanción de la ley “no se cumple el control vía geolocalización ni hay seguimiento por parte de custodia o efectivos policiales”.
A su vez, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales manifestó que “no se formalizó el registro de productores rurales para llevar adelante el proyecto y quedó a merced del Servicio Penitenciario realizar labores en los parajes”. Hoy una persona está acogida al régimen.
El Gobierno de Claudio Poggi propuso dejar sin efecto la legislación.
Desde el oficialismo se resaltó que la ley es contraria a la Constitución Nacional.
La ley establece que con la sola autorización del Gobierno provincial al condenado se desdibujaba la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta.
A los ministerios de Producción y Seguridad se les dio la facultad para evaluar y aprobar los proyectos y realizar el seguimiento de cumplimiento, en coordinación con el Servicio Penitenciario Provincial. Se estipuló que los iban a controlar a través de una tobillera electrónica para rastrear su localización.
El legislador destacó que es una norma que intenta crear una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de la libertad no contemplada en la legislación nacional y que se arroga competencias que son propias del Gobierno federal, por tratarse del derecho penal de fondo.
De persistir en su vigencia, los jueces tendrían “las manos atadas ya que es una ley que permite liberar a delincuentes condenados de manera anticipada y sin el debido control judicial”.
Hoy, la presidenta del bloque albertista Unión por San Luis, Claudia Pinelli justificó el cambio de posición: “Es necesario ayudar. Esperamos que vengan buenas ideas y soluciones para que la gente que merece una segunda oportunidad la pueda tener”.
El proyecto pasó a la Cámara de Senadores donde se buscará darle sanción definitiva.