Keila González: “Es un proceso que en muchos casos genera desmotivación y resignación”

Los especialistas que se desempeñan en ámbitos judiciales de familias coinciden en que el actual sistema de adopciones de San Luis y del resto del territorio nacional cuenta con una serie de componentes complejos y desafiantes.

Uno de ellos es la abogada Keila González (matrícula N° 2921) que se detuvo en analizar el sistema, la cadena de adoptabilidad y por lo que deben atravesar lo chicos.

“Es un sistema que se ha creado para garantizar los derechos de los niños que ingresan, por ello es tan lento y riguroso el proceso para las familias que se inscriben en el RUA (Registro Único de Adoptantes). Conlleva no solo una simple inscripción, sino que el niño/a o adolescente tiene que encontrarse en una situación de adaptabilidad”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.

Un dato que aportó la letrada es que hay menos adopciones que años anteriores: “Es debido a la crisis que viene atravesando el país, hoy en día las estadísticas confirman la fuerte baja de natalidad no solo a nivel país sino también a nivel mundial y esto impacta en las familias que desean adoptar”.

Otra valoración que puso sobre la mesa son los plazos en el proceso, aunque también valoró el trabajo de la Justicia: “La traba principal es el tiempo, las entrevistas y el largo trámite que debe realizarse previo a conocer al niño que potencialmente adoptarán, digo potencialmente porque pasan años para que una familia inscripta en el RUA sea llamada”.

“En la mayoría de los casos genera desmotivación, resignación y la búsqueda para conformar una familia se inicia por otras vías que no son las legisladas por nuestro ordenamiento jurídico”, agregó.

Es que el proceso de adopción y la legislación pone al pequeño, que en muchas ocasiones pasó por una seria situación de vulnerabilidad, como prioridad de todo.

Cuando la Justicia promueve la situación de adoptabilidad, comienza la búsqueda de una familia adoptante. En ese momento, se solicita al RUA los legajos de las familias que se encuentran registradas para adoptar. Se selecciona y comienza el proceso de vinculación hacia la guarda preadoptiva y luego la adopción.

Antes debe intervenir el programa de Familias Solidarias, un organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo que ampara al menor por seis meses. Durante este periodo el programa debe hacer todas las diligencias necesarias para evaluar si corresponde o no que el niño deba permanecer en su familia de origen.

Más allá de esto, González resaltó cómo se protege la integridad psicofísica de los menores ya que “existe un grupo familiar capacitado y habilitado para ponerlo en resguardo por un tiempo, brindándole un hogar dónde se podrán satisfacer sus necesidades básicas e imprescindibles”.

Y por último mencionó una contra del actual sistema: “A pesar que nuestro Código de Procedimiento regula plazos cortos lamentablemente en la realidad el proceso es largo, pueden pasar dos años en los cuales el niño/a o adolescente se encuentra bajo el resguardo de la familia solidaria y esto afecta negativamente, ya que es una familia de tránsito pero el tiempo genera vínculos de afecto y en un ser que se encuentra vulnerable por sus vivencias previas genera un trauma difícil de superar cuando al fin llega el momento de que se concrete la adopción plena con otra familia distinta a la familia que le designó el sistema de Familias Solidarias”.