Con el apoyo del Gobierno, una cooperativa textil continuará con la producción y mantendrá los puestos de trabajo

Este miércoles fue firmado el decreto N° 6207 que estipula la expropiación del edificio de la ex fábrica Circus de Concarán que en el 2012 declaró la quiebra. Según explicaron, la meta de la decisión es garantizar los actuales puestos laborales.

Pero para comprender qué significa esta intervención del Gobierno provincial, hay que señalar que tras el cierre de la empresa se presentaron dos cuadros diferentes que tuvo a los trabajadores en el medio.

El primero es que alrededor de 30 empleados decidieron formar la cooperativa textil “Compañeros Unidos Para Siempre” (CUPS) y darle bajo esta figura jurídica continuidad a la producción y con ellos tener trabajo. Mientras que, en el segundo, otro grupo decidió iniciar una demanda en la Justicia y reclamar económicamente por fuera de la cooperativa.

El fiscal de Estado, Víctor Endeiza en declaraciones a El Chorrillero señaló que la medida trajo “tranquilidad a ambos sectores de trabajadores”.

El funcionario hizo un repaso sobre la compañía desde cómo Circus sufrió una crisis empresarial hasta el inicio de la demanda en el juzgado Civil de la Tercera Circunscripción.

“En aquel momento se le dejó de pagar los salarios a los trabajadores y un grupo constituyó una cooperativa y tomó la fábrica. Después se fueron los dueños, desaparecieron y desde ese año hasta ahora esta cooperativa sigue trabajando en el rubro textil. En tanto que el otro grupo, al cesar la empresa, se fue y reclama judicialmente desde entonces, a través de un remate de los bienes, por ejemplo. Todo para poder cobrar ellos sus créditos laborales que tenían”, contó.

Lo cierto es que hasta hoy existía incertidumbre, más aún porque ya se contaba con dos órdenes de desalojo como fruto del proceso judicial. Las fuentes de trabajo estaban en riesgo.

Ahora fue declarado al edificio como sujeto a utilidad pública y se dispuso el trámite de expropiación de urgencia. Es decir, el Gobierno interviene de lleno sobre éste último aspecto.

“La transacción era $68 millones. Aunque todo esto lo maneja el juez de la quiebra. El Estado otorga la plata y la Justicia dispone del fondo. Lo que el trabajador perciba dependerá de lo que disponga el juez. Antes era una quiebra sin fondos, ahora los tiene y no se interferirá en las labores de la cooperadora”, informó Endeiza.

Los funcionarios estaban anoticiados del complejo escenario ni bien asumieron la gestión. Fue en abril que Poggi acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, visitó las instalaciones.

Los trabajadores le reiteraron la preocupación de un posible cierre y desalojo. Finalmente, esto no sucederá.

Y agregó: “Estabamos enterados. Barajamos distintas opciones y se fueron evaluando cuál era más factible. Esto da seguridad para siempre y no es un arreglo temporal”.

“Pasaron muchos años y no se hizo nada. Ahora son dos los beneficiados. Quienes están trabajando en la cooperativa y los acreedores que quedaron pendientes y que van a poder cobrar el dinero”, puntualizó.

 Trombotto en declaraciones a la Agencia de Noticias San Luis le manifestó que “con esta medida todos ganan y se realiza un enorme acto de justicia frente a tantos años de abandono y en los que no se dio respuesta a un problema que precisaba sentarse a trabajar, tener empatía y cercanía”.

También habló en las condiciones en las que la cooperativa podrá continuar haciendo uso del edificio: “La idea es hacer un convenio de trabajo con formato de comodato u otro que de las garantías y la celeridad correspondiente para que los miembros de la cooperativa puedan seguir trabajando y desarrollando su actividad. Mientras cumplan con su objetivo, tendrán plena y total garantía del uso del inmueble”.