CORRUPCIÓN
Claudio Latini fue imputado por peculado: no podrá salir de la provincia, deberá firmar el libro y tendrá un embargo por $1.300.000
El ex ministro de Seguridad que se presentó a la audiencia con tres abogados, se convirtió en el segundo integrante del gabinete de Alberto Rodríguez Saá al que le formularon cargos. También está acusado de daño agravado.
Este miércoles se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del ex ministro de Seguridad, Claudio Latini. Es uno de los ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá investigado por delitos de corrupción. Si bien tiene varias causas en simultáneo, el comisario General retirado llegó a la indagatoria por haber sustraído y dañado bienes del Estado.
El 28 de diciembre, su sucesora, Nancy Sosa realizó la denuncia en la Justicia por el faltante de diversos elementos, entre ellos, sillas, televisores, monopatines, una cafetera y una mesa.
A partir de la presentación judicial, hoy Latini quedó formalmente imputado y se le impuso una serie de medidas coercitivas. Así, desde hoy y por tres meses, deberá firmar el libro de acusados y no podrá salir de la provincia. Además, se impuso un embargo a sus bienes por $1.360.277,20.
El ex funcionario llegó a Tribunales antes de las 10 acompañado de sus tres abogados, Cristóbal Ibáñez, padre e hijo y Nedo Gómez.
Ante el juez de Garantía, Juan Manuel Montiveros Chada, la fiscal adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera relató los hechos por los cuales está acusado y lo imputó por peculado en concurso real con daño agravado.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Manuel Montiveros Chada.
Describió que el 7 de diciembre aproximadamente a las 18:30, Latini “se comunicó vía telefónica con el departamento de Tránsito de la Policía de la Provincia ordenando que se enviara un móvil policial al edificio donde funcionaba el ministerio de Seguridad”.
Media hora más tarde, acudieron al llamado dos efectivos de la fuerza, Miguel Morales y Jonathan Barrera.
Ambos “fueron atendidos personalmente por Latini, quien les ordenó cargar algunos muebles en el móvil policial y trasladarlos a su domicilio personal en Juana Koslay”.
En la vivienda, los policías fueron atendidos por dos personas, una de ellas sería hijo del comisario General. Luego retornaron a Terrazas del Portezuelo donde “Latini les ordenó cargar una silla tipo oficina y un CPU en calidad de donación al departamento de Tránsito”. Fueron llevados y aún permanecen en esa dependencia.
Latini junto a sus abogados defensores.
Según relataron los efectivos, en el momento que ellos cargaban los bienes había otra camioneta haciendo la misma tarea, pero los elementos estaban tapados con una frazada.
“Previo a abandonar el edificio, con un palo rompió un televisor de la marca BGH 50 pulgadas. Y con el fin de garantizar su impunidad, extrajo el disco duro con la memoria del dispositivo DVR que se encontraba en la propia oficina”, expuso Quiroga Nassivera.
La fiscal enumeró el faltante de una cafetera, un sofá, una mesa de centro, dos televisores de 43’, una computadora portátil, un disco duro, cuatro sillas y tres monopatines con kits de protección.
Entre las pruebas, mencionó la declaración de los policías que hicieron el traslado, el seguimiento vehicular del móvil policial y el recorrido que hicieron. Adelantó que resta incorporar una entrevista con la secretaria privada de Latini y con personal del ministerio.
El juez de Garantía, Juan Manuel Montiveros Chada.
En el marco de la causa y los delitos, solicitó que se imponga al ex ministro la firma del libro de imputados y la prohibición de salir de San Luis.
El abogado de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón adhirió a los planteos de Quiroga Nassivera, pero requirió que como medida coercitiva se impusiera un embargo por $1.360.277,20 o el 20% de la jubilación hasta alcanzar esa suma.
El monto fue calculado como un aproximado al perjuicio que habría provocado al Estado y consideró que “es necesario asegurar el patrimonio para resguardar los intereses”.
“Hay un riesgo que el imputado pueda ocultar los bienes o transferirlos”, advirtió e hizo referencia a otros expedientes en contra de Latini que ya pasaron la etapa de la Unidad de Abordaje Fiscal.
En dos oportunidades, Montiveros Chada le dio la posibilidad de hablar al acusado. Sin embargo, prefirió abstenerse.
El primero de sus defensores en hablar fue Ibáñez (h) quien rechazó la formulación de cargos y se detuvo a contar la historia de Latini desde su nacimiento, estudios y el desempeño en la Policía.
Detalló que se desempeñó en la Comisaría 4°, Tránsito, Caminera, Operaciones, como jefe de la Policía y ministro de Seguridad. Sumó las felicitaciones que recibió de distintos gobernadores por el buen accionar que tuvo en la tragedia de Zanjitas, en el Dakar y el Tour de San Luis. Y sumó una capacitación en Estados Unidos.
“Queremos dejar claro que ejerció y toda su vida estuvo a cargo de la Policía”, sostuvo.
El letrado planteó que la Fiscalía “relató hechos genéricos” y los investigados “no reúnen los elementos de tipo”. Además, dijo que “no está probado que fuera funcionario público”.
A su vez, indicó que “como ministro no tenía a cargo los muebles ni el deber de cuidar esos elementos”.
Por su lado, Gómez apuntó a que “la investigación fue iniciada por una fiscal no que integra la fiscalía de Ricardo Barbeito”, que estaba de turno en ese entonces.
Seguido a eso, cuestionó que la nueva administración hubiera demorado 18 días en “darse cuenta y hacer la denuncia”. Y aseguró que “no está acreditada la existencia de monopatines y discos duros”.
“Las testimoniales no fueron hechas bajo juramento. No son relevantes. Por ser ministro no tenía la custodia de una cafetera. Querer culpar a un funcionario por un televisor roto me parece un disparate”, añadió.
Gómez consideró que la causa se trata de “una revancha y persecución política a Latini” y se opuso a todas las medidas coercitivas solicitadas previamente.
En la misma línea, Ibáñez (p) indicó que “el embargo es excesivo” y “no se da la verosimilitud del hecho”.
En el cierre de la audiencia, Montiveros Chada aclaró que las formalidades de la audiencia “se han cumplido por la provisoriedad y formalidad”. Sumó a eso que “no hay cuestionamientos sobre el accionar de la fiscal adjunta” y que los parámetros legales se respetaron.
Dio por admitida la formulación de cargos y sobre las medidas coercitivas tuvo en cuenta que “son para cuidar el proceso y son necesarias”. Sin embargo, transmitió que ante la prohibición de salir de la provincia habrá excepciones que pueden ser solicitadas por la defensa.
Sobre el embargo, el juez reconoció la existencia de verosimilitud para emplearlo y determinó que sea sobre un bien u objeto.