El Gobierno nacional prepara la venta de unos 400 inmuebles del Estado para recaudar hasta US$ 1000 millones
Por decretos se determinarán los terrenos “innecesarios” y habilitará su oferta. Las Fuerzas Armadas, universidades y ferrocarriles son los áreas que más bienes administran.
Entre las estrategias para engrosar las frágiles reservas del Banco Central, el Gobierno nacional planea rematar 372 inmuebles a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El organismo, que depende de jefatura de Gabinete, trabaja en el texto de un decreto para habilitar la subasta y venta directa en el caso de que corresponda de un compendio de terrenos fiscales y propiedades del estado, con el objetivo de recaudar así más de US$ mil millones.
Fuentes gubernamentales de la AABE indicaron que a pesar del número preciso del que se habla puertas adentro del Ejecutivo no hay claridad sobre cuáles son los terrenos en cuestión ni dónde están ubicados. Las fuentes confirman la intención del gobierno de desprenderse de propiedades pero que por ahora está en estudio, pueden variar y la oferta final demorar hasta 90 días. Antes de llegar al escritorio del presidente Javier Milei, el texto pasaría por el área de Legal y Técnica de la Agencia y la jefatura de Gabinete, según publicó Clarín.
Este organismo controla 5171 inmuebles, de los 45.323 que el Estado tiene registrados bajó la órbita del Poder Ejecutivo entre ministerios, organismos descentralizados y fuerzas de Defensa y Seguridad en todo el país.
Las Fuerzas Armadas y universidades nacionales son los principales administradores de bienes del Estado y con ambos sectores el gobierno ya chocó por las partidas presupuestarias. En tercer lugar está Ferrocarriles, aunque igual perdió muchísimas propiedades en las últimas décadas. Estas áreas serían las apuntadas para la venta de los inmuebles.
En el gobierno también apuntan a los terrenos “ociosos”, aunque funcionarios del organismo administrador destacaron que no son tantos los terrenos sin un fin verdadero.
El viernes pasado, el presidente y jefe de Gabinete Guillermo Francos firmaron el decreto 636/2024 que la da la AABE la potestad de fiscalizar la documentación de quien utilice un bien mueble o inmueble del Estado y de ingresar a propiedades para inspeccionar las o recurrir a la fuerza pública si no lo habilitarán. Esta norma también reordena los criterios que debe seguir el área para comprar o vender propiedades en Argentina y el extranjero.
Hay dos artículos que brindan pistas sobre los terrenos que el Estado buscará vender. El artículo 27 obliga a los jefes de los organismos a declarar “innecesarios” los terrenos o propiedades que no se utilicen, mientras que el artículo 28 brinda los criterios para la presunción de innecesariedad.
Se incluyen terrenos arrendados o concedidos en custodia a terceros, como los que explotan en comodato cooperativas de organizaciones sociales. A su vez suman terrenos ocupados. El decreto también exige la firma de convenios con las 24 provincias para que éstas trasladen al Estado nacional terrenos fiscales donde estén edificados barrios populares como paso previo para su transferencia a las familias.
Estas nuevas normas de la AABE no permiten que el Estado utilice sus bienes como forma de pago o compensación a las provincias, una herramienta incorporada por Mauricio Macria y fue derogada por Alberto Fernández. En el primer gobierno hubo 71 ventas, mientras que en el segundo apenas 5.
El gobierno de Milei se ilusionaba en un principio con lograr una venta de inmuebles mayor, que dejara ganancias por US$8 mil millones. Además de IMPSA, tienen en la mira la venta de Correo Argentina, Tandanor y la concesión de Corredores Viales.