La ley que busca reformar el sistema electoral y crear un protocolo de traspaso de mando dio el primer paso en la Legislatura

El proyecto de ley que busca una reforma del sistema electoral de San Luis dio el primer paso en el Senado. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno y anunciada por Claudio Poggi como uno de sus objetivos cuando asumió. Recibió la aprobación este martes.

La propuesta que ahora deberá ser tratada en Diputados, fue defendida en el recinto por el senador de Cambia San Luis, Martín Olivero (Pueyrredón). Dio detalles del espíritu democrático, el articulado y trazó un duro análisis de los últimos años ante la falta de transparencia y el rol de Alberto Rodríguez Saá.

“San Luis fue pionero en muchísimos sistemas como con el Wifi, la Universidad de La Punta o el Parque Informático en La Punta, sin embargo, nunca se aplicó esto al sistema electoral, ya sea con el voto electrónico o con el voto de la boleta única en papel”, sostuvo el legislador.

Calificó a la gestión anterior como “poco transparente y mucho menos republicana” y que también “hizo oídos sordos durante muchísimo tiempo” a la propuesta para analizar el sistema.

Y apuntó contra el ex gobernador y la impresión de boletas: “Todo San Luis sabe dónde se imprimían la mayoría de las boletas para las elecciones en base a este arcaico sistema electoral de boleta sábana”.

“Todos sabemos también lo que sucede con las boletas sábanas, voto cadena, voto marcado y todos los actos fraudulentos que se podían evitar acogiendo otro sistema electoral”, agregó.

En otra parte de su alocución mencionó cómo Rodríguez Saá revirtió la implementación de la boleta única papel en la capital de San Luis para favorecer intereses económicos. “Era mucho más rentable que hubiera muchas boletas para imprimir en Payné y no la transparencia que este sistema le generaba al ciudadano de San Luis”, sostuvo Olivero.

Lo cierto es que tuvo el acompañamiento de todos los legisladores tanto del poggismo como de los senadores albertistas aunque estos últimos defendieron la administración anterior.

Desde la oposición, Hugo Olguín, sostuvo la necesidad de revisar el sistema, negó la falta de transparencia y señaló que la Ley de Lemas le “permitió” al actual Gobierno llegar al poder. Para él, funcionó “adecuadamente”.

En otra parte de su discurso, Olivero dio cuenta de la necesidad de avanzar en el abordaje de una norma para evitar las complicaciones en el paso de mando y otorgar previsibilidad.

“Tuvimos la experiencia del año pasado y que realmente afectó a toda la ciudadanía de San Luis. Hubo cero traspasos de mando entre gobiernos que se iba y el que legítimamente había elegido la población. Está muy bueno que se reglamente el traspaso de mando y que no sea una opción para el gobernador que se va a hacerlo o no, porque todos sabemos que todavía estamos pagando lo que fue el Gobierno de Rodríguez Saa”, indicó.

Por último, valoró que el debate se realice en un año no electoral: “Es un periodo en el que todavía no se empiezan a tejer intereses personales y partidarios. Creemos que es positivo modificar la ley pensando en la ciudadanía, en la República, en la democracia y nunca pensando en modificar una ley para ganar una elección. Nosotros no hacemos eso. Otros modifican leyes pensando en una elección”.

Concretamente, la propuesta establece la incorporación de nuevas herramientas electorales y de transparencia democrática, dando así “una solución definitiva a la dispersión normativa que existe legislativamente en la materia a nivel provincial”.

“Seguramente, en esta comisión que se propone, encontraremos que no todos sus integrantes tendrán la misma línea ideológica, ni militarán políticamente los mismos espacios. Esa será entonces la circunstancia que enriquezca el trabajo final con miradas diversas que busquen las mejores herramientas electorales para los tiempos venideros, la más acorde a los mismos, la más transparente, democrática y confiable”, reza el proyecto entre sus fundamentos.

La Comisión estará conformada por diferentes miembros institucionales. Estará integrada por cinco diputados por la mayoría y cinco por la minoría junto al presidente del cuerpo; dos senadores por la mayoría y dos por la minoría junto a su presidente; y dos representantes del Poder Ejecutivo (que podrán ser reemplazados).

A su vez se podrá convocar a partidos políticos tanto a nivel nacional como provincial; a miembros del Superior Tribunal de Justicia y magistrados de Tribunales inferiores; a ministros y secretarios del Ejecutivo; a legisladores nacionales, provinciales y municipales, también a intendentes municipales y comisionados; a asociaciones civiles, a los colegios profesionales, a universidades públicas y privadas con sede en nuestras provincias y organizaciones de la sociedad civil.

Según se describe, se tendrá como objetivo la realización de un “estudio pormenorizado los efectos de evaluar y poder presentar al Poder Ejecutivo provincial un informe respecto al protocolo de traspaso en mando y al sistema electoral vigente en la provincia, posibles modificaciones, incorporación de nuevos institutos, nuevo sistema de votación y demás acciones que transparenten y agilicen los procesos electorales”.

Una vez que entre en vigencia la norma, la comisión tendrá 90 días para expedirse, aunque puede ser prorrogado por 40 días más.

El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados.

El proyecto