El poggismo aprobó por mayoría la Ley de Reiterancia que le brinda a la Justicia una herramienta para frenar la “puerta giratoria” para los delincuentes

El tratamiento de la iniciativa propulsada por el gobernador Claudio Poggi, contó con el apoyo del bloque de Cambia San Luis-UCR y aquellos dialoguistas, mientras que el sector identificado con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá se expresó en contra.

El tratamiento y su sanción definitiva estaba previsto para la semana pasada, pero fueron advertidos una serie de errores y volvió a Comisión. En el despacho final, esas observaciones fueron analizadas y modificadas.

A la hora de la votación 25 diputados del oficialismo y aliados votaron a favor. En tanto que 15 albertistas se opusieron. De esta forma, se dio la media sanción este miércoles.

Ahora, regresará al Senado (que había aprobado en una primera instancia la iniciativa) para su sanción definitiva. Debe volver porque se detectó cuando llegó a la Cámara Baja.

Concretamente apunta a varios artículos de la legislación sancionada en 2021. Se tratan de modificaciones principalmente dirigidas a quienes tienen antecedentes delictivos sin condena, los que son aprehendidos “in fraganti” y también en casos de usurpaciones.

De esta manera, San Luis se suma a la lista de jurisdicciones que presentan este tipo de norma. A Mendoza, Tucumán, Formosa y Chubut se agregó en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires.

Previamente, en el trabajo de Comisión, los legisladores recibieron las posturas de miembros claves del sistema judicial. Las reuniones se configuraron en Asuntos Constitucionales y Seguridad Pública. Participaron diputados interesados y el Colegio de Magistrados y el de Abogados de San Luis en el marco del debate.

La norma fue uno de los primeros anuncios y promesas de Claudio Poggi. “Vamos a terminar con la puerta giratoria”, dijo ante la Asamblea Legislativa. De esta manera, impulsó la reforma en el Código Procesal Penal con el objetivo de que “se impida que alguien esté libre y cometa muchos delitos antes de ser enjuiciado por el primero de ellos”.

En el recinto la diputada Marisa Patafio (CSL-Pueyrredón) defendió la propuesta. Hizo un repaso de lo ocurrido en la sesión pasada, el aporte de integrantes de la Justicia, aspectos técnicos y un conteo pormenorizado de las modificaciones de los artículos y de sus incisos.

Por ejemplo, se detuvo en la flagrancia: “La modificación de los artículos que sobre este punto pretenden ampliar el espectro de aplicación del procedimiento abreviado, buscando captar la mayor cantidad de situaciones de flagrancia, incluso ante casos con detenidos con procesos pendientes”.

Precisó que la iniciativa modifica 10 artículos y deroga uno de la Ley N° VI -0152- 2021. Entre las principales instancias que subrayó fueron los criterios para determinar el peligro de fuga de un acusado.

Además del arraigo del imputado, las características del delito y la pena, la solidez de la imputación junto a las pruebas, y el comportamiento del implicado, se agrega “la constatación de una detención previa, o la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos”.

Asimismo, podrá definirse el peligro si tiene una condena anterior, total o parcialmente cumplida y en base a la situación procesal en otras causas judiciales en trámite por delitos dolosos, esto es, los que fueron cometidos con voluntad y conocimiento de que se estaba infringiendo la ley.

En el medio, diputados opositores interrumpieron de forma permanente a Patafio. Ante ello se propuso una moción para cerrar el debate y que luego fue aprobada.

Antes de la discusión del cuerpo, la oposición pretendió crear una comisión para que “estudie y redacte” una posible modificación del Código bajo el fundamento de que la iniciativa aprobada era “inconstitucional”. También aseguraron que fue basada con estadísticas “falsas” y “errores garrafales”.

La habilitación para el tratamiento de la propuesta, que vino de la mano de Federico Berardo y Gloria Petrino, fue rechazada.

La fundamentación que mencionó Petrino fue principalmente vinculada al artículo 5 del proyecto. “Es una persecución al estado de inocencia y violación de la Constitución Nacional”, dijo.