El reto y las posibilidades de adoptar en San Luis

Miedo, expectativas, vidas duras y la esperanza de conseguir una familia con el corazón abierto. A todo esto debe hacerle frente un niño que por estos días atraviesa un proceso de adaptabilidad en medio de un sistema de cadenas que pretende (al menos es su intención) protegerlos.

Privilegiar el derecho de los chicos a tener una familia por sobre los propios deseos de una familia es uno de los muchos detalles implicados en una decisión que es para toda la vida. La vida del pequeño, su identidad y, en algunos casos, su complejo pasado, es el baluarte a cuidar.

Riguroso, cuidadoso y desafiante. Esas son las características con las que cuenta el sistema de adopciones de San Luis donde la Justicia y el Ejecutivo, a través de Familias Solidarias y sus programas, confluyen para conformarlo.

Pese a que hubo grandes pasos no solo en la provincia sino en toda la Argentina, todavía está vigente la creencia de que implica un trayecto sinuoso, lleno de obstáculos y agotador.

La legislación actual, los profesionales, la difusión, los grupos de familias adoptantes y organismos que se encargan de visibilizar el tema demuestran que en la actualidad el proceso cuenta con muchos matices donde el cambio de paradigma que posiciona el cuidado del chico por sobre los intereses de las familias, se hace presente.

El Chorrillero consultó a varios actores a lo largo del sistema. El Registro Único de Adoptantes (RUA), la Justicia de Familia y Niñez, funcionarios de Familias Solidarias y abogados especialistas precisaron las implicancias y consideraciones.

El primer dato que surge es el desafío que implica las preferencias de las 38 familias inscriptas en el Registro (entre monoparentales y biparentales): un 85% busca un bebé o niños que transiten la primera infancia.

Claro, esto se topa con la realidad ya que la mayoría de los niños que ingresa en el proceso de adoptabilidad es mayor de los cinco años.

El equipo interdisciplinario del RUA recibió a este medio en las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia y explicaron su labor y el manejo de este escenario complejo que involucra menores.

La psicóloga Lucía Monsalva ahondó sobre las preferencias o actitudes iniciales de las familias en las primeras entrevistas con el RUA. El intento de flexibilizar las posturas de los adoptantes es una de las tareas difíciles.

“Alguien que puede pensar en un niño de 7 años, necesariamente está renunciando a toda una primera etapa que ‘se perdió’ en cuanto a la convivencia, pero ese niño va a una familia. Las personas que no pueden flexibilizarse tal vez necesitarán más tiempo o afrontar un proceso dirigido desde otra mirada. La adopción tiene mucho de renuncia de lo que yo deseo en vos, de lo que el otro necesita”, sostuvo.

Para ello, también se disponen de talleres, experiencias de otras familias que haya adoptado y hasta capacitaciones para que los aspirantes puedan pensar más allá de la primera infancia y abrirse a niños muchos más grandes y, quizás, grupos de hermanos sin tener que separarlos.

Pero el arribo de chicos cuenta con una serie de instancias que deben ser agotadas tal como la verificación de que la familia originaria no puede hacerse cargo, o que el niño o la niña no cuenta con ella ni con ningún pariente cercano.

Para integrar la lista de postulantes, las familias deben aportar datos y pasar por una serie de instancias. Antecedentes penales, ingresos, un informe psicosocial y ambiental, entre otros. Todo debe renovarse de manera anual.

“Hay gente que inicialmente pensaba una determinada una edad y que, con el tiempo, se puede ir construyendo hacia otro camino también. No es algo estático. Justamente de eso se trata, de poder ir flexibilizando las cuestiones que inicialmente la familia traía”, sostuvo Laura Román Fratín, trabajadora social del RUA.

El Registro no cuenta con una lista de niños en adopción, sino que trabajan en la recepción de sentencias por parte de la Justicia. Cuando un juzgado declara el estado de adoptabilidad, ahí comienza a trabajar para que el menor sea contenido.

Detrás de todo ello surgen casos emblemáticos. Una de esas historias pertenece a Daniela y Alejandro, un matrimonio de San Luis que adoptó a cuatro hermanitos.

Los últimos días del 2017 iba a encontrar a la pareja inscripta como pretensos adoptantes en el RUA y en mayo del año siguiente con todos los papeles requeridos presentados.

Desde septiembre de 2018, el matrimonio ya contó con la guarda de un grupo de hermanos: Mili, Giuli, Dylan y Gabi. Hoy son una familia más.

El proceso para adoptar y los niños vulnerables

El camino para que un niño sea adoptado varía según las circunstancias. Dependerá de la situación del niño, de la familia adoptante y de los postulantes que haya en lista.

Claro que lograr el match entre padres e hijos que se adoptan es todo un arte. No hay apps ni algoritmos para eso. Jueces, asistentes sociales, empleados administrativos, normativas, informes, registros, niños de diferentes edades con historias de abandono y hasta abusos, y recursos tienen que confluir para ese encuentro único y particular.

Cuando la Justicia promueve la situación de adoptabilidad de un niño, y se determina, comienza la búsqueda de una familia adoptante. En ese momento, se solicita al RUA los legajos de las familias que se encuentran registradas para adoptar. Se selecciona y comienza el proceso de vinculación hacia la guarda preadoptiva y luego la adopción. Este proceso presenta algunos desafíos.

En el medio aparece Familias Solidarias, un organismo del Ejecutivo que ampara al menor por seis meses. Durante este periodo el programa debe hacer todas las diligencias necesarias para evaluar si corresponde o no que el niño deba permanecer en su familia de origen.

A partir de allí, se eleva un informe a la Justicia y es ésta la encargada de dictar el estado de adoptabilidad. No es algo de un día para el otro, está de más decir.

La titular del Juzgado de Familia Nº 1, Natalia Giunta contó el trabajo que le imprime las adopciones. De los 9500 expedientes que trabajó a lo largo del año pasado, siete corresponden a procesos de adoptabilidad y guardas preadoptivas.

A lo largo de la entrevista la magistrada explicó los diferentes casos que se presentan y el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, puede ser que una mamá manifieste su deseo de no maternar: “Desde que el bebé nace la mamá tiene 45 días para ratificar su voluntad de dar a su hijo en adopción o retractarse”.

“Diferente es cuando están en situación de vulnerabilidad. Nosotros tomamos noticia por alguna denuncia. Primero damos intervención a los distintos organismos del Estado como Familias Solidarias. Se produce el retiro del niño y el ingreso a la familia que haya sido dispuesta por el programa. Ahí se empieza a trabajar”, señaló.

En la intervención se los puede intimar a los progenitores a que hagan tratamiento psicológico, que asistan al área de fortalecimiento familiar u alguna otra medida que se disponga.

Una vez ingresado el niño a una familia solidaria se observan desde las cuestiones médicas, cómo viven la familia de origen y mucho más: “Surgen cuestiones importantes que no sabíamos porque los niños cuando ya están en un marco de protección con toda la tranquilidad y acompañados, es cuando empiezan a soltar cosas y a hablar”.

El punto en el que coinciden abogados que acompañan a las familias son los largos periodos de espera, más allá de también valorar el aspecto de la rigurosidad para que el niño sea abrazado de la mejor manera.

La letrada especialista en familia y niñez, Juliana Herrera hizo hincapié en este último punto: “Obviamente es un proceso muy complejo, en el cual siempre se toma en cuenta la integridad del niño. La mora judicial está dada por una multiplicidad de factores, no se soluciona de forma mágica”.

Lo mismo sucede con la opinión de la abogada Keyla González: “Es un sistema creado para garantizar los derechos de los niños que ingresan al mismo, por ello es tan lento y riguroso el proceso para las familias”.

“La traba principal es el tiempo, las entrevistas y el largo proceso que debe realizarse previo a conocer al niño/a o adolescente que potencialmente adoptarán, digo potencialmente porque pasan años para una familia inscripta en el RUA sea llamada y eso en la mayoría de los casos genera desmotivación, resignación”, sostuvo.

El contrapunto lo da la propia jueza Giunta. Considera que no son tiempos largos debido a que se trata de la vida y el futuro de los niños: “Quizás es más la ansiedad y el deseo de los adoptantes que la realidad. Es entendible. Son plazos legales, hay que cumplirlos, cada etapa tiene su sentido”.

“Los chicos vienen con una mochila, vienen con sus cuestiones, tienen que acomodarse y estos nuevos padres se van a encontrar en un nuevo rol que no conocían”, manifestó.

Un punto importante para comprender el sistema puntano es subrayar que San Luis no cuenta con instituciones físicas que resguarden a los chicos. No hay los llamados “orfanatos” que sí existen en provincias como Buenos Aires o Córdoba. Esto se debe a la desinstitucionalización efectuada hace dos décadas.

Todo está a cargo del juez. Es quien toma absolutamente todas las disposiciones respecto a los niños y adolescentes. Por ejemplo, si lo comparamos con Córdoba, el que dicta el estado de adoptabilidad es el organismo administrativo. Y el juez hace un control de legalidad de las medidas que adoptan.

Para Giunta, este sistema puede tener una contra y es la inmediatez con la que podrían acudir a los casos, pero más allá de eso, la actual ley permite un engranaje a favor del menor.

Para entender la labor de Familias Solidarias, se le consultó la labor y misión al jefe de la subdirección Protección de Niñez, Adolescencia y Familia, Leonardo Córica.

El organismo dependiente del ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno provincial cuenta con un equipo de acompañantes terapéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que, si bien mantienen su oficina en el Edificio Administrativo del centro, acuden a cada rincón de la provincia para asistir.

“Luego de que somos notificados por la Justicia y una vez llegado al domicilio, se analiza la situación y se corrobora qué sucede. Se empiezan indagar por los vecinos, los adultos del mismo hogar, miembros de la familia extensa. Somos citados porque hay una cuestión de vulnerabilidad, hay una cuestión de violencia, presunto o posible abuso, e incluso adicciones”, relató.

En la actualidad hay un total de 65 familias solidarias y 110 beneficiarios, divididos en niños, niñas y adolescentes; personas mayores y personas con discapacidad o con algún trastorno.

También son evaluados previamente y deben pasar por un filtro y una serie de exigencias. Además, de forma permanente, llaman a la ciudadanía a que se sumen.

“Una vez que ya estamos en pleno proceso de trabajo, tampoco descuidamos a los papás. Con diferentes medidas integrativas o integradoras tratamos de acercar ciertas alternativas para que ellos recapaciten y empiecen a cumplir la función paternal, que por ahí se logra y por ahí no”, advirtió.

Los convenios firmados con las familias se renuevan cada seis meses y, de manera mensual, el Estado aporta con $82 mil por cada niño que asista. Además, en el caso de que los progenitores cobraran algún plan social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), éste se le trasladará a la familia solidaria.

Los informes son elevados a la Justicia de manera periódica. Allí marcan la evolución del niño. En el caso de que se agoten las vías y que no sea factible la reinserción con sus padres o con familiares cercanos, solicitan que comience el proceso acompañado de una familia solidaria.

Otro aspecto que contempló es el relacionado al conflicto que se genera con menores con problemas con la ley y adictos a las drogas. Este es un cuadro desafiante para el organismo. Córica incluso recordó el caso de los delincuentes implicados en la muerte del oficial Diego Gatica.

“Estamos hablando de que, si bien son chicos jóvenes, todos sabemos el grado de adicción que hoy vive la sociedad. El grado de la droga por ahí penetra y es lo que nosotros tenemos combatir. Es uno de los principales agravantes con el que nos encontramos”, destacó.