VILLA MERCEDES
Piden que un adolescente imputado por homicidio en grado de tentativa sea trasladado a un centro especializado
La determinación de la Justicia es tendiente a la recuperación, a la atención constante y permanente del joven. Hoy venció la prórroga de cinco días de detención domiciliaria.
Este viernes la Justicia ordenó que se oficie al ministerio de Seguridad de la provincia para que informen en qué instituto de otra provincia puede ser recibido un adolescente de 16 años de Villa Mercedes que está imputado por homicidio en grado de tentativa y amenaza con arma.
El pasado 31 de mayo, en medio de una pelea, el menor apuñaló a una persona mayor de 56 años. El personal policial intentó detenerlo, pero huyó corriendo con el arma blanca mientras amenazaba a los presentes. Fue reducido y detenido a 200 metros del lugar del hecho.
La resolución de la jueza Antonella Panero fue determinada “tendiente a la recuperación, a la atención constante y permanente del menor” para que tenga un abordaje interdisciplinario, atención psicológica, psiquiátrica, tratamiento farmacológico y se cumpla con todas las garantías y derechos por ser un adolescente en conflicto con la ley penal.
En sus consideraciones explicó que debe velar para que se garanticen todos los derechos del adolescente, que su decisión se funda en la falta de recursos, presencia y contención parental, en que se trató de un hecho violento y que el joven necesita ayuda para controlar sus impulsos.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la medida, ya que en la semana de prórroga de detención en la que el imputado tenía que cumplir prisión domiciliaria sucedieron hechos de agresión contra su madre, quien relató que no podía contenerlo.
La Fiscalía, representada por Maximiliano Bazla consideró que la medida adecuada es el alojamiento del adolescente en un centro especializado y que cumpla todos los requisitos a los fines de garantizar sus derechos y tenga una oportunidad en el futuro. El mismo debe garantizar la educación, la contención psicológica y psiquiátrica, tratamiento por consumo problemático y atender las causales de las conductas violentas.
Argumentó que se debe velar por la seguridad de la víctima, de testigos, de terceros y de sí mismo.
Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa representado por Victoria Cortázar Furnari había solicitado el rechazo de la medida coercitiva, “ya que se entiende como un fin punitivo y de coartar la libertad”.
Relató que el adolescente presenta una historia vital de vulneración de derechos, falta de cuidado y de vínculo parental y solicitó que se busque un centro para que realice un tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico con finalidad de rehabilitación.
La defensa del menor, Gustavo Correa expresó que el alojamiento en otra provincia y una prisión preventiva sería condenarlo por el sólo hecho de haber tenido un conflicto con la ley penal. Agregó que se estarían violando todas las convenciones internacionales y que existen otras medidas menos gravosas. Propuso que se realice un informe socio-ambiental en la casa del abuelo paterno, ya que expuso su voluntad de cuidado, y se apliquen otras medidas socio-educativas.
Tras la resolución interpuso un recurso de revisión.
Mientras dure la medida, Panero ordenó la realización de informes socio-ambientales en casa de un familiar del adolescente a los fines de prever un lugar de contención y cuidado en un futuro próximo. Mientras se gestiona el traslado a un centro especializado, el joven se alojará en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.
Fuente: Periódico Judicial.