“Detrás las situaciones de adoptabilidad hay hechos que, en muchos casos, son traumáticos”

El sistema de adopciones de San Luis, sus desafíos y coyunturas, fue abordado por la abogada especialista de familia, Juliana Herrera (matrícula N° 2885).

En declaraciones a El Chorrillero, hizo un análisis del cuadro actual para poder adoptar, el cambio de paradigma, la desinstitucionalización en la provincia, la actualidad de la Justicia y cómo son estudiados cada caso.

“Nunca tenemos que olvidar de que estamos hablando de que hay una vida de un niño detrás. Ellos llegan a una situación de adoptabilidad por hechos que son anormales y, en muchos casos, traumáticos. Puede suceder que la familia original se abstrae del niño, casos de renuncia, y escenarios más crudos como abusos y violencia”, sostuvo.

Antes de ahondar, hay que señalar algo. El sistema de adopciones puntano cuenta con una serie de eslabones que pretenden funcionar de manera sólida y está conformado por jueces, el programa del Ejecutivo, Familias Solidarias y el Registro Único de Adoptantes (RUA).

El primero en intervenir es la Justicia. Es ésta la que determina la situación de adoptabilidad de un niño. A partir de allí, se solicita al RUA los legajos de las familias que se encuentran registradas para adoptar. Se selecciona y comienza el proceso de vinculación hacia la guarda preadoptiva y luego la adopción.

En el medio aparece Familias Solidarias, un organismo del Ejecutivo que ampara al menor por seis meses. Durante este periodo el programa debe hacer todas las diligencias necesarias para evaluar si corresponde o no que el niño deba permanecer en su familia de origen.

A partir de allí, se eleva un informe a la Justicia y es ésta la encargada de dictar el estado de adoptabilidad. No es algo de un día para el otro, está de más decir.

“El foco que antes estaba sobre los padres, ahora está en el chico como los derechos la identidad, a la revisión y al contacto con sus orígenes. Hay un proceso donde la Justicia está acompañando y hay casos superlativos de amor, donde adoptan niños que saben perfectamente de dónde vienen, cuáles son sus orígenes y que han vivido una vida con otra familia”, dijo Herrera.

Un aspecto en el que se detuvo fue en el proceso para adoptar: “Siempre partimos que el niño tiene una base de trauma. Pero quizás esas evaluaciones toman demasiado tiempo, se estiran demasiado. Una cosa es la letra de la ley que establece plazos de horas, de días, pero que en la práctica suelen estirarse bastante como para lograr el resultado”.

“Obviamente es un proceso muy complejo, en el cual siempre se toma en cuenta la integridad del niño, su protección. Desde este punto también son compresible los plazos”, agregó.

Y precisó que la inversión de más recursos podría ser una salida para mejorar el sistema aún más: “Una solución sería más personal, espacios físicos, salas de audiencia. En este tipo de casos no se pueden escatimar los recursos, son niños, se gasta en el sueldo de una nueva persona, especialistas, capacitaciones, acceso multidisciplinario”.

También profundizó: “La realidad es que hay un problema muy grande de adicción en San Luis. La adicción trae violencia. Son familias y escenarios complejos. Ya tenés la dificultad de afrontar la situación del niño, o del padre, del adicto. Y a partir de allí trabajarlo socialmente”.