Denuncian corrupción en las pensiones por invalidez: darían de baja a medio millón de beneficiarios

Hoy se informó oficialmente que se auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala” equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes.

“Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, dijo.

La auditoría será sobre el 100% del padrón de beneficiarios. “Va a ser uno por uno –insistieron–. No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”, según se conoció.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dado a conocer el mes pasado que el equipo de trabajo a cargo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis, había detectado un incremento exponencial de la entrega de las pensiones por invalidez laboral en las dos últimas décadas: de las 79.581 existentes en 2003, según indicaron, el gobierno de Alberto Fernández culminó con más de 1,2 millones de pensiones, “una cifra que volvió a ascender” con respecto a 2019.

Una auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos, en parte judicializados y en parte seleccionados al azar, encontraron que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En el resto, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión.

En la Andis, según definieron, operaban dos circuitos para obtener una pensión: el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y “un circuito exprés”, como lo identificaron. Mientras que el primero demoraba entre uno y dos años, el segundo –concentrado en algunas provincias– resolvía la entrega de la pensión en alrededor de dos meses.

Estiman que entre un 30% y un 40% del padrón fueron asistencias mal concedidas.

En la muestra auditada de más de 2500 pensiones, la agencia anuló las que habían sido otorgadas irregularmente; incluían expedientes en los que la radiografía de un perro acompañaba el certificado médico por un trastorno de disco lumbar emitido por un médico de Corrientes. En Chaco, con la misma radiografía de hombro se justificaron 150 pensiones por invalidez.

Solo una de las personas a las que se le retiró el beneficio formalizó un reclamo, según refirieron en la Andis.