Extendieron por 120 días la investigación de la imputada ex secretaria de Deportes y seguirá sin salir de la provincia

Este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia en la causa que se inició a Cintia Ramírez. La ex secretaria de Deportes está desde el 28 de enero del 2024 imputada por negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.

Hoy, se vencía el plazo inicial de investigación preparatoria otorgado por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes por el plazo de 120 días.

Desde el Ministerio Público Fiscal, entendieron la necesidad de prorrogar la investigación teniendo en cuenta que restan aún producir elementos de convicción que son vitales para el caso.

Días atrás, el Tribunal de Impugnaciones resolvió respecto a un bien directamente relacionado a la causa como es el colectivo marca Volvo del año 2018. En primera instancia, fue devuelto a la Personería jurídica del San Luis Fútbol Club, pero después de una apelación quedó nuevamente secuestrado.

En representación de la fiscalía de Estado interviene en la causa el abogado Santiago Calderón Salomón, quien en su momento tuvo en cuenta una cotización que hizo una martillera pública donde se fijó el valor del colectivo en $144 millones, mientras que el Estado desembolsó en ese entonces $290 millones. Así, habló de un sobreprecio.

En la prórroga solicitada por el fiscal Assat Alí, mencionó que durante los últimos cuatro meses el ministerio Público no logró hacer la pericia mecánica de peritos tasadores que puedan determinar el valor del vehículo al momento de la adquisición.

“No se ha podido realizar porque obtener peritos tasadores requiere un sorteo de profesionales oficiales a través de un sistema y los mismos deben aceptar el cargo. En caso de que no lo acepten, tiene que volver a repetirse el mismo proceso que lo hace burocrático y se está buscando alternativas para que se pueda agilizar. Es un vital elemento de importancia que necesitamos realizar por eso fundamentamos la prórroga”, indicó el representante del ministerio Público Fiscal.

En respuesta, el abogado defensor de Ramírez, Ramiro Rubio, contestó: “No vamos a formular objeciones, pero solicitamos que se aporte el expediente de gestión de compra del colectivo”.

Assat Alí precisó que durante la prórroga realizarán pericias contables de balances del San Luis F.C., secretaría de Deportes y Ente Deporte.

Una de las denuncias consistió en 276 transferencias que se realizaron entre 2022 y 2023 al club que presidía la ex funcionaria albertista desde la secretaría y el Ente que la tenía como máxima autoridad.

También subrayó que existe la posible imputación de otras personas que puedan verse involucradas tanto “física como jurídicas” en la investigación.

Con respecto a las medidas de coerción de acudir del 1 al 10 de cada mes a firmar el libro de los imputados, no poder ausentarse de la provincia salvo cuestiones de trabajo, salud u urgencia con previo aviso a la Fiscalía, solicitaron que continúen vigentes al igual que la retención del pasaporte y la inhibición de bienes.

“El plazo de 120 días lo adherimos y no hay objeciones, pero solicitamos la salvedad que se nos brinde la modificación de poder salir de San Luis porque a esta altura del proceso no hay peligro de fuga existente y Ramírez debe cumplir con su rol de vicepresidente del Federal A de AFA”, sostuvo Rubio.

Contó que la presentación del petitorio de salida es engorroso y demasiado burocrático cuando hay ocasiones en el que su defendida recibe invitaciones a visitar otras provincias sobre la hora.

Ramírez, la primera funcionaria albertista imputada por corrupción, asistió hoy a la audiencia y habló por primera vez ante la jueza.

“Si yo ya entregué el pasaporte, no hay forma de que yo pueda salir del país, he cumplido con todo y por supuesto que dejo que se siga cumpliendo la medida de inhibición de bienes, para que se investigue lo que se tenga que investigar, que no se ha investigado hasta acá, no han presentado pruebas, pero solicito que me dejen libremente trabajar con la AFA que requiere que yo viaje a todas las provincias”, pidió.

En la misma línea, continuó: “He tratado de negarme a viajar lo menos posible para poder cumplir con las medidas que se han requerido, y justamente porque se busca como el quinto motivo para tergiversar mi viaje y generar otra polémica de eso, y bueno, he tratado de respetar lo mejor que he podido las medidas, por eso si bien respeto que quieran pedir prórroga porque no han conseguido presentar las pruebas a su tiempo, y respeto las medidas, por ahí también solicitar que esta medida de avisar que por cuestiones laborales tenga que salir de la provincia, teniendo el pasaporte presentado me parece ya innecesario a esta altura”.

En otro fragmento de su alocución, se refirió a la causa en curso que investiga la Justicia por su viaje a Rosario. “Me reuní con el presidente del Federal A que es de Santa Fe y después a la noche salí. Para el Juez, yo puedo hacer lo que quiera a la noche, como cualquier persona, como cualquier ser humano, creo que a lo que se refiere el abogado, en mi defensa, es que justamente pueda salir de la provincia sabiendo que se ha cumplido lo que se ha solicitado”, fundamentó.

El expediente que se investiga por haber violado una medida de coerción fue a raíz de una publicación de El Chorrillero que dio a conocer que en el petitorio que autorizó la Justicia a la imputada, estaba establecido el viaje para mantener actividades con tres instituciones con las que no se reunió.

Se pudo confirmar, que no asistió a las mismas y por la noche se sacó fotos en un recital de Don Osvaldo. Si bien, Ramírez afirma que mantuvo una reunión con el presidente del Federal A, Carlos Lanzaro, en el cronograma laboral definido a realizar en su viaje no estaba previsto ese encuentro y sí, los que no tuvo. Como así también, el tiempo de sobra que tuvo para postergar la actividad.

Sin embargo, esta mañana la ex funcionaria albertista justificó: “Si bien salgo por cuestiones laborales, hay una persecución sobrepasada hacia mí, que realmente excede y tergiversa las cuestiones que se han tomado como medida legal”, puntualizó.

La jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper le sugirió, ante la protesta, que si lo requiere “puede hacer una denuncia contra los medios”.

La magistrada definió otorgar la prórroga por 120 días solicitada por Fiscalía de Estado para la investigación y también para las medidas de coerción entendiendo que no hay una prohibición para salir de la provincia por cuestiones laborales.

“La voy a prorrogar debiendo incorporar los certificados de horarios, reuniones y encuentros por correo electrónico o Whatsapp para que la Fiscalía esté al tanto del informe de salida y se notifique al juzgado”, sentenció la jueza.

Dopazo Samper subroga a Flores Leyes que viajó a Europa hasta octubre para hacer una capacitación.